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Andratx: PP y ALA no acataron la orden del Consell de revisar una licencia de una casa que los tribunales han declarado ilegal

(Diario de Mallorca, 24/02/2007)

MARISA GOÑI. PALMA.
El ayuntamiento de Andratx, con los votos de PP y ALA, se negó a revisar, como le ordenó el Consell, la nulidad de pleno derecho de una licencia concedida para la construcción de una vivienda unifamiliar que los tribunales de justicia han ordenado derribar y que puede costar patrimonio personal a los miembros del consistorio.

Los hechos se remontan a 1998, cuando Helmut Hans y Rosa Baack piden licencia para hacer una casa con piscina en el Camí es Girgolar, una zona de interés paisajístico (ARIP). El ayuntamiento, dirigido por la ahora consellera de Agricultura, Margalida Moner, envió la documentación al Consell para el preceptivo informe, que resultó en principio favorable, ya que el expediente señalaba que la parcela tenía 34.324 metros cuadrados y superaba los 30.000 exigidos por ley para poder obtener derechos edificatorios. Posteriormente, un vecino de la zona, representado por el abogado José Carrillo, denunció que la superficie de la parcela era inferior a los 30.000 metros, según documentación catastral y exigió la revisión de la licencia. El ayuntamiento no contestó al contencioso administrativo y el Consell inició una investigación. Estudios técnicos de la institución insular acreditaron que la parcela tenía 26.961 metros cuadrados. El 2 de febrero de 2000 el ayuntamiento de Andratx recibió una notificación de la Comisión Insular de Urbanismo instando a la revisión por nulidad de pleno derecho. En octubre, el grupo socialista de Andratx presentó una moción pidiendo la revisión de oficio. Obtuvo el apoyo de UM, pero fue derrotada al imponerse la mayoría PP-ALA. Socialistas y uemitas abandonaron el pleno en señal de protesta

El denunciante acudió a los tribunales. La magistrada de lo contencioso administrativo número 1, Carmen Frigola, le dio la razón en 2002. El ayuntamiento y los promotores de la obra recurrieron al Tribunal Superior y éste volvió a dar la razón al denunciante en 2005. La magistrada Frigola ha dictado este mes un nuevo auto obligando al ayuntamiento a cumplir la sentencia e instar al derribo la casa en el plazo de seis meses. Si no lo hace, los concejales pagarán con su patrimonio a razón de 600 euros al mes los tres primeros meses de incumplimiento y 600 semanales los siguientes hasta que se cumpla lo acordado. Cabe recurso.

2007-02-24 | Etiquetes: | Categories: Mallorca | Enllaç

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