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El Consorcio contratará una empresa para las demoliciones |
(Menorca, 3/12/2007)
Seis o siete propietarios ya han sido instados a la restitución de los terrenos en rústico sobre los cuales han edificado careciendo la licencia de obras
O.R.P. Maó
El Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico contratará a una empresa externa para que ejecute la demolición de las obras ilegales detectadas hasta la fecha. Con esta decisión se pretende, por un lado, dar facilidades al propietario para que pueda contar con un equipo especializado y, por el otro, acometer aquellas actuaciones en las que el sancionado se oponga a derruir la construcción ilegal. El Consorcio espera poder empezar a intervenir sobre los primeros seis o siete inmuebles en situación irregular entre marzo y septiembre de 2008.
El proceso de contratación de esta empresa aún está por decidir. “Debemos estudiar cuál es la mejor fórmula, si mediante un ente público o uno externo pero, de todos modos, la resolución será, muy posiblemente, por concurso público”, detalla el presidente del Consorcio, Marc Pons. Sin embargo, está ya definido el momento en que esta entidad debería empezar a actuar: marzo de 2008.
La elección de la fecha no es casual. El Consorcio ya ha advertido a un primer grupo de propietarios, seis o siete, sobre la obligatoriedad de restituir los terrenos sobre los que han alzado algún tipo de construcción ilegal. Con esta notificación en las manos, tendrían un plazo aproximado de tres meses para hacer efectiva la sentencia. Esto es hasta marzo del próximo año. Sin embargo, estos periodos de tiempo también corren el riesgo de alargarse. “Todo dependerá de las facilidades que nos pongan los propietarios afectados; si surgen complicaciones deberemos empezar a trabajar a partir de septiembre de 2008”, matiza Marc Pons. De estas declaraciones se desprende que cada afectado podrá optar por afrontar la restitución por su propia cuenta o a través de los medios que se pongan a su disposición dentro del margen de tiempo estipulado. De lo contrario, el Consorcio actuará de oficio.
Sin querer entrar en muchos detalles, esta primera actuación se dirigirá a las edificaciones de mayor envergadura, “las más representativas, como puede ser alguna vivienda entera”, detalla Pons. El Consorcio ha fallado en contra de unos 30 expedientes, sobre más de un centenar analizados. Todos los casos se refieren a inmuebles de reciente construcción, un par de años a lo sumo.
Además de la restitución de los terrenos afectados, los infractores deberán abonar una sanción acorde con la magnitud de los trabajos. Este importe oscilará entre el cincuenta y el cien por cien del coste de ejecución de las obras, en los casos en que se pruebe la ilegalidad de las mismas. En caso de que puedan ser legalizadas, los afectados sólo deberán abonar el cinco por ciento.
De las 30 resoluciones de restitución aprobadas por el Consell y los ayuntamientos, la mayoría afectan a pequeñas ampliaciones de volumen. Sin embargo también las hay referentes a construcciones de nueva planta de uso residencial, casas de hortales o movimientos de tierra.
Sobre su ubicación, el Consorcio no ha querido dar muchas pistas más allá de que algunas “se encuentran en parajes de especial relevancia paisajística” o que “afectan a los siete municipios que componen el ente”.
Seis o siete propietarios ya han sido instados a la restitución de los terrenos en rústico sobre los cuales han edificado careciendo la licencia de obras
O.R.P. Maó
El Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico contratará a una empresa externa para que ejecute la demolición de las obras ilegales detectadas hasta la fecha. Con esta decisión se pretende, por un lado, dar facilidades al propietario para que pueda contar con un equipo especializado y, por el otro, acometer aquellas actuaciones en las que el sancionado se oponga a derruir la construcción ilegal. El Consorcio espera poder empezar a intervenir sobre los primeros seis o siete inmuebles en situación irregular entre marzo y septiembre de 2008.
El proceso de contratación de esta empresa aún está por decidir. “Debemos estudiar cuál es la mejor fórmula, si mediante un ente público o uno externo pero, de todos modos, la resolución será, muy posiblemente, por concurso público”, detalla el presidente del Consorcio, Marc Pons. Sin embargo, está ya definido el momento en que esta entidad debería empezar a actuar: marzo de 2008.
La elección de la fecha no es casual. El Consorcio ya ha advertido a un primer grupo de propietarios, seis o siete, sobre la obligatoriedad de restituir los terrenos sobre los que han alzado algún tipo de construcción ilegal. Con esta notificación en las manos, tendrían un plazo aproximado de tres meses para hacer efectiva la sentencia. Esto es hasta marzo del próximo año. Sin embargo, estos periodos de tiempo también corren el riesgo de alargarse. “Todo dependerá de las facilidades que nos pongan los propietarios afectados; si surgen complicaciones deberemos empezar a trabajar a partir de septiembre de 2008”, matiza Marc Pons. De estas declaraciones se desprende que cada afectado podrá optar por afrontar la restitución por su propia cuenta o a través de los medios que se pongan a su disposición dentro del margen de tiempo estipulado. De lo contrario, el Consorcio actuará de oficio.
Sin querer entrar en muchos detalles, esta primera actuación se dirigirá a las edificaciones de mayor envergadura, “las más representativas, como puede ser alguna vivienda entera”, detalla Pons. El Consorcio ha fallado en contra de unos 30 expedientes, sobre más de un centenar analizados. Todos los casos se refieren a inmuebles de reciente construcción, un par de años a lo sumo.
Además de la restitución de los terrenos afectados, los infractores deberán abonar una sanción acorde con la magnitud de los trabajos. Este importe oscilará entre el cincuenta y el cien por cien del coste de ejecución de las obras, en los casos en que se pruebe la ilegalidad de las mismas. En caso de que puedan ser legalizadas, los afectados sólo deberán abonar el cinco por ciento.
De las 30 resoluciones de restitución aprobadas por el Consell y los ayuntamientos, la mayoría afectan a pequeñas ampliaciones de volumen. Sin embargo también las hay referentes a construcciones de nueva planta de uso residencial, casas de hortales o movimientos de tierra.
Sobre su ubicación, el Consorcio no ha querido dar muchas pistas más allá de que algunas “se encuentran en parajes de especial relevancia paisajística” o que “afectan a los siete municipios que componen el ente”.
Secretismo para evitar la morbosidad
Una de las cosas que más en secreto guarda el Consorcio de Disciplina Urbanística en Suelo Rústico es la localización exacta de las construcciones ilegalizadas. Más allá de que se encuentran repartidas por los siete municipios qu e componen la entidad (Ciutadella permanece fuera por decisión propia) nada más se dice. El presidente del Consorcio, Marc Pons, elude esta información atendiendo a la voluntad de “evitar la morbosidad que puede suscitar entre los vecinos el tener cerca una vivienda ilegal”.
Pons clarifica que la función del Consorcio es, ante todo, pedagógica y rehuye todo protagonismo sancionador. “Es evidente que las normas hay que acatarlas y que quien no lo hace sea sancionado, pero no queremos darle especial publicidad porque detrás de cada caso hay una historia personal a la que no queremos afectar”.
Por ello cabe también la prudencia en cada uno de los pasos a seguir. “Debemos seguir todas las pautas para no caer en equivocaciones fruto de la precipitación”, recalca.