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Campos: el TSJB confirma la ilegalidad de las licencias de ses Covetes |
(Diario de Mallorca, 9/06/2007)
GOB y PSM afirman que el fallo "cierra el círculo judicial" y confían que Prohens no recurra
J. FRAU/ T. O. PALMA.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) fechada el pasado 29 de mayo confirma la ilegalidad de las licencias otorgadas por el ayuntamiento de Campos a principios de los años 90 para la construcción de los 68 apartamentos de ses Covetes. El fallo estima un recurso de GOB y PSM mediante el que reclamaban la nulidad de las licencias concedidas por el consistorio, presidido entonces por Sebastià Roig (PP). Los portavoces de ambas formaciones brindaron ayer por la sentencia.
De esta forma, "se cierra el círculo judicial" de ses Covetes, según apuntó el portavoz del GOB, Miquel Àngel March, en referencia a la larga historia que arrastran en los tribunales los polémicos apartamentos que empezaron a construirse en 1994 en la playa de Es Trenc, en primera línea de mar. Hasta la fecha, han sido quince las resoluciones judiciales, entre autos y sentencias, que desde 1995 se han dictado sobre este caso, todas favorables a las tesis ecologistas.
La batalla judicial de ses Covetes tenía tres frentes abiertos, dos de los cuales, referentes a la franja de protección de cien metros dictada por la Ley de Costas y al carácter no urbano de los terrenos, ya se habían resuelto por los tribunales en contra del parecer del ayuntamiento de Campos y de la promotora de los chalets. El tercer frente, relativo a la ilegalidad de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento, se ha cerrado con esta última sentencia del TSJB, un fallo que todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo antes del próximo 21 de junio.
El portavoz ecologista explicó que el último fallo judicial "marca el inicio del final de los apartamentos de ses Covetes, que sólo pueden ser demolidos" y añadió que un hecho "muy importante" fue la decisión del TSJB de 1995 que decretó la suspensión de las obras. "Si no se hubieran paralizado, ahora las construcciones estarían acabadas y la demolición sería más difícil", apuntó March, quien expresó su inquietud sobre la posible presentación de un nuevo recurso por parte del Ayuntamiento, lo que dilataría de nuevo el proceso. El GOB calcula en un mínimo de 600.000 euros la cantidad de dinero público que Campos ha gastado hasta la fecha en el proceso judicial "a favor de unos intereses particulares".
Posible recurso municipal
El alcalde de Campos, Andreu Prohens (PP), no desveló ayer a este diario si el consistorio campaner volverá a recurrir la sentencia del TSJB alegando que no conoce el contenido del fallo judicial. "Los técnicos deberán valorar si se recurre o no", dijo.
Por su parte, Antoni Alorda (PSM) afirmó que ses Covetes "es un emblema de la Mallorca que no queremos" y responsabilizó a su partido, al GOB y a su equipo jurídico de las continuas sentencias favorables a la demolición. Por contra, criticó la "pasividad" de las instituciones en este caso. Alorda recordó que a mediados de los 90 militantes del PSM y el GOB avalaron de sus bolsillos un total de 20 millones de pesetas impuestos por el TSJB como condición para suspender las obras en ses Covetes.
Joan Juan, del PSM de Campos, confió ayer que Prohens "no se atreva a recurrir la sentencia, porque hay oportunidad de poner punto y final al caso" y añadió que los sucesivos alcaldes del PP deberían aportar el dinero que el Ayuntamiento ha invertido desde 1995 para defender los apartamentos de ses Covetes en los juzgados.
GOB y PSM afirman que el fallo "cierra el círculo judicial" y confían que Prohens no recurra
J. FRAU/ T. O. PALMA.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) fechada el pasado 29 de mayo confirma la ilegalidad de las licencias otorgadas por el ayuntamiento de Campos a principios de los años 90 para la construcción de los 68 apartamentos de ses Covetes. El fallo estima un recurso de GOB y PSM mediante el que reclamaban la nulidad de las licencias concedidas por el consistorio, presidido entonces por Sebastià Roig (PP). Los portavoces de ambas formaciones brindaron ayer por la sentencia.
De esta forma, "se cierra el círculo judicial" de ses Covetes, según apuntó el portavoz del GOB, Miquel Àngel March, en referencia a la larga historia que arrastran en los tribunales los polémicos apartamentos que empezaron a construirse en 1994 en la playa de Es Trenc, en primera línea de mar. Hasta la fecha, han sido quince las resoluciones judiciales, entre autos y sentencias, que desde 1995 se han dictado sobre este caso, todas favorables a las tesis ecologistas.
La batalla judicial de ses Covetes tenía tres frentes abiertos, dos de los cuales, referentes a la franja de protección de cien metros dictada por la Ley de Costas y al carácter no urbano de los terrenos, ya se habían resuelto por los tribunales en contra del parecer del ayuntamiento de Campos y de la promotora de los chalets. El tercer frente, relativo a la ilegalidad de las licencias otorgadas por el Ayuntamiento, se ha cerrado con esta última sentencia del TSJB, un fallo que todavía puede recurrirse ante el Tribunal Supremo antes del próximo 21 de junio.
El portavoz ecologista explicó que el último fallo judicial "marca el inicio del final de los apartamentos de ses Covetes, que sólo pueden ser demolidos" y añadió que un hecho "muy importante" fue la decisión del TSJB de 1995 que decretó la suspensión de las obras. "Si no se hubieran paralizado, ahora las construcciones estarían acabadas y la demolición sería más difícil", apuntó March, quien expresó su inquietud sobre la posible presentación de un nuevo recurso por parte del Ayuntamiento, lo que dilataría de nuevo el proceso. El GOB calcula en un mínimo de 600.000 euros la cantidad de dinero público que Campos ha gastado hasta la fecha en el proceso judicial "a favor de unos intereses particulares".
Posible recurso municipal
El alcalde de Campos, Andreu Prohens (PP), no desveló ayer a este diario si el consistorio campaner volverá a recurrir la sentencia del TSJB alegando que no conoce el contenido del fallo judicial. "Los técnicos deberán valorar si se recurre o no", dijo.
Por su parte, Antoni Alorda (PSM) afirmó que ses Covetes "es un emblema de la Mallorca que no queremos" y responsabilizó a su partido, al GOB y a su equipo jurídico de las continuas sentencias favorables a la demolición. Por contra, criticó la "pasividad" de las instituciones en este caso. Alorda recordó que a mediados de los 90 militantes del PSM y el GOB avalaron de sus bolsillos un total de 20 millones de pesetas impuestos por el TSJB como condición para suspender las obras en ses Covetes.
Joan Juan, del PSM de Campos, confió ayer que Prohens "no se atreva a recurrir la sentencia, porque hay oportunidad de poner punto y final al caso" y añadió que los sucesivos alcaldes del PP deberían aportar el dinero que el Ayuntamiento ha invertido desde 1995 para defender los apartamentos de ses Covetes en los juzgados.