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El pacto de Pollença dio una licencia irregular al líder del GOB Miquel Àngel March en 2000 para hacer obras en su finca |
(El Mundo, 22/03/2007)
El Ayuntamiento le autorizó a reformar la vivienda principal de l'Assarel sin obligarle antes a demoler sus construcciones ilegales - Un particular exige al Consistorio que sancione a March
M. A. RUIZ
POLLENÇA.- El Ayuntamiento de Pollença vulneró la legalidad urbanística al otorgar en junio de 2000 una licencia de obras al portavoz del GOB, Miquel Àngel March, para reformar la vivienda principal de su finca, l'Assarell, situada en el interior del Área Natural de Especial Interés (Anei) de la Serra de Tramuntana.
La alcaldesa socialista Francisca Ramon presidía en aquellos momentos la Corporación Municipal, mediante un pacto formado por el PSOE, el PSM y Unió Mallorquina. El departamento de Urbanismo, responsable de la concesión de esta licencia irregular, estaba dirigido entonces por el también socialista Pedro Capó.
Según consta en una denuncia administrativa presentada ante el Consistorio el pasado día 15, el Ayuntamiento no podía conceder dicha licencia de obra puesto que toda la parcela rústica estaba fuera de ordenación, al existir en ella al menos una construcción agrícola irregular, construida en los años 70 sin la preceptiva licencia.
Se trata, como ha informado EL MUNDO/El Día de Baleares, de una pequeña nave con cubierta de uralita que no aparece en las fotos aéreas de 1973 pero sí en la de 1979, por lo que habría sido edificada presuntamente en este lapso de tiempo.
Tribunal Superior
Por tanto, según el artículo 15 y la disposición transitoria segunda de la Ley de Suelo Rústico, el Ayuntamiento de Pollença no podía haber otorgado al portavoz del GOB la licencia de obras para reformar la vivienda principal de la finca, hasta que hubiera demolido esta nave ilegal o hubiera regularizado su situación. Sin embargo, el pacto de gobierno PSOE-PSM-UM le dio la licencia sin cumplir este requisito.
Así lo confirma también, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que en una sentencia firmada el 4 de mayo de 2001 indicó que «cuando el proyecto [presentado] se debe materializar sobre una realidad física ya alterada por unas obras ejecutadas sin licencia, antes deberán legalizarse tales obras y restaurar la legalidad urbanística en lo que sea necesario».
Como consecuencia de todo ello, la denuncia administrativa presentada el pasado día 15 pide al equipo de gobierno que ordene una inspección en la finca, abra un expediente de disciplina urbanística al portavoz del GOB y le imponga una multa económica que podría oscilar entre el 100% y el 200% del valor de las obras de reforma ejecutadas irregularmente.[Nota de Disúrbia: això no és possible mentre no s'anul·làs la llicència suposadament irregular... No està tipificat com a infracció penal o administrativa ser el beneficiari d'una autorització mal concedida.]
El importe declarado de estas obras fue de 21.873,5 euros (3,6 millones de pesetas) según la licencia concedida por el Consistorio en junio de 2000, aunque March tramitó posteriormente una modificación para actualizar el presupuesto. Esta cantidad estaba destinada a cambiar parte del techo de las cases del predio, así como construir un cuarto de baño y abrir un portal y una ventana en la fachada.
La nave agrícola a la que hace referencia esta denuncia no es la única construcción irregular que ha aparecido en la finca de Miquel Àngel March. Como ha informado este diario, el portavoz del GOB ha sido denunciado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Inca por un presunto delito contra la ordenación del territorio, por construir sin licencia en su finca de Pollença, que tiene la máxima protección medioambiental al estar en el interior del Anei de la Serra de Tramuntana.
Esta denuncia penal hace referencia a una «pocilga gallinero» -según las palabras empleadas por el propio March- que habría sido construida sin licencia entre 2002 y 2004 (la edificación aparece por primera vez en las fotos aéreas en este último año).
No sólo ello, sino que, según acreditan las fotos aéreas, March habría demolido parte de esta edificación el pasado mes de febrero, tras saber que había sido denunciado ante el juez, en un intento de destruir pruebas y ocultar sus irregularidades urbanísticas.
El Ayuntamiento le autorizó a reformar la vivienda principal de l'Assarel sin obligarle antes a demoler sus construcciones ilegales - Un particular exige al Consistorio que sancione a March
M. A. RUIZ
POLLENÇA.- El Ayuntamiento de Pollença vulneró la legalidad urbanística al otorgar en junio de 2000 una licencia de obras al portavoz del GOB, Miquel Àngel March, para reformar la vivienda principal de su finca, l'Assarell, situada en el interior del Área Natural de Especial Interés (Anei) de la Serra de Tramuntana.
La alcaldesa socialista Francisca Ramon presidía en aquellos momentos la Corporación Municipal, mediante un pacto formado por el PSOE, el PSM y Unió Mallorquina. El departamento de Urbanismo, responsable de la concesión de esta licencia irregular, estaba dirigido entonces por el también socialista Pedro Capó.
Según consta en una denuncia administrativa presentada ante el Consistorio el pasado día 15, el Ayuntamiento no podía conceder dicha licencia de obra puesto que toda la parcela rústica estaba fuera de ordenación, al existir en ella al menos una construcción agrícola irregular, construida en los años 70 sin la preceptiva licencia.
Se trata, como ha informado EL MUNDO/El Día de Baleares, de una pequeña nave con cubierta de uralita que no aparece en las fotos aéreas de 1973 pero sí en la de 1979, por lo que habría sido edificada presuntamente en este lapso de tiempo.
Tribunal Superior
Por tanto, según el artículo 15 y la disposición transitoria segunda de la Ley de Suelo Rústico, el Ayuntamiento de Pollença no podía haber otorgado al portavoz del GOB la licencia de obras para reformar la vivienda principal de la finca, hasta que hubiera demolido esta nave ilegal o hubiera regularizado su situación. Sin embargo, el pacto de gobierno PSOE-PSM-UM le dio la licencia sin cumplir este requisito.
Así lo confirma también, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que en una sentencia firmada el 4 de mayo de 2001 indicó que «cuando el proyecto [presentado] se debe materializar sobre una realidad física ya alterada por unas obras ejecutadas sin licencia, antes deberán legalizarse tales obras y restaurar la legalidad urbanística en lo que sea necesario».
Como consecuencia de todo ello, la denuncia administrativa presentada el pasado día 15 pide al equipo de gobierno que ordene una inspección en la finca, abra un expediente de disciplina urbanística al portavoz del GOB y le imponga una multa económica que podría oscilar entre el 100% y el 200% del valor de las obras de reforma ejecutadas irregularmente.[Nota de Disúrbia: això no és possible mentre no s'anul·làs la llicència suposadament irregular... No està tipificat com a infracció penal o administrativa ser el beneficiari d'una autorització mal concedida.]
El importe declarado de estas obras fue de 21.873,5 euros (3,6 millones de pesetas) según la licencia concedida por el Consistorio en junio de 2000, aunque March tramitó posteriormente una modificación para actualizar el presupuesto. Esta cantidad estaba destinada a cambiar parte del techo de las cases del predio, así como construir un cuarto de baño y abrir un portal y una ventana en la fachada.
La nave agrícola a la que hace referencia esta denuncia no es la única construcción irregular que ha aparecido en la finca de Miquel Àngel March. Como ha informado este diario, el portavoz del GOB ha sido denunciado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Inca por un presunto delito contra la ordenación del territorio, por construir sin licencia en su finca de Pollença, que tiene la máxima protección medioambiental al estar en el interior del Anei de la Serra de Tramuntana.
Esta denuncia penal hace referencia a una «pocilga gallinero» -según las palabras empleadas por el propio March- que habría sido construida sin licencia entre 2002 y 2004 (la edificación aparece por primera vez en las fotos aéreas en este último año).
No sólo ello, sino que, según acreditan las fotos aéreas, March habría demolido parte de esta edificación el pasado mes de febrero, tras saber que había sido denunciado ante el juez, en un intento de destruir pruebas y ocultar sus irregularidades urbanísticas.
La denuncia penal obliga a paralizar el expediente urbanístico
Tras tener conocimiento de los hechos denunciados, el actual alcalde de Pollença, el popular Bartomeu Cifre, anunció ayer a EL MUNDO/El Día de Baleares la voluntad del equipo de gobierno de instar a Miquel Àngel March a que regularice la situación de su nave agrícola ilegal.
Sin embargo, explicó, al Ayuntamiento no le quedará más remedio que paralizar toda la tramitación urbanística, hasta que el Juzgado de Instrucción número 4 de Inca resuelva la denuncia, también referida a estas obras ilegales, interpuesta contra Miquel Àngel March por presunto delito contra la ordenación del territorio.[Nota de Disúrbia: i segurament només per aquest motiu l'ajuntament ha incoat l'expedient, perquè sap que tanmateix no podrà fer res ;-)]
Independientemente de las consecuencias penales que pueda tener este proceso, el líder ecologista sólo podrá legalizar su nave agrícola si le hace un importante lavado de cara, ya que el Plan General de Ordenación Urbana de Pollença no permite que este tipo de edificaciones tengan cubierta de uralita (debe ser de teja árabe) ni que estén construidas con bloques de hormigón al descubierto.
A pesar de estas irregularidades urbanísticas, Miquel Àngel March encabezó el pasado sábado la manifestación convocada por el GOB y distintas entidades ciudadanas, que logró reunir a unas 30.000 personas en Palma, para protestar contra la política urbanística del Govern. March eludió pronunciarse sobre las irregularidades de su finca: «No diré ni una palabra hasta que se resuelva la denuncia presentada en los juzgados», indicó.