 |
Sineu: la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones por edificar en ANEIS |
(Diario de Mallorca, 29/03/2007)
El caso de Sineu, impulsado a instancias del propio cuerpo, es un avance de la nueva etapa
F.ARMENDÁRIZ/M.FERRER. PALMA.
La Guardia Civil no descarta practicar nuevas detenciones por casos de supuesto urbanismo ilegal al haberse edificado viviendas en suelo rústico protegido, tanto calificado como área natural de especial interés (ANEI) o área rural de interés paisajístico (ARIP). Los arrestos practicados el martes en Sineu de dos personas relacionadas con la construcción de una vivienda en un encinar protegido fueron presentadas ayer como un precedente de una nueva etapa en la persecución de los delitos urbanísticos.
El caso del encinar de Sineu, la edificación de un chalé de unos cien metros cuadrados en una zona protegida y con el único amparo legal de una licencia de obra menor para vallar el terreno, ha sorprendido por el hecho de que los dos presuntos implicados, el promotor de las obras y el propietario de la finca, hayan sido detenidos.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a la Policía varias opciones ante la presencia de un presunto delito: detención y puesta en libertad tras la toma de declaración, citación en calidad de imputado, citación como imputado y posterior emplazamiento para comparecer en el juzgado o arresto y puesta a disposición judicial en un plazo de 72 horas.
En el caso de Sineu se optó por la última alternativa y los dos sospechosos, Guillem P.M., dueño de la parcela, y Damián R. fueron arrestados y presentados posteriormente en uno de los juzgados de primera instancia e instrucción de Inca. Los implicados quedaron en libertad tras comparecer ante el juez instructor de la causa.
Política antidelincuencia
Fuentes de la Guardia Civil han señalado que los arrestos de Sineu forman parte de un nuevo enfoque en la política contra la delincuencia, al pasar a tratar las construcciones ilegales en suelo rústico como otros delitos tipificados en el Código Penal. Los tres agentes de la unidad de delitos urbanísticos están llamados a tener un papel protagonista en los nuevos casos.
En Sineu las pesquisas han sido realizadas por la Guardia Civil de Inca, que tras detectar en una inspección la presunta edificación ilegal de la vivienda en el encinar realizó una serie de comprobaciones que desembocaron en los dos arrestos.
El delito investigado en Sineu es un caso puntual y, en principio, no está vinculado a ningún tipo de supuesto entramado de corrupción al estilo del caso Andratx.
Las diligencias ayer no estaban concluidas y no se descartaba que agentes de la Policía Judicial de Palma o del nuevo grupo de delitos urbanísticos colaborasen con sus compañeros de Inca en la realización de algún informe o gestión complementaria. También se seguía la pista a otros intervinientes en las supuestas obras ilegales.
Este diario ha podido saber que Guillem P. M., el propietario de la finca de Sineu y promotor de las obras investigadas, asegura que cuenta con la autorización pertinente para podar las encinas de su finca, y que esta es la única actuación que ha llevado a cabo, negando la tala de ningún árbol.
El arrestado, residente en Caimari, también afirma que en la finca existía una antigua edificación -la típica caseta de aperos- de unos 70 metros cuadrados, que ahora se han visto incrementados con obra nueva.
Finalidad escarmentadora
Desde el Ayuntamiento de Sineu se desconocía ayer si hay más casos de obras ilegales en suelo protegido del municipio, y achacaron las detenciones a una "clara intencionalidad escarmentadora" para evitar reincidencias en la isla, "y no sólo en Sineu".
El caso de Sineu, impulsado a instancias del propio cuerpo, es un avance de la nueva etapa
F.ARMENDÁRIZ/M.FERRER. PALMA.
La Guardia Civil no descarta practicar nuevas detenciones por casos de supuesto urbanismo ilegal al haberse edificado viviendas en suelo rústico protegido, tanto calificado como área natural de especial interés (ANEI) o área rural de interés paisajístico (ARIP). Los arrestos practicados el martes en Sineu de dos personas relacionadas con la construcción de una vivienda en un encinar protegido fueron presentadas ayer como un precedente de una nueva etapa en la persecución de los delitos urbanísticos.
El caso del encinar de Sineu, la edificación de un chalé de unos cien metros cuadrados en una zona protegida y con el único amparo legal de una licencia de obra menor para vallar el terreno, ha sorprendido por el hecho de que los dos presuntos implicados, el promotor de las obras y el propietario de la finca, hayan sido detenidos.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a la Policía varias opciones ante la presencia de un presunto delito: detención y puesta en libertad tras la toma de declaración, citación en calidad de imputado, citación como imputado y posterior emplazamiento para comparecer en el juzgado o arresto y puesta a disposición judicial en un plazo de 72 horas.
En el caso de Sineu se optó por la última alternativa y los dos sospechosos, Guillem P.M., dueño de la parcela, y Damián R. fueron arrestados y presentados posteriormente en uno de los juzgados de primera instancia e instrucción de Inca. Los implicados quedaron en libertad tras comparecer ante el juez instructor de la causa.
Política antidelincuencia
Fuentes de la Guardia Civil han señalado que los arrestos de Sineu forman parte de un nuevo enfoque en la política contra la delincuencia, al pasar a tratar las construcciones ilegales en suelo rústico como otros delitos tipificados en el Código Penal. Los tres agentes de la unidad de delitos urbanísticos están llamados a tener un papel protagonista en los nuevos casos.
En Sineu las pesquisas han sido realizadas por la Guardia Civil de Inca, que tras detectar en una inspección la presunta edificación ilegal de la vivienda en el encinar realizó una serie de comprobaciones que desembocaron en los dos arrestos.
El delito investigado en Sineu es un caso puntual y, en principio, no está vinculado a ningún tipo de supuesto entramado de corrupción al estilo del caso Andratx.
Las diligencias ayer no estaban concluidas y no se descartaba que agentes de la Policía Judicial de Palma o del nuevo grupo de delitos urbanísticos colaborasen con sus compañeros de Inca en la realización de algún informe o gestión complementaria. También se seguía la pista a otros intervinientes en las supuestas obras ilegales.
Este diario ha podido saber que Guillem P. M., el propietario de la finca de Sineu y promotor de las obras investigadas, asegura que cuenta con la autorización pertinente para podar las encinas de su finca, y que esta es la única actuación que ha llevado a cabo, negando la tala de ningún árbol.
El arrestado, residente en Caimari, también afirma que en la finca existía una antigua edificación -la típica caseta de aperos- de unos 70 metros cuadrados, que ahora se han visto incrementados con obra nueva.
Finalidad escarmentadora
Desde el Ayuntamiento de Sineu se desconocía ayer si hay más casos de obras ilegales en suelo protegido del municipio, y achacaron las detenciones a una "clara intencionalidad escarmentadora" para evitar reincidencias en la isla, "y no sólo en Sineu".
La Policía Local detectó el día 13 las obras y actuó
Las obras ilegales en la finca de Son Cantagall de Sineu, en las cercanías de la carretera vieja de Sant Joan, fueron detectadas por casualidad por la Policía Local al acudir a la zona a entregar una notificación a un vecino. El 13 de marzo un agente visitó la parcela, de unos 2.800 metros cuadrados, y fotografió la construcción de tres porches adosados a una vivienda y una piscina. Al día siguiente, el arquitecto municipal emitió un informe declarando inviable la legalización de las obras, cuyo conjunto valoró en 87.000 euros.
Al margen de ello, el 22 de este mes la Guardia Civil de Sineu requirió toda la documentación al Ayuntamiento, y el mismo día practicó las detenciones. Este cuerpo ha cuantificado en una cifra mayor, 140.000 euros, el valor de lo edificado hasta ahora en la parcela, cuyo propietario, el ingeniero industrial Guillem P. M., sólo dispone de una licencia municipal para vallarla, con fecha de julio de 2006. La contratista, según fuentes municipales, es la empresa Baltasar Jofre S.L., radicada en Selva.
Paralelamente a las medidas judiciales, ayer mismo la asesoría jurídica del ayuntamiento sineuer incoó un expediente de infracción urbanística a raíz de los informes municipales.