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Campos: el Defensor del Pueblo estudiará el frustrado ascensor de una finca de pisos |
(Diario de Mallorca, 18/03/2007)
Dos residentes se sienten "estafados" e "indefensos" y critican duramente al Ayuntamiento
T. OBRADOR. CAMPOS.
El Defensor del Pueblo, con sede en Madrid, tiene que pronunciarse sobre un conflicto urbanístico acontecido en el pueblo de Campos. La principal queja de toda la historia es la "falta" de un ascensor en un bloque plurifamiliar de viviendas. Gemma Sanz del Castillo y Miquel Bauçà compraron un piso y advirtieron al ayuntamiento de Campos y al Govern de la irregularidad cometida por parte de la promotora. El consistorio dio el final de obras al proyecto y los residentes afectados, que disponen de los planos originales en los que figura un ascensor, piden justicia.
Gemma Sanz del Castillo padece un grado de minusvalía del 67 por ciento. La pareja se siente perjudicada y lamenta el hecho de que el Ayuntamiento, dirigido por el alcalde Andreu Prohens, no haya actuado de forma coherente.
La cronología
La finca de pisos, situada entre la calle Antelmo Obrador y la Rambla, obtuvo la licencia municipal de obras en junio de 2003, con el requisito de que tenía que cumplir la ley 3/1993 así como el decreto 96/1994 de la comunidad autónoma sobre la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, entre otras normativas.
En diciembre de 2003 la constructora presentó la documentación para la modificación del proyecto básico con una anotación de que no se cambiaba el presupuesto. Mientras en el primer proyecto constaba un ascensor hasta el sótano, con dicha modificación desaparecía el cuestionado ascensor, sin que esto en concreto se detallase en la memoria descriptiva.
La pareja formada por Sanz y Bauçà asegura que en el contrato que firmaron en una inmobiliaria de la localidad existía, en los planos, un ascensor, en el bloque situado en la calle Antelmo Obrador, número 26.
No obstante, en marzo de 2005 la inmobiliaria reconoció que la constructora se llevó los planos y se había eliminado el ascensor. Inmediatamente, en abril, Bauçà fue al Ayuntamiento, comprobó que en los planos en vigor había el ascensor y se llevó unos planos sellados.
En agosto de 2006, Bauçà se entrevistó con el arquitecto del Ayuntamiento, quien manifestó que nunca hubo planos de la finca en los que se preveía un ascensor. Bauçà le mostró los planos sellados que poseía, y ese mismo mes volvió a hablar con el arquitecto. En esa ocasión, el funcionario le leyó el primer párrafo del artículo 23 de la ley 3/1993 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Bauçà le reprochó que olvidase leer todo el artículo, ya que en su conjunto le daba la razón.
En septiembre de 2006, los afectados remitieron, sin éxito, un segundo escrito a la principal institución municipal. Bauçà y Sanz deciden dar conocimiento del problema a Servicios Sociales de la conselleria de Presidencia del Govern, institución que comunicó la irregularidad al Ayuntamiento y también a la dirección general de Arquitectura y Vivienda. "Ni contestaron el alcalde ni la dirección general de Arquitectura y Vivienda del Govern", lamenta Bauçà.
Las últimas tramitaciones
En diciembre de 2006, los afectados enviaron un cuarto escrito al consistorio exigiendo explicaciones. Tampoco obtuvieron respuesta. Y el pasado mes de febrero, Bauçà y Sanz enviaron el expediente al Defensor del Pueblo, al considerarse "estafados" e "indefensos". El Ayuntamiento podría haber incurrido en prevaricación por conceder la licencia de final de obras.
Dos residentes se sienten "estafados" e "indefensos" y critican duramente al Ayuntamiento
T. OBRADOR. CAMPOS.
El Defensor del Pueblo, con sede en Madrid, tiene que pronunciarse sobre un conflicto urbanístico acontecido en el pueblo de Campos. La principal queja de toda la historia es la "falta" de un ascensor en un bloque plurifamiliar de viviendas. Gemma Sanz del Castillo y Miquel Bauçà compraron un piso y advirtieron al ayuntamiento de Campos y al Govern de la irregularidad cometida por parte de la promotora. El consistorio dio el final de obras al proyecto y los residentes afectados, que disponen de los planos originales en los que figura un ascensor, piden justicia.
Gemma Sanz del Castillo padece un grado de minusvalía del 67 por ciento. La pareja se siente perjudicada y lamenta el hecho de que el Ayuntamiento, dirigido por el alcalde Andreu Prohens, no haya actuado de forma coherente.
La cronología
La finca de pisos, situada entre la calle Antelmo Obrador y la Rambla, obtuvo la licencia municipal de obras en junio de 2003, con el requisito de que tenía que cumplir la ley 3/1993 así como el decreto 96/1994 de la comunidad autónoma sobre la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, entre otras normativas.
En diciembre de 2003 la constructora presentó la documentación para la modificación del proyecto básico con una anotación de que no se cambiaba el presupuesto. Mientras en el primer proyecto constaba un ascensor hasta el sótano, con dicha modificación desaparecía el cuestionado ascensor, sin que esto en concreto se detallase en la memoria descriptiva.
La pareja formada por Sanz y Bauçà asegura que en el contrato que firmaron en una inmobiliaria de la localidad existía, en los planos, un ascensor, en el bloque situado en la calle Antelmo Obrador, número 26.
No obstante, en marzo de 2005 la inmobiliaria reconoció que la constructora se llevó los planos y se había eliminado el ascensor. Inmediatamente, en abril, Bauçà fue al Ayuntamiento, comprobó que en los planos en vigor había el ascensor y se llevó unos planos sellados.
En agosto de 2006, Bauçà se entrevistó con el arquitecto del Ayuntamiento, quien manifestó que nunca hubo planos de la finca en los que se preveía un ascensor. Bauçà le mostró los planos sellados que poseía, y ese mismo mes volvió a hablar con el arquitecto. En esa ocasión, el funcionario le leyó el primer párrafo del artículo 23 de la ley 3/1993 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Bauçà le reprochó que olvidase leer todo el artículo, ya que en su conjunto le daba la razón.
En septiembre de 2006, los afectados remitieron, sin éxito, un segundo escrito a la principal institución municipal. Bauçà y Sanz deciden dar conocimiento del problema a Servicios Sociales de la conselleria de Presidencia del Govern, institución que comunicó la irregularidad al Ayuntamiento y también a la dirección general de Arquitectura y Vivienda. "Ni contestaron el alcalde ni la dirección general de Arquitectura y Vivienda del Govern", lamenta Bauçà.
Las últimas tramitaciones
En diciembre de 2006, los afectados enviaron un cuarto escrito al consistorio exigiendo explicaciones. Tampoco obtuvieron respuesta. Y el pasado mes de febrero, Bauçà y Sanz enviaron el expediente al Defensor del Pueblo, al considerarse "estafados" e "indefensos". El Ayuntamiento podría haber incurrido en prevaricación por conceder la licencia de final de obras.