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Sant Josep: José Serra acude a juicio cuatro días antes de abandonar el Ayuntamiento |
(Diario de Ibiza, 9/06/2007)
La Audiencia Provincial también juzgará el martes a los cuatro componentes de la comisión de gobierno que concedió licencia en contra de un informe técnico para una vivienda en Puig d´en Serra
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
A sólo cuatro días del final de su larga carrera política de 24 años como alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell se sentará el martes en el banquillo de los acusados ante la Audiencia Provincial para responder ante un supuesto delito de prevaricación por la concesión de una licencia para la construcción de una vivienda en un área protegida de Puig d´en Serra, en es Cubells.
Junto a él también estarán, imputados por el mismo delito, los miembros de la comisión de gobierno del Consistorio (José Marí Prats, José Ribas Marí, Francisco Bonet Roig y José Torres, que es el único que sigue en activo a pesar de que, tras la derrota de las elecciones, ha presentado su dimisión) que en 1992 votaron a favor de la concesión del controvertido permiso de obra, declarado nulo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma en septiembre de 2004, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Fraude de modificación
La Fiscalía pide a todos los acusados una pena de prisión de dos años y seis meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de doce años. De la misma manera, el Ministerio Público reclama que los acusados sufraguen los gastos que generen las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, incluida la demolición de las obras realizadas.
En su escrito de acusación, que se presentó hace casi un año (ver Diario de Ibiza del 22 de julio de 2006), el fiscal recuerda que la comisión de gobierno concedió la licencia «bajo el fraude de considerarla una modificación de una licencia anterior» a pesar de la existencia de un informe del aparejador municipal que advertía de que ni siquiera el emplazamiento y la edificación coincidían con los señalados en el proyecto y que dio lugar a la apertura de un expediente de infracción urbanística que no llegó a resolverse. El alcalde en funciones, José Serra Escandell, ha reconocido públicamente que en su momento cometió un «error», pero que, en realidad, se trataba de un permiso para la ampliación de «dos habitaciones» de una vivienda ya existente, que cumplía «con todo». El Ministerio Pública explica, sin embargo, que el proyecto de vivienda que se licenció en el año 1984 tenía una superficie de 92,18 metros cuadrados y constaba de una sola planta, cuando en 1992 el proyecto modificado presentaba una edificación de una superficie de 329,22 metros cuadrados y dos alturas.
La Audiencia Provincial también juzgará el martes a los cuatro componentes de la comisión de gobierno que concedió licencia en contra de un informe técnico para una vivienda en Puig d´en Serra
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
A sólo cuatro días del final de su larga carrera política de 24 años como alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell se sentará el martes en el banquillo de los acusados ante la Audiencia Provincial para responder ante un supuesto delito de prevaricación por la concesión de una licencia para la construcción de una vivienda en un área protegida de Puig d´en Serra, en es Cubells.
Junto a él también estarán, imputados por el mismo delito, los miembros de la comisión de gobierno del Consistorio (José Marí Prats, José Ribas Marí, Francisco Bonet Roig y José Torres, que es el único que sigue en activo a pesar de que, tras la derrota de las elecciones, ha presentado su dimisión) que en 1992 votaron a favor de la concesión del controvertido permiso de obra, declarado nulo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma en septiembre de 2004, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Fraude de modificación
La Fiscalía pide a todos los acusados una pena de prisión de dos años y seis meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de doce años. De la misma manera, el Ministerio Público reclama que los acusados sufraguen los gastos que generen las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, incluida la demolición de las obras realizadas.
En su escrito de acusación, que se presentó hace casi un año (ver Diario de Ibiza del 22 de julio de 2006), el fiscal recuerda que la comisión de gobierno concedió la licencia «bajo el fraude de considerarla una modificación de una licencia anterior» a pesar de la existencia de un informe del aparejador municipal que advertía de que ni siquiera el emplazamiento y la edificación coincidían con los señalados en el proyecto y que dio lugar a la apertura de un expediente de infracción urbanística que no llegó a resolverse. El alcalde en funciones, José Serra Escandell, ha reconocido públicamente que en su momento cometió un «error», pero que, en realidad, se trataba de un permiso para la ampliación de «dos habitaciones» de una vivienda ya existente, que cumplía «con todo». El Ministerio Pública explica, sin embargo, que el proyecto de vivienda que se licenció en el año 1984 tenía una superficie de 92,18 metros cuadrados y constaba de una sola planta, cuando en 1992 el proyecto modificado presentaba una edificación de una superficie de 329,22 metros cuadrados y dos alturas.
El alcalde y la comisión de gobierno se negaron a declarar ante el juez
EIVISSA | E. R.
El alcalde en funciones de Sant Josep, José Serra Escandell, y los cuatro integrantes de la comisión de gobierno que aprobaron la concesión de la licencia de ampliación de la vivienda de Puig d´en Serra se negaron en mayo de 2005 a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Pablo Mendoza, amparándose en un derecho constitucional y porque, según dijo entonces su abogado, «no existe delito urbanístico».
El Ministerio Público sostiene que al estar en una Área Natural de Especial Interés (ANEI), el proyecto incumplía los siguientes requisitos: la parcela mínima necesaria para edificar (30.000 metros cuadrados frente a los 20.000 de la parcela construida) y encontrarse sobre la cota 200 sobre la que la Ley de Espacios Naturales (LEN) «no permite ninguna edificación». Además, las propias Normas Subsidiarias del municipio, aprobadas en abril de 1986, califica la zona como Paisaje Singular, también inedificable. Entiende el fiscal que los acusados concedieron la licencia con «pleno conocimiento de que era manifiestamente ilegal».