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Es Mercadal: detectado un vial ilegal en suelo rústico |
(Menorca, 14/07/2007)
El Consorcio ha abierto un expediente, paralizado las obras y prohibido su uso
M.J.F.Maó.
El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha abierto un expediente de disciplina urbanística a la empresa responsable de la apertura, sin licencia municipal y sobre suelo rústico, de un camino en el kilómetro 2,7 de la carretera que une Es Mercadal y Fornells, ha ordenado la paralización de los trabajos y ha prohibido cualquier uso hasta que se resuelvan los trámites administrativos.
Según la información facilitada por el Consorcio, que integran Consell y ayuntamientos, el vial, de 400 metros de longitud y entre seis y diez metros de anchura dependiendo de los tramos, conecta la carretera con el camino de acceso a la cantera de Son Servera. Por la ubicación y la superficie afectada, es lógico pensar que los responsables de las obras, que según parece fueron ejecutadas durante el pasado fin de semana, pretendían crear un acceso directo a la cantera para la entrada y salida de camiones.
Proceso
Una vez que la Administración haya comunicado la apertura del expediente, la parte afectada dispone de un plazo de dos meses para intentar legalizar el camino, algo que “a priori” parece complicado. Según la información ofrecida ayer por Enric Camps, gerente del Consorcio, el Plan Territorial Insular (PTI) condiciona la construcción de nuevos viales “a la mejora de las explotaciones agrarias”. Y éste, en principio, no sería el caso. Pero, no sólo eso ya que, según fuentes consultadas, a la infracción de actuar sobre rústico sin licencia se sumaría otra: la apertura de un acceso en una carretera sin contar con la autorización del departamento de Movilidad del Consell de Menorca.
Si, finalmente, la Administración determina que la actuación no puede ser legalizada, los responsables estarán obligados a restituir los terrenos afectados a su estado original, además de hacer frente a una sanción que oscilaría entre el cincuenta y cien por cien del valor total de las obras. Si, por contra, es legalizable la sanción se quedaría en un cinco por ciento del coste total.
El Consorcio ha abierto un expediente, paralizado las obras y prohibido su uso
M.J.F.Maó.
El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca ha abierto un expediente de disciplina urbanística a la empresa responsable de la apertura, sin licencia municipal y sobre suelo rústico, de un camino en el kilómetro 2,7 de la carretera que une Es Mercadal y Fornells, ha ordenado la paralización de los trabajos y ha prohibido cualquier uso hasta que se resuelvan los trámites administrativos.
Según la información facilitada por el Consorcio, que integran Consell y ayuntamientos, el vial, de 400 metros de longitud y entre seis y diez metros de anchura dependiendo de los tramos, conecta la carretera con el camino de acceso a la cantera de Son Servera. Por la ubicación y la superficie afectada, es lógico pensar que los responsables de las obras, que según parece fueron ejecutadas durante el pasado fin de semana, pretendían crear un acceso directo a la cantera para la entrada y salida de camiones.
Proceso
Una vez que la Administración haya comunicado la apertura del expediente, la parte afectada dispone de un plazo de dos meses para intentar legalizar el camino, algo que “a priori” parece complicado. Según la información ofrecida ayer por Enric Camps, gerente del Consorcio, el Plan Territorial Insular (PTI) condiciona la construcción de nuevos viales “a la mejora de las explotaciones agrarias”. Y éste, en principio, no sería el caso. Pero, no sólo eso ya que, según fuentes consultadas, a la infracción de actuar sobre rústico sin licencia se sumaría otra: la apertura de un acceso en una carretera sin contar con la autorización del departamento de Movilidad del Consell de Menorca.
Si, finalmente, la Administración determina que la actuación no puede ser legalizada, los responsables estarán obligados a restituir los terrenos afectados a su estado original, además de hacer frente a una sanción que oscilaría entre el cincuenta y cien por cien del valor total de las obras. Si, por contra, es legalizable la sanción se quedaría en un cinco por ciento del coste total.