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Llucmajor desoye dos sentencias del Tribunal Supremo para tirar un complejo deportivo |
(El Mundo, 30/03/2007)
El Tribunal ordenó en 1993 y 2000 la demolición de las instalaciones ilegales en el torrente de Son Verí - El Consistorio otorgó la licencia conociendo sus irregularidades
E. FUERIS
LLUCMAJOR.- Veinte años después de su edificación y 14 desde la primera sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba su demolición inmediata, las instalaciones deportivas ilegales del complejo Tennis s'Arenal, en Llucmajor, siguen en pie. La licencia para construir un complejo deportivo formado por gimnasio, pistas de pádel, tenis y badminton y piscina climatizada, fue obtenida de manos del Ayuntamiento en 1987 -por aquel entonces gobernado por el socialista Juan Montserrat- después de haberse recibido un informe técnico del arquitecto municipal que certificaba que el proyecto vulneraba el Planeamiento Urbanístico.
La iniciativa de un vecino puso en marcha un largo proceso contra unas instalaciones ilegales que invaden el torrente de Son Verí al no haberse respetado el deslinde legalmente establecido. Dos décadas después, tras un sinfín de inspecciones municipales, autonómicas y privadas, que certificaban las irregularidades y la intervención del propio Tribunal Supremo, la demolición sigue en turno de espera.
Una Comisión Municipal denegó la solicitud de construcción de la propietaria, Hotel San Diego S. A. (en aquel entonces Maha S.A.), tras comprobar que las deficiencias hacían unánime el dictamen. Un arquitecto municipal elaboró un informe en el que se daba cuenta de las «inexactitudes» que revestía el proyecto. Las pistas no se separaban los cuatro metros reglamentarios del linde, adentrándose más de lo permitido en el torrente. Otro tanto sucedía con la piscina, con idéntica infracción de los límites establecidos por la normativa urbanística.
Nuevos informes
San Diego presentó un informe alegando haber subsanado las deficiencias denunciadas y obtuvo las licencias de obra y de actividades. El Ayuntamiento reconocería un año más tarde, tras reclamación vecinal, que las deficiencias seguían existiendo e impelía a la propietaria a su subsanación. Asimismo, un informe técnico de la Conselleria de Obras públicas acreditaba la desaparición de los mojones en el torrente habiéndose modificado las condiciones del mismo.
El caso llegó al Tribunal Supremo en 1993. La sentencia es diáfana: se ordena la suspensión inmediata de la actividad y la demolición inmediata del complejo. A partir de aquí, se sucede un alud de recursos cuya pretensión es suspender la ejecución de la sentencia y cuyo efecto real es el de una interminable demora de la misma. El Supremo desestima los recursos presentados por la propietaria, que solicita la suspensión o el aplazamiento de la sentencia hasta que no se haya fijado la indemnización que debería cobrar de manos del Ayuntamiento por el derribo.
Nuevamente, el Tribunal desestima la suspensión y ordena por segunda vez (en 2000) la demolición inmediata. La Sala ordena al Consistorio la ejecución de la sentencia so pena de sancionarle si no cumple con lo estipulado en el plazo de un mes. Siete años después, todo sigue igual.
Desde el Ayuntamiento aseguran que el proyecto de derribo ya se ha completado y que la dilatación del proceso responde al forcejeo mantenido con la propietaria por la cuantía económica a percibir en concepto de indemnización: «Nuestra voluntad es cumplir la sentencia, pero debemos cumplir todas las cautelas legales», afirma el alcalde popular Lluc Tomàs.
El Tribunal ordenó en 1993 y 2000 la demolición de las instalaciones ilegales en el torrente de Son Verí - El Consistorio otorgó la licencia conociendo sus irregularidades
E. FUERIS
LLUCMAJOR.- Veinte años después de su edificación y 14 desde la primera sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba su demolición inmediata, las instalaciones deportivas ilegales del complejo Tennis s'Arenal, en Llucmajor, siguen en pie. La licencia para construir un complejo deportivo formado por gimnasio, pistas de pádel, tenis y badminton y piscina climatizada, fue obtenida de manos del Ayuntamiento en 1987 -por aquel entonces gobernado por el socialista Juan Montserrat- después de haberse recibido un informe técnico del arquitecto municipal que certificaba que el proyecto vulneraba el Planeamiento Urbanístico.
La iniciativa de un vecino puso en marcha un largo proceso contra unas instalaciones ilegales que invaden el torrente de Son Verí al no haberse respetado el deslinde legalmente establecido. Dos décadas después, tras un sinfín de inspecciones municipales, autonómicas y privadas, que certificaban las irregularidades y la intervención del propio Tribunal Supremo, la demolición sigue en turno de espera.
Una Comisión Municipal denegó la solicitud de construcción de la propietaria, Hotel San Diego S. A. (en aquel entonces Maha S.A.), tras comprobar que las deficiencias hacían unánime el dictamen. Un arquitecto municipal elaboró un informe en el que se daba cuenta de las «inexactitudes» que revestía el proyecto. Las pistas no se separaban los cuatro metros reglamentarios del linde, adentrándose más de lo permitido en el torrente. Otro tanto sucedía con la piscina, con idéntica infracción de los límites establecidos por la normativa urbanística.
Nuevos informes
San Diego presentó un informe alegando haber subsanado las deficiencias denunciadas y obtuvo las licencias de obra y de actividades. El Ayuntamiento reconocería un año más tarde, tras reclamación vecinal, que las deficiencias seguían existiendo e impelía a la propietaria a su subsanación. Asimismo, un informe técnico de la Conselleria de Obras públicas acreditaba la desaparición de los mojones en el torrente habiéndose modificado las condiciones del mismo.
El caso llegó al Tribunal Supremo en 1993. La sentencia es diáfana: se ordena la suspensión inmediata de la actividad y la demolición inmediata del complejo. A partir de aquí, se sucede un alud de recursos cuya pretensión es suspender la ejecución de la sentencia y cuyo efecto real es el de una interminable demora de la misma. El Supremo desestima los recursos presentados por la propietaria, que solicita la suspensión o el aplazamiento de la sentencia hasta que no se haya fijado la indemnización que debería cobrar de manos del Ayuntamiento por el derribo.
Nuevamente, el Tribunal desestima la suspensión y ordena por segunda vez (en 2000) la demolición inmediata. La Sala ordena al Consistorio la ejecución de la sentencia so pena de sancionarle si no cumple con lo estipulado en el plazo de un mes. Siete años después, todo sigue igual.
Desde el Ayuntamiento aseguran que el proyecto de derribo ya se ha completado y que la dilatación del proceso responde al forcejeo mantenido con la propietaria por la cuantía económica a percibir en concepto de indemnización: «Nuestra voluntad es cumplir la sentencia, pero debemos cumplir todas las cautelas legales», afirma el alcalde popular Lluc Tomàs.