 |
Causa general en el «caso Andratx»: Hacienda rastrea a 104 personas más, incluido Villar Mir |
(El Mundo, 22/03/2007)
A instancias de la Guardia Civil, el juez pide a la Agencia Tributaria auscultar las cuentas bancarias, los préstamos, las declaraciones de la Renta y Patrimonio y cualquier operación que haya pasado por un registrador o notario desde 2001 - También se fiscalizarán las transacciones con divisas o empresas ‘off shore’
ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- La Operación Voramar continúa en busca de pruebas. A los interrogatorios de los imputados y de los testigos hay que sumar ahora una nueva providencia del juez Álvaro Latorre en la que ordena a la Agencia Tributaria que investigue todos y cada uno de los movimientos fiscales y bancarios de otras 104 personas y empresas radicadas en el municipio.
La iniciativa del titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma se produce a petición de la Guardia Civil y comprende un periodo de 6 años. En este sentido el juez ha requerido toda la información existente desde el año 2001 hasta hoy. El volumen del caso Andratx engorda todavía más al incorporarse más empresarios, abogados y promotoras que operan o lo han venido haciendo en el municipio. El juez Latorre ha solicitado toda la información existente sobre el impuesto de la Renta; el de Actividades Económicas; el de Sociedades; el Patrimonial; el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y, por supuesto, del IVA.
Pero además ha requerido los movimientos registrados en las cuentas bancarias de las 104 personas y empresas así como una relación exhaustiva de todos sus préstamos hipotecarios e imputaciones tributarias.
Asimismo Latorre se ha interesado por las autoliquidaciones que hayan realizado durante los últimos años y sus contribuciones urbanas y rústicas. Pero la exigencia del juez a Hacienda todavía va más allá y pide que sean rastreados su actividad exterior, el tráfico de divisas, las operaciones con valores y los datos que obren en poder de notarios y registradores. El magistrado precisa a Hacienda que la información le sea entregada a medida que vaya siendo obtenida a la policía judicial de la Guardia Civil «tanto en soporte físico como soporte informático -Word, PDF, Excel-». Mientras el juez amplía la investigación, dos de los principales imputados en el caso Andratx continúan en prisión. El ex alcalde popular Eugenio Hidalgo y el celador municipal, Jaume Gibert, continúan a la espera de que el fiscal Anticorrupción les permita abandonar la cárcel palmesana.
Pese a que permanecieron 50 días en libertad tras el primer ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, los magistrados de la Audiencia de Palma consideraron que sí había peligro de que Hidalgo influyera en los testigos que quedaban por declarar. Para sustentar su decisión emplearon el contenido de tres pinchazos telefónicos, grabados antes de la detención del primer edil, en los que éste hablaba de un juez y mostraba su interés por acceder a otro magistrado aprovechando una fiesta. Mientras la puesta en libertad de ambos se prevé inminente sigue sin aparecer nuevas contra ambos.
A instancias de la Guardia Civil, el juez pide a la Agencia Tributaria auscultar las cuentas bancarias, los préstamos, las declaraciones de la Renta y Patrimonio y cualquier operación que haya pasado por un registrador o notario desde 2001 - También se fiscalizarán las transacciones con divisas o empresas ‘off shore’
ESTEBAN URREIZTIETA
PALMA.- La Operación Voramar continúa en busca de pruebas. A los interrogatorios de los imputados y de los testigos hay que sumar ahora una nueva providencia del juez Álvaro Latorre en la que ordena a la Agencia Tributaria que investigue todos y cada uno de los movimientos fiscales y bancarios de otras 104 personas y empresas radicadas en el municipio.
La iniciativa del titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma se produce a petición de la Guardia Civil y comprende un periodo de 6 años. En este sentido el juez ha requerido toda la información existente desde el año 2001 hasta hoy. El volumen del caso Andratx engorda todavía más al incorporarse más empresarios, abogados y promotoras que operan o lo han venido haciendo en el municipio. El juez Latorre ha solicitado toda la información existente sobre el impuesto de la Renta; el de Actividades Económicas; el de Sociedades; el Patrimonial; el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y, por supuesto, del IVA.
Pero además ha requerido los movimientos registrados en las cuentas bancarias de las 104 personas y empresas así como una relación exhaustiva de todos sus préstamos hipotecarios e imputaciones tributarias.
Asimismo Latorre se ha interesado por las autoliquidaciones que hayan realizado durante los últimos años y sus contribuciones urbanas y rústicas. Pero la exigencia del juez a Hacienda todavía va más allá y pide que sean rastreados su actividad exterior, el tráfico de divisas, las operaciones con valores y los datos que obren en poder de notarios y registradores. El magistrado precisa a Hacienda que la información le sea entregada a medida que vaya siendo obtenida a la policía judicial de la Guardia Civil «tanto en soporte físico como soporte informático -Word, PDF, Excel-». Mientras el juez amplía la investigación, dos de los principales imputados en el caso Andratx continúan en prisión. El ex alcalde popular Eugenio Hidalgo y el celador municipal, Jaume Gibert, continúan a la espera de que el fiscal Anticorrupción les permita abandonar la cárcel palmesana.
Pese a que permanecieron 50 días en libertad tras el primer ingreso en prisión el pasado mes de noviembre, los magistrados de la Audiencia de Palma consideraron que sí había peligro de que Hidalgo influyera en los testigos que quedaban por declarar. Para sustentar su decisión emplearon el contenido de tres pinchazos telefónicos, grabados antes de la detención del primer edil, en los que éste hablaba de un juez y mostraba su interés por acceder a otro magistrado aprovechando una fiesta. Mientras la puesta en libertad de ambos se prevé inminente sigue sin aparecer nuevas contra ambos.