 |
Sant Josep: la Fiscalía acepta el vídeo del `caso Huerta´ grabado por detectives |
(Diario de Ibiza, 9/06/2007)
El Ministerio Público ve indicios provisionales de delito urbanístico y de tráfico de influencias en los casos de Cala Molí y Cala Carbó. Pide al juez que se investiguen las relaciones económicas entre los imputados
EIVISSA | E. RODRÍGUEZ
La Fiscalía considera «válido» el vídeo grabado con cámara oculta por una empresa de detectives a instancias del Colegio de Arquitectos de Balears en el que se capta el ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, en distintas entrevistas y actuaciones profesionales en el municipio donde desempeñaba su actuación pública. Después de que Diario de Ibiza publicase el contenido de este vídeo, aportado como prueba en los juzgados, Antonio Huerta dimitió de su cargo en el Ayuntamiento de Sant Josep. «Es válida esta prueba. Allí aparecen muchas cosas que se tendrán que investigar», explica el fiscal Antoni Torres.
El Ministerio Público aprecia indicios provisionales de delito contra la ordenación del territorio y de tráfico de influencias en los casos de Cala Molí y Cala Carbó, que se instruyen en dos juzgados distintos de Eivissa, y en los que están imputados el ex arquitecto municipal Antonio Huerta, su hijo Antonio Huerta Chamorro, la pareja de éste, Pilar Fernández, y el aparejador municipal, Julio Blanco. Al considerar que en las dos causas se producen los mismos hechos, la Fiscalía ha solicitado que se junten y «se investigue todo», en especial la posible relación económica entre los imputados.
Aparte del supuesto delito urbanístico (invasión de una zona ANEI en el caso de Cala Molí o el exceso de edificación en el edificio de Cala Molí, según las denuncias del Grup d´Estudis de la Naturalesa), el fiscal considera que se tiene que investigar por qué, en la causa de Cala Carbó, el ex arquitecto municipal firmó a favor del proyecto presentado por la pareja de su hijo, Pilar Fernández, en contra de lo que determina el régimen de incompatibilidades para funcionario público. El Colegio de Arquitectos de Balears se ha personado en la causa y encargó una investigación a una empresa de detectives para tratar de demostrar las presuntas irregularidades que podía estar cometiendo Antonio Huerta como arquitecto municipal.
Por otra parte, el fiscal lamenta que aún no se hayan abonado los honorarios de un ingeniero al que el juez encargó un peritaje sobre la urbanización de Cala Molí para esclarecer si invadía o no una zona ANEI. «Lo hizo hace meses y aún no le han pagado. Así no hay manera de tirar nada hacia adelante. Luego sucede que ningún profesional quiere realizar peritajes», lamenta Antoni Torres.
El Ministerio Público ve indicios provisionales de delito urbanístico y de tráfico de influencias en los casos de Cala Molí y Cala Carbó. Pide al juez que se investiguen las relaciones económicas entre los imputados
EIVISSA | E. RODRÍGUEZ
La Fiscalía considera «válido» el vídeo grabado con cámara oculta por una empresa de detectives a instancias del Colegio de Arquitectos de Balears en el que se capta el ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta Briz, en distintas entrevistas y actuaciones profesionales en el municipio donde desempeñaba su actuación pública. Después de que Diario de Ibiza publicase el contenido de este vídeo, aportado como prueba en los juzgados, Antonio Huerta dimitió de su cargo en el Ayuntamiento de Sant Josep. «Es válida esta prueba. Allí aparecen muchas cosas que se tendrán que investigar», explica el fiscal Antoni Torres.
El Ministerio Público aprecia indicios provisionales de delito contra la ordenación del territorio y de tráfico de influencias en los casos de Cala Molí y Cala Carbó, que se instruyen en dos juzgados distintos de Eivissa, y en los que están imputados el ex arquitecto municipal Antonio Huerta, su hijo Antonio Huerta Chamorro, la pareja de éste, Pilar Fernández, y el aparejador municipal, Julio Blanco. Al considerar que en las dos causas se producen los mismos hechos, la Fiscalía ha solicitado que se junten y «se investigue todo», en especial la posible relación económica entre los imputados.
Aparte del supuesto delito urbanístico (invasión de una zona ANEI en el caso de Cala Molí o el exceso de edificación en el edificio de Cala Molí, según las denuncias del Grup d´Estudis de la Naturalesa), el fiscal considera que se tiene que investigar por qué, en la causa de Cala Carbó, el ex arquitecto municipal firmó a favor del proyecto presentado por la pareja de su hijo, Pilar Fernández, en contra de lo que determina el régimen de incompatibilidades para funcionario público. El Colegio de Arquitectos de Balears se ha personado en la causa y encargó una investigación a una empresa de detectives para tratar de demostrar las presuntas irregularidades que podía estar cometiendo Antonio Huerta como arquitecto municipal.
Por otra parte, el fiscal lamenta que aún no se hayan abonado los honorarios de un ingeniero al que el juez encargó un peritaje sobre la urbanización de Cala Molí para esclarecer si invadía o no una zona ANEI. «Lo hizo hace meses y aún no le han pagado. Así no hay manera de tirar nada hacia adelante. Luego sucede que ningún profesional quiere realizar peritajes», lamenta Antoni Torres.