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El Ayuntamiento de Deià inicia los trámites para demoler las casas ilegales de Llucalcari |
(El Mundo, 24/03/2007)
El Tribunal Superior dio un 'ultimátum' al alcalde hace 2 meses: o ponía en marcha el derribo en 60 días o le multaría con 600 E semanales Los 4 chalés fueron declarados ilegales por el Supremo
P. NICOLAU / E. COLOM
DEIÀ.- A pocos días de que expire el plazo «improrrogable» de dos meses que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) dictaminó a finales de enero para que se iniciara y tramitara el expediente de demolición de los cuatro polémicos chalés de Llucalcari, el alcalde de Deià, Jaume Crespí, sostuvo ayer que el Ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso.
Según explicó, lo ha hecho solicitando un informe a la Conselleria de Medio Ambiente [Nota de Disúrbia: i això per què?] que detalle las prescripciones que deben seguirse antes y durante las labores de derribo. También se ha pedido un dictamen a «técnicos privados». Una vez tenga en su haber los requisitos necesarios, se licitará el proyecto de demolición que debería hacer efectivas las resoluciones del TSJB ratificadas en su día por el Supremo y acabar así por la vía más expeditiva un litigio que dura ya dos décadas.
Y es que sobre el dilatado expediente de los chalés pesa un ultimátum del propio TSJB dictado el pasado 26 de enero: o se iniciaban los trámites de demolición en dos meses o se multaría al alcalde con 600 euros mensuales los dos primeros meses y a partir de entonces la sanción pasaría a ser semanal y sin variar la cuantía «hasta el total y efectivo cumplimiento de la sentencia». Una resolución adoptada a raíz de los escritos del GOB al Tribunal advirtiendo que seguía sin acatarse el último auto de marzo de 2005, que ratificaba la orden de derribo de las cuatro casas.
Crespí aseguró ayer que una vez obren en su poder los informes de Medio Ambiente -que, según dijo, se recibirán en pocos días- remitirá un escrito al Juzgado para informarle acerca de los procedimientos que se han iniciado desde el Ayuntamiento de Deià.
En la actualidad los chalés no están permanentemente habitados sino que son empleados como segunda residencia por ciudadanos extranjeros. Las viviendas se levantan en una zona conocida como Can Simó y, si bien fueron edificadas en base a licencias municipales, éstas han sido invalidadas por los Tribunales, que han llegado a desestimar hasta dos recursos de la propiedad y del propio gobierno municipal, que siempre se ha opuesto a la demolición.
Bien de Interés Cultural
Este lugar tiene consideración de Paraje Pintoresco desde 1972 y en 1985 se reconvirtió en Bien de Interés Cultural, entre otras figuras de protección declaradas en la zona. Fue en ese año cuando se parceló la finca de Can Simó y entre 1986 y 1988, el Consistorio otorgó 4 licencias de obras para las viviendas.
Ya en su día, la entidad ecologista presentó denuncias y recursos y en 1990 interpuso un contencioso. Dos años después el TSJB anuló los permisos y ordenó la demolición. En 1999, el Supremo ratificó la sentencia anterior y luego el Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por los promotores.
El Tribunal Superior dio un 'ultimátum' al alcalde hace 2 meses: o ponía en marcha el derribo en 60 días o le multaría con 600 E semanales Los 4 chalés fueron declarados ilegales por el Supremo
P. NICOLAU / E. COLOM
DEIÀ.- A pocos días de que expire el plazo «improrrogable» de dos meses que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) dictaminó a finales de enero para que se iniciara y tramitara el expediente de demolición de los cuatro polémicos chalés de Llucalcari, el alcalde de Deià, Jaume Crespí, sostuvo ayer que el Ayuntamiento ha puesto en marcha el proceso.
Según explicó, lo ha hecho solicitando un informe a la Conselleria de Medio Ambiente [Nota de Disúrbia: i això per què?] que detalle las prescripciones que deben seguirse antes y durante las labores de derribo. También se ha pedido un dictamen a «técnicos privados». Una vez tenga en su haber los requisitos necesarios, se licitará el proyecto de demolición que debería hacer efectivas las resoluciones del TSJB ratificadas en su día por el Supremo y acabar así por la vía más expeditiva un litigio que dura ya dos décadas.
Y es que sobre el dilatado expediente de los chalés pesa un ultimátum del propio TSJB dictado el pasado 26 de enero: o se iniciaban los trámites de demolición en dos meses o se multaría al alcalde con 600 euros mensuales los dos primeros meses y a partir de entonces la sanción pasaría a ser semanal y sin variar la cuantía «hasta el total y efectivo cumplimiento de la sentencia». Una resolución adoptada a raíz de los escritos del GOB al Tribunal advirtiendo que seguía sin acatarse el último auto de marzo de 2005, que ratificaba la orden de derribo de las cuatro casas.
Crespí aseguró ayer que una vez obren en su poder los informes de Medio Ambiente -que, según dijo, se recibirán en pocos días- remitirá un escrito al Juzgado para informarle acerca de los procedimientos que se han iniciado desde el Ayuntamiento de Deià.
En la actualidad los chalés no están permanentemente habitados sino que son empleados como segunda residencia por ciudadanos extranjeros. Las viviendas se levantan en una zona conocida como Can Simó y, si bien fueron edificadas en base a licencias municipales, éstas han sido invalidadas por los Tribunales, que han llegado a desestimar hasta dos recursos de la propiedad y del propio gobierno municipal, que siempre se ha opuesto a la demolición.
Bien de Interés Cultural
Este lugar tiene consideración de Paraje Pintoresco desde 1972 y en 1985 se reconvirtió en Bien de Interés Cultural, entre otras figuras de protección declaradas en la zona. Fue en ese año cuando se parceló la finca de Can Simó y entre 1986 y 1988, el Consistorio otorgó 4 licencias de obras para las viviendas.
Ya en su día, la entidad ecologista presentó denuncias y recursos y en 1990 interpuso un contencioso. Dos años después el TSJB anuló los permisos y ordenó la demolición. En 1999, el Supremo ratificó la sentencia anterior y luego el Constitucional rechazó el recurso de amparo presentado por los promotores.