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El juicio contra José Serra revela la permisividad de Sant Josep al conceder licencias urbanísticas |
(Diario de Ibiza, 13/06/2007)
La secretaria de la Corporación asegura que mantenía «discrepancias» con el técnico municipal y que podrían haberse aprobado más licencias con informe desfavorable. El alcalde se niega a declarar
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El juicio de la Audiencia Provincial contra José Serra por la concesión, en 1992, de una licencia ilegal para una mansión en una zona de alta protección de Puig d´en Serra puso de manifiesto una vez más el exceso de permisividad del urbanismo de Sant Josep. El Ministerio Fiscal sostiene que el Consistorio cometió todo tipo de «tropelías» para permitir la mansión al amparo de la modificación de una licencia de 1984. La secretaria de la Corporación reveló que era «corriente» este tipo de concesiones y que casi nunca se declaraba la caducidad de permisos de más de 10 y 15 años. La defensa del alcalde de Sant Josep insistió en que el delito ha prescrito.
El alcalde en funciones de Sant Josep, José Serra Escandell, se negó ayer a declarar ante la Audiencia Provincial en el juicio en el que se le acusa de un supuesto delito de prevaricación por conceder, en 1992, la licencia de construcción de una mansión de 330 metros cuadrados en un espacio protegido de Puig d´en Serra, en es Cubells, a pesar de la existencia de un informe técnico y otro jurídico desfavorables, y por el cual la Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El juicio duró algo más de seis horas. La Audiencia rechazó la cuestión previa de prescripción formulada por los tres abogados de la defensa a la espera de que se resuelva en sentencia. José Torres, Tomàs, José Marí Prats, José Ribas Marí y Francisco Bonet, miembros de la comisión de gobierno que en mayo de 1992 concedió la controvertida licencia, también se sentaron en el banquillo de los acusados, pero, finalmente, el Ministerio Público retiró los cargos contra los dos últimos.
El fiscal de Medio Ambiente de Balears, Adrián Salazar, puso de manifiesto que el Ayuntamiento cometió «todo tipo de tropelías» para permitir la construcción de la mansión, en mayo de 1992, al amparo de la modificación de una licencia de 1984 a pesar de que todavía no habían comenzado las obras. «No se planteó declarar la caducidad de la licencia sino que se permitió la nueva construcción pese a que había informes desfavorables. Se cometieron todas las ilegalidades posibles. La prevaricación es palmaria, brutal», señaló el fiscal en sus conclusiones.
La secretaria de la Corporación, María Domingo, que declaró en el juicio en calidad de testigo, reveló que «no era corriente» que la comisión de gobierno declarara la caducidad de licencias de más de 10 y 15 años de antigüedad y que, además, se «concedían los finales de obra». «En 1995 planteé a la comisión de gobierno que se estaban presentando licencias como modificación de proyectos sin iniciar», indicó. De la misma manera, la secretaria de la Corporación recordó que el equipo de gobierno adoptó como «criterio general» no remitir ninguna solicitud de licencia en suelo rústico a la antigua la Comisión Provincial de Urbanismo (CPU). La secretaria señaló que el técnico municipal informaba a favor de este tipo de permisos de obra sin contar con la CPU si no existía riesgo de que se formase núcleo urbano. «Yo pensaba que se tenía que hacer algún trámite más antes de conceder licencias», dijo.
Discrepancias en urbanismo
Domingo también reconoció las «discrepancias» que mantenía con el aparejador municipal con respecto a la aplicación de la Ley de Espacios Naturales, de 1991, a la hora de conceder la modificación de licencias en suelo rústico. «Él entendía que bastaba que se cumpliesen los límites del retranqueo, pero yo pensaba que, además, se debía tener en cuenta la parcela mínima», explicó la secretaria, al tiempo que admitió que, por la discrepancia descrita, puede ser que se llegase a aprobar alguna licencia con «informe jurídico desfavorable».
José Serra Escandell ya se negó a declarar ante el juez hace dos años durante la instrucción del caso, ya que su abogado sostenía que los hechos han prescrito y que, por tanto, no había lugar para entrar en el fondo de la cuestión. El alcalde en funciones sólo se dirigió ayer a los magistrados de la Audiencia Provincial para decir lo siguiente: «No voy a declarar. Ha habido muchos titulares de prensa con los que han logrado lo que querían: que ya no sea alcalde. Es un tema técnico». El resto de acusados sí optaron por responder a las preguntas de las partes. Se da la circunstancia de que ningún representante del PP ni del equipo de gobierno en funciones de Sant Josep estuvo al lado de José Serra Escandell para acompañarle en el juicio.
Eduardo Valdivia, abogado de José Serra, solicitó la absolución de su defendido al entender que la causa ha prescrito. El letrado sostuvo en el juicio que «la prevaricación se cometió el 14 de mayo de 1992 con la concesión de la licencia y que pasaron «más de cinco años cuando» el Consell requirió al Ayuntamiento la nulidad de la licencia y presentó un recurso contencioso administrativo (noviembre de 2001) o bien cuando se inició la instrucción del caso por la vía penal, que fue en marzo de 2005. «No se trata de un delito permanente, por lo que está muerto y `requetemuerto´ y no hay posibilidad de hacerlo renacer», justificó.
El fiscal recordó que la licencia dada por el Ayuntamiento vulneraba todas las normativas posibles, tal como ratificó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que la prescripción se consuma a los 10 años, en vez de cinco, y que, en todo caso, se cometió también «prevaricación por omisión» al no hacer caso a las denuncias presentadas por el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) a partir de 1996 y los reiterados requerimientos del Consell en 1996 bajo el gobierno del PP para que le remitiese el expediente; y en 2001 durante el mandato del Pacto cuando incluso se reclamó la nulidad de la licencia, lo que culminó con el contencioso administrativo y la posterior sentencia de demolición del inmueble. El Ministerio Público insistió en que el equipo de gobierno «no hizo nada de nada» y ni siquiera quiere «darse por enterado».
La secretaria de la Corporación asegura que mantenía «discrepancias» con el técnico municipal y que podrían haberse aprobado más licencias con informe desfavorable. El alcalde se niega a declarar
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El juicio de la Audiencia Provincial contra José Serra por la concesión, en 1992, de una licencia ilegal para una mansión en una zona de alta protección de Puig d´en Serra puso de manifiesto una vez más el exceso de permisividad del urbanismo de Sant Josep. El Ministerio Fiscal sostiene que el Consistorio cometió todo tipo de «tropelías» para permitir la mansión al amparo de la modificación de una licencia de 1984. La secretaria de la Corporación reveló que era «corriente» este tipo de concesiones y que casi nunca se declaraba la caducidad de permisos de más de 10 y 15 años. La defensa del alcalde de Sant Josep insistió en que el delito ha prescrito.
El alcalde en funciones de Sant Josep, José Serra Escandell, se negó ayer a declarar ante la Audiencia Provincial en el juicio en el que se le acusa de un supuesto delito de prevaricación por conceder, en 1992, la licencia de construcción de una mansión de 330 metros cuadrados en un espacio protegido de Puig d´en Serra, en es Cubells, a pesar de la existencia de un informe técnico y otro jurídico desfavorables, y por el cual la Fiscalía pide una pena de dos años y seis meses de prisión y 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
El juicio duró algo más de seis horas. La Audiencia rechazó la cuestión previa de prescripción formulada por los tres abogados de la defensa a la espera de que se resuelva en sentencia. José Torres, Tomàs, José Marí Prats, José Ribas Marí y Francisco Bonet, miembros de la comisión de gobierno que en mayo de 1992 concedió la controvertida licencia, también se sentaron en el banquillo de los acusados, pero, finalmente, el Ministerio Público retiró los cargos contra los dos últimos.
El fiscal de Medio Ambiente de Balears, Adrián Salazar, puso de manifiesto que el Ayuntamiento cometió «todo tipo de tropelías» para permitir la construcción de la mansión, en mayo de 1992, al amparo de la modificación de una licencia de 1984 a pesar de que todavía no habían comenzado las obras. «No se planteó declarar la caducidad de la licencia sino que se permitió la nueva construcción pese a que había informes desfavorables. Se cometieron todas las ilegalidades posibles. La prevaricación es palmaria, brutal», señaló el fiscal en sus conclusiones.
La secretaria de la Corporación, María Domingo, que declaró en el juicio en calidad de testigo, reveló que «no era corriente» que la comisión de gobierno declarara la caducidad de licencias de más de 10 y 15 años de antigüedad y que, además, se «concedían los finales de obra». «En 1995 planteé a la comisión de gobierno que se estaban presentando licencias como modificación de proyectos sin iniciar», indicó. De la misma manera, la secretaria de la Corporación recordó que el equipo de gobierno adoptó como «criterio general» no remitir ninguna solicitud de licencia en suelo rústico a la antigua la Comisión Provincial de Urbanismo (CPU). La secretaria señaló que el técnico municipal informaba a favor de este tipo de permisos de obra sin contar con la CPU si no existía riesgo de que se formase núcleo urbano. «Yo pensaba que se tenía que hacer algún trámite más antes de conceder licencias», dijo.
Discrepancias en urbanismo
Domingo también reconoció las «discrepancias» que mantenía con el aparejador municipal con respecto a la aplicación de la Ley de Espacios Naturales, de 1991, a la hora de conceder la modificación de licencias en suelo rústico. «Él entendía que bastaba que se cumpliesen los límites del retranqueo, pero yo pensaba que, además, se debía tener en cuenta la parcela mínima», explicó la secretaria, al tiempo que admitió que, por la discrepancia descrita, puede ser que se llegase a aprobar alguna licencia con «informe jurídico desfavorable».
José Serra Escandell ya se negó a declarar ante el juez hace dos años durante la instrucción del caso, ya que su abogado sostenía que los hechos han prescrito y que, por tanto, no había lugar para entrar en el fondo de la cuestión. El alcalde en funciones sólo se dirigió ayer a los magistrados de la Audiencia Provincial para decir lo siguiente: «No voy a declarar. Ha habido muchos titulares de prensa con los que han logrado lo que querían: que ya no sea alcalde. Es un tema técnico». El resto de acusados sí optaron por responder a las preguntas de las partes. Se da la circunstancia de que ningún representante del PP ni del equipo de gobierno en funciones de Sant Josep estuvo al lado de José Serra Escandell para acompañarle en el juicio.
Eduardo Valdivia, abogado de José Serra, solicitó la absolución de su defendido al entender que la causa ha prescrito. El letrado sostuvo en el juicio que «la prevaricación se cometió el 14 de mayo de 1992 con la concesión de la licencia y que pasaron «más de cinco años cuando» el Consell requirió al Ayuntamiento la nulidad de la licencia y presentó un recurso contencioso administrativo (noviembre de 2001) o bien cuando se inició la instrucción del caso por la vía penal, que fue en marzo de 2005. «No se trata de un delito permanente, por lo que está muerto y `requetemuerto´ y no hay posibilidad de hacerlo renacer», justificó.
El fiscal recordó que la licencia dada por el Ayuntamiento vulneraba todas las normativas posibles, tal como ratificó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que la prescripción se consuma a los 10 años, en vez de cinco, y que, en todo caso, se cometió también «prevaricación por omisión» al no hacer caso a las denuncias presentadas por el Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) a partir de 1996 y los reiterados requerimientos del Consell en 1996 bajo el gobierno del PP para que le remitiese el expediente; y en 2001 durante el mandato del Pacto cuando incluso se reclamó la nulidad de la licencia, lo que culminó con el contencioso administrativo y la posterior sentencia de demolición del inmueble. El Ministerio Público insistió en que el equipo de gobierno «no hizo nada de nada» y ni siquiera quiere «darse por enterado».
El fiscal retira los cargos contra dos ex concejales
EIVISSA | E. R.
La Fiscalía retiró los cargos contra los ex concejales José Ribas Marí y Francisco Boned ya que, en 1996, cuando el GEN denunció las obras ilegales de Puig d´en Serra ya no formaban parte del equipo de gobierno y, por tanto, no pueden ser autores de un delito continuado de prevaricación u omisión. Salvo Serra Escandell, todos los acusados declararon ante los magistrados de la Audiencia Provincial que la secretaria de la Corporación no les había advertido de que la controvertida licencia de Puig d´en Serra contaba con informes técnico y jurídico desfavorables y, por tanto, era ilegal su aprobación. «No me acuerdo que nadie leyera un informe desfavorable», indicó José Marí Prats, de 75 años. Todos ellos también aseguraron que desconocían que el GEN en 1996 hubiese denunciado las obras y que se enteraron del «embrollo» cuando el juez los citó a declarar como imputados hace casi tres años aproximadamente. «Si los técnicos decían que era favorable, iba para adelante», señaló José Ribas Marí.
Desconocimiento de la LEN
Francisco Boned indicó que él «no conocía nada de la LEN» y que no sabía que «la licencia dada vulneraba la normativa». Tampoco sabía nada de las denuncias posteriores porque no lee los periódicos, mientras que José Torres, Tomàs, indicó que no se acordaba de nada.
Sin embargo, la secretaria de la Corporación aseguró que ella siempre lee los informes técnicos, pero que desde 1985, por un cambio en la ley de bases de régimen local, no tiene la obligación de advertir a los componentes de la comisión de gobierno de supuestas ilegalidades. «Yo no adoptaba ninguna postura. Se hacía constar que había informe desfavorable, pero no podía hacer nada más», justificó.