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Sant Lluís: un grupo de vecinos denuncia un criadero de perros clandestino |
(Menorca, 7/04/2007)
Los afectados han pedido infructuosamente desde hace cuatro años que se solucione el problema y critican la inoperancia del alcalde Llorenç Carretero
Toni Seguí. Sant Lluís
Un grupo de 16 vecinos que residen en el Camí de Binissafullet, en Sant Lluís, ha instado al alcalde Llorenç Carretero a que aplique las ordenanzas municipales de tenencia de animales de compañía y, por otra parte, de protección de la atmósfera por contaminación por ruidos y vibraciones, ante el funcionamiento en la zona de una actividad de almacenaje, cría y venta de perros de raza pastor alemán que, desde hace cuatro años, ocasiona numerosas molestias a los residentes de la zona.
José Luis Pons Mezquida ha asegurado que el Ayuntamiento de Sant Lluís conoce perfectamente el problema que soportan los vecinos del Camí de Binissafullet, puesto que en julio de 2003 denunció los hechos a la Policía Local, después de que el propietario del criadero de pastores alemanes hiciera caso omiso a sus quejas. Pons afirma que la prueba sonométrica realizada por los agentes a la 1.30 horas de la mañana detectó un registro superior al permitido por la legislación. Además, afirma que las denuncias orales realizadas durante meses ante Servicios Sociales no sirvieron para nada, incluida una reunión con el propio alcalde y el abogado municipal, por lo que presentó la denuncia por escrito en junio de 2004. Tres meses después, ante la inactividad del Ayuntamiento, Pons se dirigió al Consell insular para exponer los hechos, donde los técnicos le confirmaron que en la zona no podía funcionar dicho criadero de perros.
En octubre de 2004 solicitó por escrito al Ayuntamiento la clausura de la instalación por incumplir de forma flagrante la normativa municipal y, dos meses después, el alcalde le comunica que se había incoado un expediente de disciplina urbanística por unas obras de construcción sin licencia municipal, aunque puntualiza Pons no se solucionaron las molestias provocadas por los perros. Posteriormente, en 2005, los hechos fueron denunciados a SEPRONA y, meses después, a la Conselleria de Medio Ambiente que inspeccionó la instalación, lo que propició asegura Pons que el propietario y un familiar le amenazaran de muerte, como quedó demostrado en el juicio que se celebró sobre el asunto.
Visto que las reiteradas denuncias no habían surtido el efecto deseado, el grupo de 16 vecinos del Camí de Binissafullet se reunió en diciembre de 2006 con Llorenç Carretero y la inspectora municipal del obras, a quien le ordenó que agilizara el expediente de demolición de la perrera. El problema ha sido tratado en sendas reuniones celebradas en enero y febrero de 2007 con el conseller Marc Pons y el director insular del Estado, Javier Tejero, respectivamente, en las que el conseller aseguró que el Consell insular sería exigente en la legalización de la instalación como núcleo zoológico, mientras que Tejero certificó que el alcalde era la autoridad pertinente para la resolución de las molestias derivadas del centro canino.
Los afectados han pedido infructuosamente desde hace cuatro años que se solucione el problema y critican la inoperancia del alcalde Llorenç Carretero
Toni Seguí. Sant Lluís
Un grupo de 16 vecinos que residen en el Camí de Binissafullet, en Sant Lluís, ha instado al alcalde Llorenç Carretero a que aplique las ordenanzas municipales de tenencia de animales de compañía y, por otra parte, de protección de la atmósfera por contaminación por ruidos y vibraciones, ante el funcionamiento en la zona de una actividad de almacenaje, cría y venta de perros de raza pastor alemán que, desde hace cuatro años, ocasiona numerosas molestias a los residentes de la zona.
José Luis Pons Mezquida ha asegurado que el Ayuntamiento de Sant Lluís conoce perfectamente el problema que soportan los vecinos del Camí de Binissafullet, puesto que en julio de 2003 denunció los hechos a la Policía Local, después de que el propietario del criadero de pastores alemanes hiciera caso omiso a sus quejas. Pons afirma que la prueba sonométrica realizada por los agentes a la 1.30 horas de la mañana detectó un registro superior al permitido por la legislación. Además, afirma que las denuncias orales realizadas durante meses ante Servicios Sociales no sirvieron para nada, incluida una reunión con el propio alcalde y el abogado municipal, por lo que presentó la denuncia por escrito en junio de 2004. Tres meses después, ante la inactividad del Ayuntamiento, Pons se dirigió al Consell insular para exponer los hechos, donde los técnicos le confirmaron que en la zona no podía funcionar dicho criadero de perros.
En octubre de 2004 solicitó por escrito al Ayuntamiento la clausura de la instalación por incumplir de forma flagrante la normativa municipal y, dos meses después, el alcalde le comunica que se había incoado un expediente de disciplina urbanística por unas obras de construcción sin licencia municipal, aunque puntualiza Pons no se solucionaron las molestias provocadas por los perros. Posteriormente, en 2005, los hechos fueron denunciados a SEPRONA y, meses después, a la Conselleria de Medio Ambiente que inspeccionó la instalación, lo que propició asegura Pons que el propietario y un familiar le amenazaran de muerte, como quedó demostrado en el juicio que se celebró sobre el asunto.
Visto que las reiteradas denuncias no habían surtido el efecto deseado, el grupo de 16 vecinos del Camí de Binissafullet se reunió en diciembre de 2006 con Llorenç Carretero y la inspectora municipal del obras, a quien le ordenó que agilizara el expediente de demolición de la perrera. El problema ha sido tratado en sendas reuniones celebradas en enero y febrero de 2007 con el conseller Marc Pons y el director insular del Estado, Javier Tejero, respectivamente, en las que el conseller aseguró que el Consell insular sería exigente en la legalización de la instalación como núcleo zoológico, mientras que Tejero certificó que el alcalde era la autoridad pertinente para la resolución de las molestias derivadas del centro canino.