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Andratx: la Fiscalía pide seis años de cárcel para Eugenio Hidalgo por hacerse un chalé en zona protegida |
(El Mundo, 26/09/2007)
El ministerio público solicita la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Andratx, Jaume Massot, Jaume Gibert y José Ignacio Mir - También reclama la demolición de la vivienda y fianzas de 90.000 euros
PALMA.- La Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha solicitado la apertura de juicio oral, una pena de 6 años de cárcel, 6 años de inhabilitación para desempeñar cargo público y una multa de 60.000 euros al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo por construirse una vivienda unifamiliar aislada en una zona rústica protegida.
El ministerio público solicita también la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma contra Jaume Massot, jefe del área de Urbanismo de Andratx y ex director general de Ordenación del Territorio; José Ignacio Mir, letrado asesor de la Corporación municipal; y Jaume Gibert, inspector municipal de obras, por «idear, planificar y ejecutar» las acciones que permitieron la construcción de la referida vivienda en el municipio de Andratx.
En su escrito, el fiscal Juan Carrau pide las siguientes penas: Jaume Massot, 2 años de prisión e inhabilitación de cargo público por un tiempo de 10 años; José Ignacio Mir, 1 año de prisión e inhabilitación de cargo público durante 10 años; y Jaume Gibert, 6 años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargo público durante 6 años.
Los delitos descritos incluyen falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística e infracción contra la ordenación del territorio. La Fiscalía considera que Hidalgo incurrió en los tres, Jaume Massot y José Ignacio Mir en prevaricación urbanística y a Jaume Gibert le imputa sendos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio.
Esta causa es una de las piezas del caso Andratx, donde se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en este municipio mallorquín, lo que motivó la detención y posterior dimisión del alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo en noviembre de 2006.
El fiscal solicita sendas fianzas de 90.000 euros para Hidalgo y Gibert, así como la demolición del chalé construido por el ex alcalde y la recuperación original de esta parcela.
En el escrito de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción se explica que los hechos sucedieron entre finales de 2002 y principios de 2003.
La situación de la parcela de 3.035 metros cuadrados de extensión en un área de especial protección «hacía inviable legalmente la obtención de licencia municipal para la ejecución de tales obras», asegura el fiscal.
«Dado el nivel de protección legal vigente y su superficie era imposible, legalmente, autorizar la construcción de una vivienda unifamiliar aislada puesto que con anterioridad únicamente existía una alberca y una pequeña caseta de herramientas y aperos», se lee en el escrito del fiscal, fechado el 6 de septiembre.
Carrau asegura que Hidalgo solicitó el 14 de febrero de 2003 al Ayuntamiento de Andratx una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente, así como para la construcción de una nave agrícola.
«Todo ello -señala la Fiscalía- con la finalidad de dar una cobertura y apariencia de legalidad para la construcción de la vivienda unifamiliar prohibida por disposición legal».
El 5 de mayo de 2003, el celador municipal Jaume Gibert, «aleccionado y convencido» por Hidalgo, emitió una certificación donde afirmaba «falsamente» que existía un almacén agrícola y que tenía una antigüedad superior a los 50 años.
«Siguiendo con el plan preestablecido», el 6 de mayo de 2003 Jaume Massot, como jefe del área de Urbanismo, emitió un informe favorable a la licencia de ampliación solicitada. Pese a que Massot «conocía plenamente» que la licencia solicitada «contradecía frontalmente» las normas legales aplicables y que la solicitud omitía informes preceptivos e ineludibles, informó de manera favorable sobre este proyecto del entonces alcalde.
Ese mismo día, el letrado asesor José Ignacio Mir emitió el preceptivo informe jurídico favorable, si bien conocía sobradamente la «inexistencia» de almacén agrícola anterior y la falta de supuestos reales y legales para poder informar favorablemente la licencia.
El entonces alcalde y promotor urbanístico Eugenio Hidalgo, al amparo de dicha licencia, se construyó una vivienda unifamiliar de nueva planta y un edificio destinado a cuadras. El acusado Gibert, prosigue el fiscal, «pese a que desde su propio lugar de trabajo en el Ayuntamiento de Andratx divisaba perfectamente que la construcción realizada no se ajustaba a la licencia concedida, no realizó acto alguno tendente a impedir la edificación de la vivienda ilegal, omitiendo su obligación legal de perseguir obras ilegales».
El ministerio público solicita la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Andratx, Jaume Massot, Jaume Gibert y José Ignacio Mir - También reclama la demolición de la vivienda y fianzas de 90.000 euros
PALMA.- La Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha solicitado la apertura de juicio oral, una pena de 6 años de cárcel, 6 años de inhabilitación para desempeñar cargo público y una multa de 60.000 euros al ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo por construirse una vivienda unifamiliar aislada en una zona rústica protegida.
El ministerio público solicita también la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Palma contra Jaume Massot, jefe del área de Urbanismo de Andratx y ex director general de Ordenación del Territorio; José Ignacio Mir, letrado asesor de la Corporación municipal; y Jaume Gibert, inspector municipal de obras, por «idear, planificar y ejecutar» las acciones que permitieron la construcción de la referida vivienda en el municipio de Andratx.
En su escrito, el fiscal Juan Carrau pide las siguientes penas: Jaume Massot, 2 años de prisión e inhabilitación de cargo público por un tiempo de 10 años; José Ignacio Mir, 1 año de prisión e inhabilitación de cargo público durante 10 años; y Jaume Gibert, 6 años de prisión e inhabilitación para desempeñar cargo público durante 6 años.
Los delitos descritos incluyen falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística e infracción contra la ordenación del territorio. La Fiscalía considera que Hidalgo incurrió en los tres, Jaume Massot y José Ignacio Mir en prevaricación urbanística y a Jaume Gibert le imputa sendos delitos de falsedad y contra la ordenación del territorio.
Esta causa es una de las piezas del caso Andratx, donde se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en este municipio mallorquín, lo que motivó la detención y posterior dimisión del alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo en noviembre de 2006.
El fiscal solicita sendas fianzas de 90.000 euros para Hidalgo y Gibert, así como la demolición del chalé construido por el ex alcalde y la recuperación original de esta parcela.
En el escrito de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción se explica que los hechos sucedieron entre finales de 2002 y principios de 2003.
La situación de la parcela de 3.035 metros cuadrados de extensión en un área de especial protección «hacía inviable legalmente la obtención de licencia municipal para la ejecución de tales obras», asegura el fiscal.
«Dado el nivel de protección legal vigente y su superficie era imposible, legalmente, autorizar la construcción de una vivienda unifamiliar aislada puesto que con anterioridad únicamente existía una alberca y una pequeña caseta de herramientas y aperos», se lee en el escrito del fiscal, fechado el 6 de septiembre.
Carrau asegura que Hidalgo solicitó el 14 de febrero de 2003 al Ayuntamiento de Andratx una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente, así como para la construcción de una nave agrícola.
«Todo ello -señala la Fiscalía- con la finalidad de dar una cobertura y apariencia de legalidad para la construcción de la vivienda unifamiliar prohibida por disposición legal».
El 5 de mayo de 2003, el celador municipal Jaume Gibert, «aleccionado y convencido» por Hidalgo, emitió una certificación donde afirmaba «falsamente» que existía un almacén agrícola y que tenía una antigüedad superior a los 50 años.
«Siguiendo con el plan preestablecido», el 6 de mayo de 2003 Jaume Massot, como jefe del área de Urbanismo, emitió un informe favorable a la licencia de ampliación solicitada. Pese a que Massot «conocía plenamente» que la licencia solicitada «contradecía frontalmente» las normas legales aplicables y que la solicitud omitía informes preceptivos e ineludibles, informó de manera favorable sobre este proyecto del entonces alcalde.
Ese mismo día, el letrado asesor José Ignacio Mir emitió el preceptivo informe jurídico favorable, si bien conocía sobradamente la «inexistencia» de almacén agrícola anterior y la falta de supuestos reales y legales para poder informar favorablemente la licencia.
El entonces alcalde y promotor urbanístico Eugenio Hidalgo, al amparo de dicha licencia, se construyó una vivienda unifamiliar de nueva planta y un edificio destinado a cuadras. El acusado Gibert, prosigue el fiscal, «pese a que desde su propio lugar de trabajo en el Ayuntamiento de Andratx divisaba perfectamente que la construcción realizada no se ajustaba a la licencia concedida, no realizó acto alguno tendente a impedir la edificación de la vivienda ilegal, omitiendo su obligación legal de perseguir obras ilegales».
El ex edil negó su intervención en la concesión de una licencia ilegal en Andratx
El ex alcalde de Andratx Eugenio Hidalgo declaró ayer como imputado -por segunda vez en una semana- en la causa que instruye el titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma por una supuesta corrupción urbanística en ese municipio mallorquín.
Hidalgo negó ayer «intervención alguna» en la concesión de una licencia de obra menor para la vivienda de un particular residente en la localidad mallorquina ya que, según explicó su abogado, Rafael Perera, el teniente alcalde de urbanismo en aquel entonces, Epifanio Méndez, era quien tenía delegada la función para conceder licencias menores. En declaraciones a los medios de comunicación, el letrado de Hidalgo aseguró que la de ayer fue una declaración «corta», en la que su cliente aseguró desconocer la construcción que se había levantado en la parcela sobre la que fue interrogado -polígono cuatro, parcela 136-, asegurando que «no tuvo intervención en el tema».
Según Perera, las firmas de Hidalgo que aparecen en el expediente «son firmas en las que se transcriben informes de técnicos del celador municipal y del arquitecto», en las que se da el visto bueno a los certificados. «Por lo demás, él no ha tenido intervención alguna en la concesión de la licencia de obra menor que fue solicitada y concedida» sostuvo el letrado.
A este respecto, el abogado destacó que Hidalgo sí tuvo una intervención directa en la firma de un acuerdo de denegación de la legalización de las obras que pedía el dueño de la vivienda. «El dueño solicitó que se legalizasen las obras realizadas, se tramitó en el Ayuntamiento y se acordó denegar la legalización» aseguró Perera.
Así, el abogado manifestó que el acuerdo de denegación de la legalización es el que obra en el expediente por el que ayer su defendido fue preguntado. La comparecencia se celebró ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 12, Álvaro Latorre, y el fiscal Joan Carrau.