Vigilando que las obras sean legales |
(Última Hora, 18/03/2007)
El 'caso Voramar' ha puesto a los celadores en un primer plano, aunque son reacios a hablar
M.MEDRANO/JOAN SAMPOL
El estallido del «caso Voramar» ha hecho que la figura del celador haya pasado a un primer plano. Aún así, en general, existe un desconocimiento ciudadano sobre la tarea de estos trabajadores presentes en todos los ayuntamientos de Mallorca. Los celadores, para muchos, son algo así como unos policías urbanísticos cuya carga laboral no para de aumentar sin que lleguen refuerzos.
A la hora de elaborar un reportaje sobre su día a día, estos profesionales se niegan a dar la cara y muy pocos acceden a divulgar su trabajo. Algunos, sin querer que se citen sus nombres, aseguran estar sometidos a fuertes presiones tanto de los políticos como de los constructores o de los propietarios.
No es el caso de Joan Campaner, el celador del Ajuntament de sa Pobla y uno de los más veteranos de Mallorca, que ha sido el único que ha accedido a aclarar cuáles son sus funciones.
Este pobler sostiene que el volumen de trabajo del gremio ha crecido mucho en los últimos años, porque «cuántas más obras, más informes, y más certificaciones para determinar la legalidad de las construcciones que luego compran por los ciudadanos». Aún así, niega que haya crecido el número de infracciones urbanísticas cometidas, al menos en el caso de sa Pobla. «Ahora la gente está más informada sobre la normativa, pero sucede como con los conductores. Se sabe que hay que llevar el cinturón puesto o que no se puede conducir en contra dirección o hablando con el móvil y, aún así, hay quienes continúan haciéndolo», dice. La formación de los celadores es de lo más diversa. Algunos son delineantes, otros aparejadores y en los casos de muchos municipios pequeños, simplemente gente sin formación que se ha presentado a la plaza que se ofertaba en busca de un trabajo fijo.
Como cualquier celador Campaner suele empezar su jornada laboral visitando las obras que se llevan a cabo en el pueblo e inspeccionando si la edificación y el uso del suelo se ajustan a las especificaciones del ordenamiento urbanístico. Así, vigila y controla la actuación de todos los agentes implicados en una construcción y en la utilización del suelo, y constata y denuncia todas las anomalías que observa. Una de sus prioridades es vigilar, controlar y detectar las obras o los actos que se llevan a cabo en el término municipal sin la oportuna licencia, o aquellas obras que se ejecutan sin ajustarse a la licencia que ha otorgado el Ajuntament.
Una vez detectadas las anomalías el celador informa por escrito al departamento correspondiente, generalmente al área de Urbanismo.
Al margen de esta rutina, el celador también se encarga de la tarea informar de las obras mayores y menores solicitadas. Para hacerlo las inspecciona y comprueba in situ que coincidan las superficies, el emplazamiento y los servicios.
El 'caso Voramar' ha puesto a los celadores en un primer plano, aunque son reacios a hablar
M.MEDRANO/JOAN SAMPOL
El estallido del «caso Voramar» ha hecho que la figura del celador haya pasado a un primer plano. Aún así, en general, existe un desconocimiento ciudadano sobre la tarea de estos trabajadores presentes en todos los ayuntamientos de Mallorca. Los celadores, para muchos, son algo así como unos policías urbanísticos cuya carga laboral no para de aumentar sin que lleguen refuerzos.
A la hora de elaborar un reportaje sobre su día a día, estos profesionales se niegan a dar la cara y muy pocos acceden a divulgar su trabajo. Algunos, sin querer que se citen sus nombres, aseguran estar sometidos a fuertes presiones tanto de los políticos como de los constructores o de los propietarios.
No es el caso de Joan Campaner, el celador del Ajuntament de sa Pobla y uno de los más veteranos de Mallorca, que ha sido el único que ha accedido a aclarar cuáles son sus funciones.
Este pobler sostiene que el volumen de trabajo del gremio ha crecido mucho en los últimos años, porque «cuántas más obras, más informes, y más certificaciones para determinar la legalidad de las construcciones que luego compran por los ciudadanos». Aún así, niega que haya crecido el número de infracciones urbanísticas cometidas, al menos en el caso de sa Pobla. «Ahora la gente está más informada sobre la normativa, pero sucede como con los conductores. Se sabe que hay que llevar el cinturón puesto o que no se puede conducir en contra dirección o hablando con el móvil y, aún así, hay quienes continúan haciéndolo», dice. La formación de los celadores es de lo más diversa. Algunos son delineantes, otros aparejadores y en los casos de muchos municipios pequeños, simplemente gente sin formación que se ha presentado a la plaza que se ofertaba en busca de un trabajo fijo.
Como cualquier celador Campaner suele empezar su jornada laboral visitando las obras que se llevan a cabo en el pueblo e inspeccionando si la edificación y el uso del suelo se ajustan a las especificaciones del ordenamiento urbanístico. Así, vigila y controla la actuación de todos los agentes implicados en una construcción y en la utilización del suelo, y constata y denuncia todas las anomalías que observa. Una de sus prioridades es vigilar, controlar y detectar las obras o los actos que se llevan a cabo en el término municipal sin la oportuna licencia, o aquellas obras que se ejecutan sin ajustarse a la licencia que ha otorgado el Ajuntament.
Una vez detectadas las anomalías el celador informa por escrito al departamento correspondiente, generalmente al área de Urbanismo.
Al margen de esta rutina, el celador también se encarga de la tarea informar de las obras mayores y menores solicitadas. Para hacerlo las inspecciona y comprueba in situ que coincidan las superficies, el emplazamiento y los servicios.