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Campos: el Consistorio deja de pleitear por los 68 apartamentos de Ses Covetes tras 13 años |
(El Mundo, 1/09/2007)
El gobierno local (UM-CpC) aprueba por Pleno retirar dos recursos Avala su decisión con informes jurídicos El PP se abstiene y sigue manteniendo que la licencia de obras se concedió correctamente
P. NICOLAU
CAMPOS.- El equipo de gobierno de Campos (UM-CpC) aprobó en el Pleno extraordinario del jueves, con la abstención del PP, retirar los dos recursos de casación que el anterior mandato popular había presentado ante el Tribunal Supremo en defensa de los 68 apartamentos de Ses Covetes.
Uno de ellos hace referencia al fallo más reciente, de 29 de mayo de 2007, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) declaraba nula la licencia de obra que el Consistorio otorgó en 1992 para la edificación de estos inmuebles, estimando así el recurso del GOB y del PSM. En este caso, explicaron que desde el Ayuntamiento se anunció al Supremo que se presentaría un recurso de casación que debía ratificarse este mes de septiembre, pero al final no se interpondrá.
El segundo impugnaba la resolución judicial de julio de 2006 en la que el TSJB desestimaba los recursos interpuestos por el Ayuntamiento y la empresa promotora Marina Ernst S.L contra el Consell de Mallorca por el acuerdo de 1994, que anulaba la clasificación de suelo urbano de Ses Covetes (donde se construían los apartamentos) confirmando que dichos terrenos no son urbanos. Entonces, la Administración local interpuso un recurso contra este fallo ante el Supremo.
En una sala de plenos con el aforo completo -entre el público, el senador autonómico Pere Sampol y el portavoz del GOB, Miquel Àngel March-, este punto del orden del día originó un tenso debate entre el equipo de gobierno y la oposición.
«Un paso importante»
El regidor Guillem Vidal explicó que a pesar de que el Consistorio se «apea» y deja de ser parte en el proceso, éste «no acaba aquí». Además, añadió que «queremos mantener nuestra coherencia», ya que desde los inicios se posicionaron en contra de los inmuebles y de recurrir, recordando que todas las sentencias han sido desfavorables al Ayuntamiento. Sin embargo, para tomar esta decisión se solicitó un informe jurídico en relación a cada caso. De éste se desprende que los recursos no tenían perspectivas de prosperar.
Por su parte, Margalida Ginard (PP) aseguró que «nuestro deseo es que estos terrenos vuelvan a su estado inicial pero sin que le cueste un duro al pueblo» sosteniendo que la licencia de obra «se concedió bien». De hecho, dijo que su partido (en coalición con Convergència Campanera) se abstendría porque estaba a favor de la retirada de los pleitos pero insistiendo en que el permiso, en su día, se dio correctamente.
La portavoz popular también apeló a una cuestión de «formas», denunciando que miembros del equipo de gobierno habían vulnerado el artículo 72 de la Ley de Régimen Local 20/2006 que hace referencia a la confidencialidad de los informes «y estos días antes de la sesión se ha hablado con los medios». El alcalde, Guillem Ginard, negó tajantemente que se hubiera incumplido la ley.
Ahondando en la retirada de los recursos, el alcalde y Vidal afirmaron que «no cuesta nada retirarse», aunque reiteraron que «esto no acaba aquí, faltan las otras partes». Finalmente, se acordó con ocho votos a favor (UM-CpC) y las cinco abstenciones de PP-CC.
Tras el Pleno, el portavoz ecologista recalcó que esta decisión es «un paso simbólico importante. No se entendía que el Ayuntamiento estuviera poniendo recursos» y comentó que a pesar de la retirada de una de las partes, la promotora sigue adelante, ya que, al menos, mantiene puesto uno de los recursos.
En cuanto al coste que conllevaba para las arcas municipales continuar litigando pese a los sucesivos varapalos, Vidal desveló que de 1998 a la actualidad había supuesto un gasto que supera los 300.000 euros entre abogados, procuradores, peritajes, etcétera. El edil explicó que a día de hoy existía un «baile de cifras» y que, por ello, tras acceder al gobierno local solicitaron un informe a Intervención. De esta cantidad ya se han abonado 168.000 euros y el resto está pendiente de pago. No obstante, matizó que todavía queda por conocer la cuantía entre 1994 y 1998.
El gobierno local (UM-CpC) aprueba por Pleno retirar dos recursos Avala su decisión con informes jurídicos El PP se abstiene y sigue manteniendo que la licencia de obras se concedió correctamente
P. NICOLAU
CAMPOS.- El equipo de gobierno de Campos (UM-CpC) aprobó en el Pleno extraordinario del jueves, con la abstención del PP, retirar los dos recursos de casación que el anterior mandato popular había presentado ante el Tribunal Supremo en defensa de los 68 apartamentos de Ses Covetes.
Uno de ellos hace referencia al fallo más reciente, de 29 de mayo de 2007, en el que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) declaraba nula la licencia de obra que el Consistorio otorgó en 1992 para la edificación de estos inmuebles, estimando así el recurso del GOB y del PSM. En este caso, explicaron que desde el Ayuntamiento se anunció al Supremo que se presentaría un recurso de casación que debía ratificarse este mes de septiembre, pero al final no se interpondrá.
El segundo impugnaba la resolución judicial de julio de 2006 en la que el TSJB desestimaba los recursos interpuestos por el Ayuntamiento y la empresa promotora Marina Ernst S.L contra el Consell de Mallorca por el acuerdo de 1994, que anulaba la clasificación de suelo urbano de Ses Covetes (donde se construían los apartamentos) confirmando que dichos terrenos no son urbanos. Entonces, la Administración local interpuso un recurso contra este fallo ante el Supremo.
En una sala de plenos con el aforo completo -entre el público, el senador autonómico Pere Sampol y el portavoz del GOB, Miquel Àngel March-, este punto del orden del día originó un tenso debate entre el equipo de gobierno y la oposición.
«Un paso importante»
El regidor Guillem Vidal explicó que a pesar de que el Consistorio se «apea» y deja de ser parte en el proceso, éste «no acaba aquí». Además, añadió que «queremos mantener nuestra coherencia», ya que desde los inicios se posicionaron en contra de los inmuebles y de recurrir, recordando que todas las sentencias han sido desfavorables al Ayuntamiento. Sin embargo, para tomar esta decisión se solicitó un informe jurídico en relación a cada caso. De éste se desprende que los recursos no tenían perspectivas de prosperar.
Por su parte, Margalida Ginard (PP) aseguró que «nuestro deseo es que estos terrenos vuelvan a su estado inicial pero sin que le cueste un duro al pueblo» sosteniendo que la licencia de obra «se concedió bien». De hecho, dijo que su partido (en coalición con Convergència Campanera) se abstendría porque estaba a favor de la retirada de los pleitos pero insistiendo en que el permiso, en su día, se dio correctamente.
La portavoz popular también apeló a una cuestión de «formas», denunciando que miembros del equipo de gobierno habían vulnerado el artículo 72 de la Ley de Régimen Local 20/2006 que hace referencia a la confidencialidad de los informes «y estos días antes de la sesión se ha hablado con los medios». El alcalde, Guillem Ginard, negó tajantemente que se hubiera incumplido la ley.
Ahondando en la retirada de los recursos, el alcalde y Vidal afirmaron que «no cuesta nada retirarse», aunque reiteraron que «esto no acaba aquí, faltan las otras partes». Finalmente, se acordó con ocho votos a favor (UM-CpC) y las cinco abstenciones de PP-CC.
Tras el Pleno, el portavoz ecologista recalcó que esta decisión es «un paso simbólico importante. No se entendía que el Ayuntamiento estuviera poniendo recursos» y comentó que a pesar de la retirada de una de las partes, la promotora sigue adelante, ya que, al menos, mantiene puesto uno de los recursos.
En cuanto al coste que conllevaba para las arcas municipales continuar litigando pese a los sucesivos varapalos, Vidal desveló que de 1998 a la actualidad había supuesto un gasto que supera los 300.000 euros entre abogados, procuradores, peritajes, etcétera. El edil explicó que a día de hoy existía un «baile de cifras» y que, por ello, tras acceder al gobierno local solicitaron un informe a Intervención. De esta cantidad ya se han abonado 168.000 euros y el resto está pendiente de pago. No obstante, matizó que todavía queda por conocer la cuantía entre 1994 y 1998.
Cronología de un conflicto que ya acumula 16 sentencias
El conflicto por los 68 apartamentos de Ses Covetes se remonta a 13 años atrás. Con el último fallo, 29 de mayo, se elevan a 16 las resoluciones judiciales (sentencias y autos) dictaminadas por los tribunales entre 1995 y 2007 y todas han ido siempre en la misma línea: «confirman la ilegalidad de los apartamentos y la protección de la zona».
- 1992. El Ayuntamiento concede la licencia de obra.
- 1994. Comienzan las obras, mientras el Consistorio desestima el recurso del GOB y del PSM, que pedían la anulación de la licencia.
- 1995. Las obras se paralizan por resolución de los tribunales. Y la Administración local recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) y luego ante el Tribunal Supremo (TS) dicha suspensión. Este año, también recurre ante el TSJB el acuerdo del Consell de Mallorca, que modifica las Normas Subsidiarias y anula la clasificación de suelo urbano de una parte de Ses Covetes.
- 1996. El Ayuntamiento recurre ante el TSJB y el TS la no suspensión de la anulación de la modificación de las Normas Subsidiarias de Campos.
- 1998. El Consistorio impugna ante el TS la sentencia del TSJB que acepta el recurso del GOB y del PSM sobre el permiso de obra. En la misma época recurre ante la Audiencia Nacional el Orden Ministerial que crea una franja de protección de 100 metros y que hace inviable las edificiaciones.
- 2000. La Administración local desestima el recurso del GOB y del PSM que solicitaba de nuevo la anulación de la licencia.
- 2002. El Ayuntamiento presenta recurso ante el TS contra la sentencia de la Audiencia Nacional, que desestimaba su pretensión de anular el deslinde que protegía la zona.
- 2006. Interpone un recurso ante el Supremo contra el fallo del TSJB que consideraba que los terrenos de Ses Covetes no son urbanos.
- 2007- El TSJB anula el permiso de obra estimando así el recurso del GOB y del PSM. Y anteayer el Consistorio decidió apearse del proceso.