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El juez del caso Andratx pide al Govern todas las inspecciones en zonas ANEI |
(Diario de Mallorca, 13/06/2007)
El juzgado recaba también todas las sanciones impuestas por edificar en suelo rústico
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
El magistrado de instrucción 12 de Palma, Álvaro Latorre, que instruye el caso Andratx, contra una supuesta trama de corrupción, ha recabado de la conselleria de Medio Ambiente del Govern que le informe de todas las inspecciones practicadas, a lo largo de varios años, en fincas rústicas y áreas naturales de especial interés (ANEIS) donde se hayan construido inmuebles. El juez también ha solicitado datos sobre las sanciones en materia de disciplina urbanística impuestas por el Govern.
El juzgado de instrucción 12 ha recabado la voluminosa prueba documental a la conselleria de Medio Ambiente, departamento administrativo encargado de velar por el cumplimiento de las normativas urbanísticas en áreas protegidas.
La petición judicial versa sobre tres aspectos diferentes de estas competencias del Govern. En primer lugar se ha requerido información sobre todas las inspecciones que funcionarios autonómicos han realizado en fincas rústicas con motivo de obras de reforma o de nueva planta.
Sanciones impuestas
La segunda batería de datos que se ha solicitado a la conselleria versa sobre los expedientes abiertos a los promotores y dueños de fincas ANEIS a raíz de las presuntas irregularidades urbanísticas descubiertas por las inspecciones.
El último dato que el juzgado de instrucción 12 quiere averiguar es el número y clase de sanciones disciplinarias impuestas en esta materia.
Hace algunas semanas una de las defensas personadas en el sumario pidió al juez que reclamara al Consell de Mallorca otra ingente prueba documental en materia de urbanismo.
El abogado Juan Luis Matas, que defiende al suspendido celador municipal de obras de Andratx, Jaime Gibert, uno de los principales implicados en la causa, pidió toda la información obrante en el Consell sobre licencias concedidas para edificar en suelo rústico, cédulas de habitabilidad otorgadas en parcelas rústicas, expedientes disciplinarios y denuncias penales interpuestas por urbanizar en fincas protegidas. Una de las líneas de defensa de letrados personados en el sumario de la operación Voramar postula que las supuestas irregularidades urbanísticas denunciadas como delitos contra la ordenación del territorio son algo común en otros municipios de Mallorca. También se acusa al Consell de tener una especial inquina contra el consistorio de Andratx.
El juzgado recaba también todas las sanciones impuestas por edificar en suelo rústico
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
El magistrado de instrucción 12 de Palma, Álvaro Latorre, que instruye el caso Andratx, contra una supuesta trama de corrupción, ha recabado de la conselleria de Medio Ambiente del Govern que le informe de todas las inspecciones practicadas, a lo largo de varios años, en fincas rústicas y áreas naturales de especial interés (ANEIS) donde se hayan construido inmuebles. El juez también ha solicitado datos sobre las sanciones en materia de disciplina urbanística impuestas por el Govern.
El juzgado de instrucción 12 ha recabado la voluminosa prueba documental a la conselleria de Medio Ambiente, departamento administrativo encargado de velar por el cumplimiento de las normativas urbanísticas en áreas protegidas.
La petición judicial versa sobre tres aspectos diferentes de estas competencias del Govern. En primer lugar se ha requerido información sobre todas las inspecciones que funcionarios autonómicos han realizado en fincas rústicas con motivo de obras de reforma o de nueva planta.
Sanciones impuestas
La segunda batería de datos que se ha solicitado a la conselleria versa sobre los expedientes abiertos a los promotores y dueños de fincas ANEIS a raíz de las presuntas irregularidades urbanísticas descubiertas por las inspecciones.
El último dato que el juzgado de instrucción 12 quiere averiguar es el número y clase de sanciones disciplinarias impuestas en esta materia.
Hace algunas semanas una de las defensas personadas en el sumario pidió al juez que reclamara al Consell de Mallorca otra ingente prueba documental en materia de urbanismo.
El abogado Juan Luis Matas, que defiende al suspendido celador municipal de obras de Andratx, Jaime Gibert, uno de los principales implicados en la causa, pidió toda la información obrante en el Consell sobre licencias concedidas para edificar en suelo rústico, cédulas de habitabilidad otorgadas en parcelas rústicas, expedientes disciplinarios y denuncias penales interpuestas por urbanizar en fincas protegidas. Una de las líneas de defensa de letrados personados en el sumario de la operación Voramar postula que las supuestas irregularidades urbanísticas denunciadas como delitos contra la ordenación del territorio son algo común en otros municipios de Mallorca. También se acusa al Consell de tener una especial inquina contra el consistorio de Andratx.
Nuevas citaciones y parón estival
El juzgado de instrucción 12 de Palma ya ha realizado nuevas citaciones de testigos e imputados en el voluminoso sumario del caso Andratx para la segunda quincena de junio y para el mes de septiembre.
En principio las comparecencias ante el juez Álvaro Latorre y los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau no se harán ni en julio, ni en agosto por motivo de las vacaciones estivales.
La estrategia seguida por los investigadores para racionalizar la compleja instrucción del caso ha sido dividir el sumario en piezas separadas, una por cada presunto delito urbanístico o de otra naturaleza denunciado por la fiscalía.
Por cada licencia otorgada por el Ayuntamiento y presuntamente irregular están siendo citados a declarar el promotor de las obras, los técnicos que redactaron los proyectos, los funcionarios del Ayuntamiento que tramitaron los expedientes y, en algunos casos, el ex alcalde Eugenio Hidalgo, uno de los principales acusados por el supuesto entramado de corrupción.