(Diario de Ibiza, 19/10/2007)

Una nueva resolución judicial entierra casi definitivamente las mínimas posibilidades que restaban para salvar la mansión de Cretu en Santa Agnès, cuya demolición debe ejecutarse por orden judicial antes de noviembre del año que viene. La juez ha desestimado la prueba solicitada por la defensa de Cretu en el recurso contra la denegación, por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni, del intento de legalización de la vivienda al amparo de la llamada amnistía Cretu aprobada por el PP la pasada legislatura, al entender que «esta cuestión ya está juzgada». El Consistorio ya ha encargado a su aparejador la redacción del proyecto de demolición.

EIVISSA | EUGEJNIO RODRÍGUEZ La magistrada del juzgado de lo Contencioso administrativo número 1 de Palma, Carmen Frígola, ha dictado un nuevo auto sobre el `caso Cretu´ en el que desestima la prueba solicitada por la propiedad de la mansión de Santa Agnès en el recurso presentado en contra de la denegación, por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni, de la legalización del inmueble al amparo de la disposición incluida en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Comunitat de 2004, conocida como `amnistía Cretu´.

La juez apunta en esta resolución que no ha lugar a practicar dicha prueba (la comprobación de que la vivienda cumple los parámetros de la `amnistía´: se encuentra fuera de la franja de los 250 metros de la costa y entre la cota 200 y 250 metros, entre otros) porque esta cuestión «ya está juzgada». De todos modos, tal y como apunta el alcalde de Sant Antoni, José Sala, el juzgado desestima la práctica de la prueba solicitada por la parte demandante, pero aún falta la resolución definitiva.

Sin esperanzas

En todo caso, Sala admite que «hace tiempo» que ya no tiene ninguna esperanza en que se pueda salvar la mansión. De hecho, el Consistorio ya ha encargado al aparejador municipal la redacción del proyecto de demolición. En este momento, el aparejador está redactando un informe sobre la inspección que realizó en la vivienda y el grado de cumplimiento de los parámetros de la licencia de obra. «No tenemos otro remedio que demoler la vivienda en el plazo fijado [antes de noviembre de 2008], siempre y cuando no aparezca otra resolución que diga lo contrario», explica el alcalde.

El abogado del músico Michel Cretú solicitó en diciembre de 2003 la suspensión de la ejecución de la sentencia de demolición de la vivienda para acogerse a la controvertida norma que había aprobado el PP en el Parlament balear. Sin embargo, la juez del juzgado de lo Contencioso número 1 no sólo denegó dicha suspensión, sino que también indicó que dicha norma no era suficiente para legalizar la mansión. Cretu y el Ayuntamiento de Sant Antoni recurrieron esta resolución, pero el Tribunal Superior de Justicia de Balears lo desestimó, cerrando, además, las puertas a que pudiera resolverlo el Tribunal Supremo en última instancia.

Ante este panorama, el Ayuntamiento de Sant Antoni se vio forzado a bajar los brazos y a denegar la legalización de la vivienda al amparo de la `amnistía´ del PP. Cretu recurrió y, en dicho contencioso, solicitó la práctica de la prueba que ahora la magistrada-juez ha denegado alegando que «la cosa está juzgada», lo cual, según los ecologistas del GEN, deja claro el sentido de la resolución definitiva.

Sala: «Nuestra guerra se ha acabado»

El alcalde de Sant Antoni, José Sala, asegura que, en vista de las resoluciones judiciales, el Consistorio actúa desde hace un tiempo en otra línea. «Nuestra guerra se ha acabado. Estamos a lo que diga el juzgado», apunta Sala, que recuerda que el Consistorio está trabajando en el proyecto de demolición de la vivienda, puesto que está obligado por orden judicial a ejecutar la sentencia de derribo de la mansión antes de noviembre del año que viene. El alcalde discrepa de la última resolución judicial porque entiende que se ha juzgado la cuestión sin ver siquiera el proyecto de legalización redactado por la propiedad: «La juez entró en si la vivienda era legalizable o no sin ver el proyecto, cuando sólo se le pedía la suspensión de la ejecución de la sentencia». | e. r.

La polémica norma del PP se quedó a medias

EIVISSA | E. R. La polémica disposición adicional 18 de la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de la Comunitat de 2004 aprobada por el PP para resolver los problemas legales de la mansión de Cretu se quedó a medias. Dicha norma establece que las viviendas unifamiliares aisladas existentes en el área de protección territorial de la costa pueden ser legalizadas si cumplen los siguientes requisitos: no esté dentro de la franja de los 250 metros (la de Cretu está a 450 metros), que se sitúe entre la cota 200 y 250 metros (223 la de Cretu), que no se ubique en un área específica de es Amunts y que, junto a la solicitud de legalización, se presente un proyecto de restauración paisajística para reducir su impacto, así como un aval para garantizar su ejecución.

En su resolución judicial, la juez señalaba que la mansión de Cretu cumple estos parámetros, pero que, además, se levanta sobre una cima, incumpliendo así los artículos 11.1 y 16 de la Ley de Espacios Naturales (LEN), circunstancia que no se había tenido cuenta en la redacción de la norma de `amnistía´. Así, la juez indicaba incluso que para salvar la mansión de Cretu, la ley debería haber expresado que podían legalizarse aquellas viviendas que cumplieran las concidiones apuntadas «cualquiera que fuera su emplazamiento».

De todos modos, el Govern ya ha anunciado, además, que retirará dicha norma del ordenamiento jurídico. El nuevo gobierno del Consell apunta, además, que en tres años sólo una o dos viviendas han solicitado su legalización al amparo de dicha norma cuando el PP defendía que muchos propietarios se podrían beneficiar de ella.