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El GEN denuncia que Sant Josep ignora 4 sentencias de demolición |
(Diario de Ibiza, 2/05/2007)
Los ecologistas llevan al Ayuntamiento ante Fiscalía por prevaricación y desobediencia. Todas las obras son ilegalizables y una está en ses Salines
EIVISSA | REDACCIÓN
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) ha remitido a la Fiscalía de Eivissa una denuncia contra el alcalde y la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y ordenación del territorio al llevar varios años ignorando sentencias firmes de demolición de al menos cuatro viviendas ilegales con orden judicial de derribo.
En un comunicado, el GEN afirma que uno de los casos se refiere a una construcción ubicada en Cala Codolar. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordenara en 1994 la demolición de una construcción allí realizada de forma ilegal, el Ayuntamiento presentó recurso para evitarla, pero el Tribunal Supremo confirmó íntegramente la resolución original y constataba la imposibilidad de legalizar la obra. Pero «siete años después de la resolución del Tribunal Supremo, no se tiene constancia de que se haya producido, por parte del Ayuntamiento, ningún acuerdo ni paso para dar cumplimiento» a esta sentencia.
Otra denuncia se refiere a una mansión construida en la cima de un monte de ses Salines. Una sentencia de 2003 demostró su ilegalidad y la imposibilidad de regularizar esta vivienda. Sin embargo, cuatro años después, la casa continúa sin ser derribada.
Otra vivienda del municipio incluida en la denuncia del GEN tiene sentencia de derribo de 2004 y han transcurrido tres años desde que ésta adquiriera firmeza sin que se haya dado cumplimiento a la misma.
La más reciente es la vivienda del Puig d´en Serra, cerca de es Cubells -por la que el alcalde será juzgado el 12 de junio-, que tiene orden de derribo firme desde abril del año pasado y todavía no ha sido demolida.
«En conclusión», señala el GEN, «nos encontramos con una situación de incumplimiento generalizado de las sentencias firmes dictadas por los tribunales de Justicia. Esta reiterada actitud de desobediencia crea la sensación de impunidad de las administraciones públicas y quiebra la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia».
Los ecologistas afirman que, «dado que no se conoce ni un sólo trámite realizado por el Ayuntamiento para el cumplimiento de las sentencias, no nos encontramos ante un simple retraso en su obligada ejecución, sino ante un caso deliberado de incumplimiento de mandato judicial».
Por ello, piden la apertura de diligencias previas contra el alcalde, José Serra Escandell, y que el juzgado ordene, entre otras cosas, la interrupción en el suministro de luz y agua de estas edificaciones, su precinto y la prohibición de uso residencial o turístico.
Los ecologistas llevan al Ayuntamiento ante Fiscalía por prevaricación y desobediencia. Todas las obras son ilegalizables y una está en ses Salines
EIVISSA | REDACCIÓN
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) ha remitido a la Fiscalía de Eivissa una denuncia contra el alcalde y la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep por la comisión de presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y ordenación del territorio al llevar varios años ignorando sentencias firmes de demolición de al menos cuatro viviendas ilegales con orden judicial de derribo.
En un comunicado, el GEN afirma que uno de los casos se refiere a una construcción ubicada en Cala Codolar. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ordenara en 1994 la demolición de una construcción allí realizada de forma ilegal, el Ayuntamiento presentó recurso para evitarla, pero el Tribunal Supremo confirmó íntegramente la resolución original y constataba la imposibilidad de legalizar la obra. Pero «siete años después de la resolución del Tribunal Supremo, no se tiene constancia de que se haya producido, por parte del Ayuntamiento, ningún acuerdo ni paso para dar cumplimiento» a esta sentencia.
Otra denuncia se refiere a una mansión construida en la cima de un monte de ses Salines. Una sentencia de 2003 demostró su ilegalidad y la imposibilidad de regularizar esta vivienda. Sin embargo, cuatro años después, la casa continúa sin ser derribada.
Otra vivienda del municipio incluida en la denuncia del GEN tiene sentencia de derribo de 2004 y han transcurrido tres años desde que ésta adquiriera firmeza sin que se haya dado cumplimiento a la misma.
La más reciente es la vivienda del Puig d´en Serra, cerca de es Cubells -por la que el alcalde será juzgado el 12 de junio-, que tiene orden de derribo firme desde abril del año pasado y todavía no ha sido demolida.
«En conclusión», señala el GEN, «nos encontramos con una situación de incumplimiento generalizado de las sentencias firmes dictadas por los tribunales de Justicia. Esta reiterada actitud de desobediencia crea la sensación de impunidad de las administraciones públicas y quiebra la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia».
Los ecologistas afirman que, «dado que no se conoce ni un sólo trámite realizado por el Ayuntamiento para el cumplimiento de las sentencias, no nos encontramos ante un simple retraso en su obligada ejecución, sino ante un caso deliberado de incumplimiento de mandato judicial».
Por ello, piden la apertura de diligencias previas contra el alcalde, José Serra Escandell, y que el juzgado ordene, entre otras cosas, la interrupción en el suministro de luz y agua de estas edificaciones, su precinto y la prohibición de uso residencial o turístico.