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Andratx: el Consultiu dobló la indemnización a la empresa representada por Coll |
(Diario de Mallorca, 10/05/2007)
El letrado designó ponente a José Sala, alcalde de Sant Antoni (PP), y se abstuvo en la votación del dictamen aprobado por unanimidad
M. ADROVER/M. GOÑI. PALMA.
El 14 de mayo de 2002 el Consell Consultiu emitió un dictamen en el que dobló la indemnización propuesta por la conselleria de Obras Públicas a la empresa S´Almudaina Dos, entidad representada por el actual presidente del Consell Consultiu, Miquel Coll Carreras, detenido por la Guardia Civil e imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. Por ello, deberá declarar ante el juez del caso Andratx mañana, viernes.
Pese a su relación con la firma reclamante, Miquel Coll no se abstuvo en la designación del ponente que estudió el caso en profundidad y redactó la propuesta de dictamen. Se lo asignó a José Sala Torres, actual alcalde de Sant Antoni (Eivissa) por el PP. Durante su mandato, Sala Torres ha tenido que afrontar la polémica urbanística sobre la mansión del músico rumano Michel Cretu, sobre la que pesa una orden de derribo por sentencia firme y una legalización a posteriori del Govern, tramitada a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos.
En el momento en que se celebraron las reuniones y se votó el dictamen sobre la solicitud de indemnización por parte de S´Almudaina Dos, Coll Carreras ya había sido relevado en la presidencia por Joan Oliver Araujo, aunque seguía como miembro del organismo. Según consta en las actas de la reunión, Coll Carreras se abstuvo en la votación por sus intereses en este caso. Estas actas han sido solicitadas por el letrado para su defensa en la ´Operación Voramar´. Curiosamente, el dictamen oficial dice lo contrario. Que todos los miembros, incluido Coll Carreras, acordaron emitirlo "por unanimidad". Según fuentes próximas al asunto, "debe tratarse de un error".
Los terrenos de Andratx donde S´Almudaina Dos pretendía desarrollar una urbanización fue desclasificada en 2000 como consecuencia de una ampliación de la Ley de Espacios Naturales. La firma, representada en varios litigios por los abogados Miquel Coll Carreras y su hijo Miguel Ángel Coll López, solicitó una indemnización a la Administración autonómica de 34,3 millones de euros, de las que la mayor parte correspondían al lucro cesante, es decir a las virtuales ganancias frustradas por la desclasificación urbanística.
El Govern del Pacto de Progreso estaba dispuesto a darle 717.503 euros, de acuerdo con la valoración realizada por el instructor designado para el caso, que revisó los gastos acreditados por la empresa. El 13 de julio de 2001, el instructor emitió un informe donde subrayaba la "falta de criterio para asignarlas al criterio de gastos de urbanización, indicando que una parte de las obras realizadas por la empresa urbanizadora se encuentran pendientes de pago". En el el período de alegaciones, la empresa se limitó a "reiterar los documentos aportados" y el instructor resolvió estimar parcialmente su reclamación, limitando la indemnización a 717.503 euros.
Al ser una cifra tan elevada era preceptivo un dictamen del Consell Consultiu. El organismo jurídico resolvió que la indemnización debía elevarse a 1,3 millones de euros, el doble de lo fijado por el instructor. Estas resoluciones fueron recurridas ante los tribunales por la empresa, al considerarla muy baja. El letrado defensor de la entidad mercantil fue el hijo de Coll Carreras.
El letrado designó ponente a José Sala, alcalde de Sant Antoni (PP), y se abstuvo en la votación del dictamen aprobado por unanimidad
M. ADROVER/M. GOÑI. PALMA.
El 14 de mayo de 2002 el Consell Consultiu emitió un dictamen en el que dobló la indemnización propuesta por la conselleria de Obras Públicas a la empresa S´Almudaina Dos, entidad representada por el actual presidente del Consell Consultiu, Miquel Coll Carreras, detenido por la Guardia Civil e imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. Por ello, deberá declarar ante el juez del caso Andratx mañana, viernes.
Pese a su relación con la firma reclamante, Miquel Coll no se abstuvo en la designación del ponente que estudió el caso en profundidad y redactó la propuesta de dictamen. Se lo asignó a José Sala Torres, actual alcalde de Sant Antoni (Eivissa) por el PP. Durante su mandato, Sala Torres ha tenido que afrontar la polémica urbanística sobre la mansión del músico rumano Michel Cretu, sobre la que pesa una orden de derribo por sentencia firme y una legalización a posteriori del Govern, tramitada a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos.
En el momento en que se celebraron las reuniones y se votó el dictamen sobre la solicitud de indemnización por parte de S´Almudaina Dos, Coll Carreras ya había sido relevado en la presidencia por Joan Oliver Araujo, aunque seguía como miembro del organismo. Según consta en las actas de la reunión, Coll Carreras se abstuvo en la votación por sus intereses en este caso. Estas actas han sido solicitadas por el letrado para su defensa en la ´Operación Voramar´. Curiosamente, el dictamen oficial dice lo contrario. Que todos los miembros, incluido Coll Carreras, acordaron emitirlo "por unanimidad". Según fuentes próximas al asunto, "debe tratarse de un error".
Los terrenos de Andratx donde S´Almudaina Dos pretendía desarrollar una urbanización fue desclasificada en 2000 como consecuencia de una ampliación de la Ley de Espacios Naturales. La firma, representada en varios litigios por los abogados Miquel Coll Carreras y su hijo Miguel Ángel Coll López, solicitó una indemnización a la Administración autonómica de 34,3 millones de euros, de las que la mayor parte correspondían al lucro cesante, es decir a las virtuales ganancias frustradas por la desclasificación urbanística.
El Govern del Pacto de Progreso estaba dispuesto a darle 717.503 euros, de acuerdo con la valoración realizada por el instructor designado para el caso, que revisó los gastos acreditados por la empresa. El 13 de julio de 2001, el instructor emitió un informe donde subrayaba la "falta de criterio para asignarlas al criterio de gastos de urbanización, indicando que una parte de las obras realizadas por la empresa urbanizadora se encuentran pendientes de pago". En el el período de alegaciones, la empresa se limitó a "reiterar los documentos aportados" y el instructor resolvió estimar parcialmente su reclamación, limitando la indemnización a 717.503 euros.
Al ser una cifra tan elevada era preceptivo un dictamen del Consell Consultiu. El organismo jurídico resolvió que la indemnización debía elevarse a 1,3 millones de euros, el doble de lo fijado por el instructor. Estas resoluciones fueron recurridas ante los tribunales por la empresa, al considerarla muy baja. El letrado defensor de la entidad mercantil fue el hijo de Coll Carreras.