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Sant Josep: el GEN pedirá a Fiscalía que actúe en el derribo de Cala Pinet |
(Diario de Ibiza, 26/02/2007)
EIVISSA | REDACCIÓN
Recuerdan que cualquier persona puede solicitar la ejecución de la demolición
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) se declaró ayer «alucinado» por las declaraciones efectuadas por el alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, en las que consideraba innecesario ejecutar el derribo de los apartamentos ilegales Cala Pinet, pese a ordenarlo así una sentencia firme.
«Resulta obvio que las sentencias dictadas por los tribunales de justicia tienen la obligación de ser cumplidas y puntualmente ejecutadas, de otra manera nos encontraríamos ante una intolerable burla a la justicia y al Estado de Derecho», afirma un comunicado del GEN.
La misma nota anuncia que esta organización «solicitará a la Fiscalía, si es que no lo hace de oficio, que investigue a qué acuerdos para evitar la ejecución de la sentencia se está refiriendo el alcalde en sus declaraciones». Serra Escandell afirmó que gracias a un acuerdo privado entre el propietario, el denunciante y el Ayuntamiento podría omitirse este derribo.
El alcalde «no sólo habla de ignorar flagrantemente una resolución judicial con esta actitud, sino que, además, deja en el más absoluto desamparo a las personas perjudicadas por promotoras sin escrúpulos que construyen ilegalmente ante una sospechosa pasividad municipal», añade la nota.
El GEN recuerda que, frente a los «tratos y acuerdos» promovidos por el alcalde, «la legislación vigente dispone que serán nulos de pleno derecho las disposiciones y actos firmados por la Administración con la finalidad más o menos encubierta de legalizar obras declaradas ilegales o con licencias anuladas por sentencia». «Esto supone un clarísimo ejemplo de desviación de poder», agregan los ecologistas.
Además, el GEN advierte de que «la ejecución de las sentencias de demolición la puede solicitar cualquier persona al amparo de la acción pública, y no sólo la parte actora en litigio».
El comunicado agrega que «en un lugar civilizado es completamente impensable que puedan producirse noticias como esta, donde un alcalde se mofa abiertamente de los juzgados y de la ley. La situación es un claro ejemplo de lo que está pasando en esta isla, donde la corrupción da cada vez más muestras, no ya de existir en más o menos casos, sino de ser generalizada».
Por otra parte, el GEN aprovecha para recordar al alcalde de Sant Antoni, José Sala, en relación al caso Cretu, que un edil de Balears ha sido condenado a pagar multas de 600 euros semanales hasta que ejecute el derribo de una obra ilegal en su municipio.
EIVISSA | REDACCIÓN
Recuerdan que cualquier persona puede solicitar la ejecución de la demolición
El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) se declaró ayer «alucinado» por las declaraciones efectuadas por el alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, en las que consideraba innecesario ejecutar el derribo de los apartamentos ilegales Cala Pinet, pese a ordenarlo así una sentencia firme.
«Resulta obvio que las sentencias dictadas por los tribunales de justicia tienen la obligación de ser cumplidas y puntualmente ejecutadas, de otra manera nos encontraríamos ante una intolerable burla a la justicia y al Estado de Derecho», afirma un comunicado del GEN.
La misma nota anuncia que esta organización «solicitará a la Fiscalía, si es que no lo hace de oficio, que investigue a qué acuerdos para evitar la ejecución de la sentencia se está refiriendo el alcalde en sus declaraciones». Serra Escandell afirmó que gracias a un acuerdo privado entre el propietario, el denunciante y el Ayuntamiento podría omitirse este derribo.
El alcalde «no sólo habla de ignorar flagrantemente una resolución judicial con esta actitud, sino que, además, deja en el más absoluto desamparo a las personas perjudicadas por promotoras sin escrúpulos que construyen ilegalmente ante una sospechosa pasividad municipal», añade la nota.
El GEN recuerda que, frente a los «tratos y acuerdos» promovidos por el alcalde, «la legislación vigente dispone que serán nulos de pleno derecho las disposiciones y actos firmados por la Administración con la finalidad más o menos encubierta de legalizar obras declaradas ilegales o con licencias anuladas por sentencia». «Esto supone un clarísimo ejemplo de desviación de poder», agregan los ecologistas.
Además, el GEN advierte de que «la ejecución de las sentencias de demolición la puede solicitar cualquier persona al amparo de la acción pública, y no sólo la parte actora en litigio».
El comunicado agrega que «en un lugar civilizado es completamente impensable que puedan producirse noticias como esta, donde un alcalde se mofa abiertamente de los juzgados y de la ley. La situación es un claro ejemplo de lo que está pasando en esta isla, donde la corrupción da cada vez más muestras, no ya de existir en más o menos casos, sino de ser generalizada».
Por otra parte, el GEN aprovecha para recordar al alcalde de Sant Antoni, José Sala, en relación al caso Cretu, que un edil de Balears ha sido condenado a pagar multas de 600 euros semanales hasta que ejecute el derribo de una obra ilegal en su municipio.