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Felanitx: el juzgado admite la querella criminal contra la alcaldesa del PP por el ´caso licencias´ |
(Diario de Mallorca, 24/05/2007)
M. BARCELÓ. FELANITX.
La jueza titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Manacor ha admitido la querella criminal por un presunto delito de prevaricación, presentada por todos los partidos de la oposición municipal salvo UM (PSOE, PSM y EU-Els Verds) contra la alcaldesa, Catalina Soler (PP), por el caso licencias.
Este escándalo urbanístico se refiere a la paralización de una norma urbanística restrictiva solicitada por Soler al Consell de Mallorca -institución que debía darle luz verde- después de que el pleno la hubiera aprobada por unanimidad, esto es, incluso por la propia alcaldesa. Soler logró que el Consell tuviera paralizada durante nueve meses la norma, que reducía la edificabilidad casi la mitad en numerosos distritos urbanos del municipio, especialmente en Portocolom. En estos nueve meses Soler concedió unas 30 licencias a promotoras que la oposición vincula al PP, para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. De haber aprobado en su plazo normal la norma complementaria, que reducía edificabilidad, este volumen de construcción se hubiera visto reducido casi a la mitad.
Después de saltar el escándalo, el Ayuntamiento creó una comisión política para analizar la concesión de las licencias, pero finalmente el PP impugnó su creación (después de haberla aceptado) y logró su disolución.
Posteriormente PSOE, PSM y EU-Verds, decidieron presentar una querella criminal contra Soler, sobre la que ahora el juzgado número 6 de Manacor ha abierto las oportunas diligencias.
Entre la documentación aportada en la demanda figura un informe de la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre este caso en el que concluye que Soler, al solicitar unilateralmente la paralización de la norma complementaria restrictiva con un "vicio de fondo", invadió competencias que eran del pleno municipal, no de ella.
Asimismo, en el mismo informe se critica la pasividad que tuvo la comisión insular de Urbanismo del Consell por no haber examinado la validez de la decisión de Soler y no haberla advertido de su irregular actuación.
M. BARCELÓ. FELANITX.
La jueza titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Manacor ha admitido la querella criminal por un presunto delito de prevaricación, presentada por todos los partidos de la oposición municipal salvo UM (PSOE, PSM y EU-Els Verds) contra la alcaldesa, Catalina Soler (PP), por el caso licencias.
Este escándalo urbanístico se refiere a la paralización de una norma urbanística restrictiva solicitada por Soler al Consell de Mallorca -institución que debía darle luz verde- después de que el pleno la hubiera aprobada por unanimidad, esto es, incluso por la propia alcaldesa. Soler logró que el Consell tuviera paralizada durante nueve meses la norma, que reducía la edificabilidad casi la mitad en numerosos distritos urbanos del municipio, especialmente en Portocolom. En estos nueve meses Soler concedió unas 30 licencias a promotoras que la oposición vincula al PP, para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. De haber aprobado en su plazo normal la norma complementaria, que reducía edificabilidad, este volumen de construcción se hubiera visto reducido casi a la mitad.
Después de saltar el escándalo, el Ayuntamiento creó una comisión política para analizar la concesión de las licencias, pero finalmente el PP impugnó su creación (después de haberla aceptado) y logró su disolución.
Posteriormente PSOE, PSM y EU-Verds, decidieron presentar una querella criminal contra Soler, sobre la que ahora el juzgado número 6 de Manacor ha abierto las oportunas diligencias.
Entre la documentación aportada en la demanda figura un informe de la Universitat de les Illes Balears (UIB) sobre este caso en el que concluye que Soler, al solicitar unilateralmente la paralización de la norma complementaria restrictiva con un "vicio de fondo", invadió competencias que eran del pleno municipal, no de ella.
Asimismo, en el mismo informe se critica la pasividad que tuvo la comisión insular de Urbanismo del Consell por no haber examinado la validez de la decisión de Soler y no haberla advertido de su irregular actuación.