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Sant Josep: un jubilado se enfrenta a seis meses de prisión por hacer un gallinero en una zona protegida |
(Diario de Ibiza, 27/02/2007)
El acusado inició las obras de construcción meses antes de obtener la licencia del Ayuntamiento de Sant Josep
EIVISSA | S. P.
El terreno que debía servirle «para entretener la jubilación», porque no le gustan «ni el bar ni las cartas» podría costarle a P.G.R. seis meses de prisión y una multa de casi 2.200 euros si el Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa le considera culpable de un delito contra la ordenación del territorio después de haber construido una valla y un gallinero sin la licencia correspondiente.
El propio acusado reconoció en el juicio que había iniciado la construcción del muro y de la pequeña edificación en el verano de 2005, unos tres meses antes de que el Ayuntamiento de Sant Josep le concediera la licencia.
El acusado asegura que se le había comunicado que estaba concedida y que en ningún caso se le había informado de que los trabajos realizados no podían ser llevados a cabo porque su terreno se inscribiera dentro de un Área Natural de Especial Interés (ANEI).
Además de la multa, en caso de que el acusado sea considerado culpable, debería sufragar el coste del derribo de las obras realizadas de forma ilegal.
El acusado inició las obras de construcción meses antes de obtener la licencia del Ayuntamiento de Sant Josep
EIVISSA | S. P.
El terreno que debía servirle «para entretener la jubilación», porque no le gustan «ni el bar ni las cartas» podría costarle a P.G.R. seis meses de prisión y una multa de casi 2.200 euros si el Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa le considera culpable de un delito contra la ordenación del territorio después de haber construido una valla y un gallinero sin la licencia correspondiente.
El propio acusado reconoció en el juicio que había iniciado la construcción del muro y de la pequeña edificación en el verano de 2005, unos tres meses antes de que el Ayuntamiento de Sant Josep le concediera la licencia.
El acusado asegura que se le había comunicado que estaba concedida y que en ningún caso se le había informado de que los trabajos realizados no podían ser llevados a cabo porque su terreno se inscribiera dentro de un Área Natural de Especial Interés (ANEI).
Además de la multa, en caso de que el acusado sea considerado culpable, debería sufragar el coste del derribo de las obras realizadas de forma ilegal.