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Dos juzgados eluden asumir las denuncias por el caso de Eivissa Centre |
(Diario de Ibiza, 5/05/2007)
El juez del número 3 se inhibe y el del 2 considera que es competencia del 3. El PSOE presenta una querella que se suma a sus denuncias anteriores. Piden la comparecencia de Roque López y Carlos Fernández
Eivissa | P. P. / J. Ll. F.
Dos juzgados de Eivissa rechazan instruir la denuncia judicial presentada por el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, y varios dirigentes socialistas por las conversaciones difundidas por el diario El Mundo en los últimos días. La denuncia fue presentada ante el juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, que se encontraba de guardia en el momento de divulgarse las grabaciones. No obstante, su titular, Pablo Mendoza, consideró que no era de su competencia al no poder acreditarse la fecha en la que se produjeron las grabaciones. Por este motivo, consideró que la causa debía darse a reparto entre los cuatro juzgados de Instrucción de la isla.
En un primer momento, la causa le fue devuelta al mismo juez, que alegó lo mismo. Tras pasar a reparto nuevamente, fue el juzgado de Instrucción número 2 al que le correspondió asumir la causa. No obstante, su juez, José Espinosa, afirmaba ayer que no le corresponde a su juzgado instruir esta denuncia y explicó que estaba estudiando los argumentos para oponerse a asumirla. Fuentes conocedoras del caso informaron de que Espinosa entiende que la fecha de publicación de las grabaciones en el diario El Mundo puede ser susceptible de tenerse en cuenta a la hora de establecer la comisión del delito, puesto que el Código Penal considera también responsable penalmente, en caso de delito, a los que hayan efectuado la divulgación. Teniendo en cuenta esta fecha, la competencia de la causa correspondería de nuevo al juzgado número 3.
Denuncias cruzadas
Tras la publicación de las primeras grabaciones, el alcalde de Eivissa y presidente de Itusa, Xico Tarrés, formuló una denuncia por vulneración al derecho de la intimidad y a las comunicaciones (tipificado en el artículo 197 del Código Penal). A ella se añadieron el presidente de la gestora de la Federación Socialista Pitiusa, Marià Torres; los concejales Sandra Mayans, Vicent Torres y Pedro Campillo, y el gerente de Itusa, Josep Marí
Ribas, `Agustinet´.
Ayer, se presentó una querella por parte del presidente de la gestora, Marià Torres, y los concejales Vicente Torres, Sandra Mayans y Pedro Campillo, además del gerente de Itusa, Josep Marí Ribas, contra el ex secretario general del PSOE pitiuso, Roque López, y su número dos, Carlos Fernández.
En su querella, se alude a la existencia de las grabaciones divulgadas y se asegura que «pueden haber sido manipuladas», pues aparecen fragmentos «absurdos y sin sentido».
También se alude a la reunión entre Roque López, Carlos Fernández, Abel Matutes y Pere Palau en mayo de 2006 y se afirma que Fernández «trabaja en un banco del que es consejero Abel Matutes».
Del mismo modo, se asegura que Fernández «ejerció presiones» sobre la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Irantzu Fernández, comunicándole que tenía grabaciones comprometedoras.
Por ello, se pide al juez que tome declaración a Roque López y a Carlos Fernández.
El juez del número 3 se inhibe y el del 2 considera que es competencia del 3. El PSOE presenta una querella que se suma a sus denuncias anteriores. Piden la comparecencia de Roque López y Carlos Fernández
Eivissa | P. P. / J. Ll. F.
Dos juzgados de Eivissa rechazan instruir la denuncia judicial presentada por el alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, y varios dirigentes socialistas por las conversaciones difundidas por el diario El Mundo en los últimos días. La denuncia fue presentada ante el juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, que se encontraba de guardia en el momento de divulgarse las grabaciones. No obstante, su titular, Pablo Mendoza, consideró que no era de su competencia al no poder acreditarse la fecha en la que se produjeron las grabaciones. Por este motivo, consideró que la causa debía darse a reparto entre los cuatro juzgados de Instrucción de la isla.
En un primer momento, la causa le fue devuelta al mismo juez, que alegó lo mismo. Tras pasar a reparto nuevamente, fue el juzgado de Instrucción número 2 al que le correspondió asumir la causa. No obstante, su juez, José Espinosa, afirmaba ayer que no le corresponde a su juzgado instruir esta denuncia y explicó que estaba estudiando los argumentos para oponerse a asumirla. Fuentes conocedoras del caso informaron de que Espinosa entiende que la fecha de publicación de las grabaciones en el diario El Mundo puede ser susceptible de tenerse en cuenta a la hora de establecer la comisión del delito, puesto que el Código Penal considera también responsable penalmente, en caso de delito, a los que hayan efectuado la divulgación. Teniendo en cuenta esta fecha, la competencia de la causa correspondería de nuevo al juzgado número 3.
Denuncias cruzadas
Tras la publicación de las primeras grabaciones, el alcalde de Eivissa y presidente de Itusa, Xico Tarrés, formuló una denuncia por vulneración al derecho de la intimidad y a las comunicaciones (tipificado en el artículo 197 del Código Penal). A ella se añadieron el presidente de la gestora de la Federación Socialista Pitiusa, Marià Torres; los concejales Sandra Mayans, Vicent Torres y Pedro Campillo, y el gerente de Itusa, Josep Marí
Ribas, `Agustinet´.
Ayer, se presentó una querella por parte del presidente de la gestora, Marià Torres, y los concejales Vicente Torres, Sandra Mayans y Pedro Campillo, además del gerente de Itusa, Josep Marí Ribas, contra el ex secretario general del PSOE pitiuso, Roque López, y su número dos, Carlos Fernández.
En su querella, se alude a la existencia de las grabaciones divulgadas y se asegura que «pueden haber sido manipuladas», pues aparecen fragmentos «absurdos y sin sentido».
También se alude a la reunión entre Roque López, Carlos Fernández, Abel Matutes y Pere Palau en mayo de 2006 y se afirma que Fernández «trabaja en un banco del que es consejero Abel Matutes».
Del mismo modo, se asegura que Fernández «ejerció presiones» sobre la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Irantzu Fernández, comunicándole que tenía grabaciones comprometedoras.
Por ello, se pide al juez que tome declaración a Roque López y a Carlos Fernández.
Sin contrato laboral ni subsidio de paro
Tras dimitir el pasado mes de enero como concejal del Ayuntamiento de Eivissa, donde tenía dedicación exclusiva como responsable de Deportes y Participación Ciudadana, Roque López abandonó la isla y fue contratado brevemente por Poligrás Ibérica, una empresa especializada en pavimentos deportivos con la que había tenido relación durante su etapa como concejal, ya que ha instalado el césped artificial en los campos de fútbol municipales de Vila.
Desde que terminó su relación con Poligrás, no consta ningún otro contrato laboral del ex dirigente socialista, que reside ahora con su familia en Osuna (Sevilla). En cualquier caso, de su último trabajo causó baja voluntaria en marzo y no percibe el subsidio de desempleo, según ha contrastado este periódico.
En la misma situación de baja voluntaria de su último contrato se hallan también desde el mes de marzo su esposa -que trabajó varios años para la empresa de eventos deportivos Ocisport Actividades, que gestiona la piscina municipal de Sant Antoni- y su hijo.
Su hija -que al igual que su madre estuvo también contratada algún tiempo por Ocisport- pasó en los últimos meses por una empresa de trabajo temporal en calidad de auxiliar administrativa, aunque dejó de trabajar para ella en marzo. Desde hace dos semanas está empleada en la oficina principal del banco Santander en Eivissa.