(Diario de Mallorca, 28/01/2007)

I. OLAIZOLA. PALMA.
El caso Andratx se asemeja al juego del Monopoly, ese divertimento de mesa para tardes invernales en que la familia se reunía en torno a una mesa y especulaba con terrenos y compraba y edificaba casas y hoteles al son del cubilete. Pero no estamos ante un juego inocuo sin consecuencias. Se habla de licencias falsas, cohechos, destrucción del territorio...

Y enriquecimientos ilícitos. Los patrimonios de los dos principales imputados en el caso Andratx, el ex alcalde del municipio de Ponent, Eugenio Hidalgo, y el celador municipal, Jaime Gibert, aumentaron de forma inusual. De una manera tan sospechosa que fue uno de los principales argumentos esgrimidos por la fiscalía anticorrupción en el recurso presentado contra su puesta en libertad que se verá mañana en la Audiencia provincial.

Así, en el caso del ex primer edil, según datos aportados por el ministerio fiscal y sustentados en las investigaciones realizadas por Hacienda, su patrimonio aumentó en 585.000 euros en los últimos cinco años que se desglosan de la siguiente manera: en 2001 la base imponible del impuesto de patrimonio se incrementó en más de 220.000 euros; un año después, ésta aumentó en 59.301; en 2003, la base imponible disminuyó en 278.555 para aumentar en 541.678 el ejercicio posterior. Finalmente, en 2005, el incremento patrimonial del ex alcalde y de su empresa aumentó en 43.400 euros. Todo ello arroja un saldo positivo a favor del ex primer edil de 585.824 euros.

En el caso del celador municipal, un trabajo que le reportaba unos ingresos de unos 20.000 euros anuales, los gastos que afrontó Gibert llevan a pensar que se está ante un genio de las finanzas. Ni siquiera la tienda de ropa infantil que su mujer, Antonia Garí, tiene en el centro de Palma y que el propio celador municipal calculó que generaba un volumen de negocio de cien millones de las antiguas pesetas al año, justifica para la fiscalía la renta obtenida por el imputado ya que en ésta el propio ministerio fiscal ya había valorado la aportación del citado establecimiento. De la misma manera que la acusación no consideró convincente achacar el incremento patrimonial del ex alcalde a los premios de lotería y al patrimonio preexistente.

De cualquiera de las maneras en que lo obtuviese, Jaime Gibert adquirió un vehículo valorado en 25.777 euros (tuvo unos ingresos anuales de 19.383) en 1999; en 2000 compra una embarcación por 53.542 euros, suscribe un fondo de inversión por 24.040 euros y adquiere valores por 1.248 euros. Este año su nómina sumó 20.231 euros. El año siguiente suscribe un fondo de inversión por 15.025 euros (ingresos de 22.000 euros).

En 2002 adquirió fondos de inversión por 10.517 euros y, tras enajenar 52.060 euros de inversión, adquiere valores por 55.541 euros. A mediados de octubre (día 14) de ese año vendió 39.058 euros de inversión y, el mismo día, adquirió una vivienda por 156.263 euros (ingresos: 21.500 euros). Al año siguiente, sus ingresos de 23.540 euros le permitieron adquirir un fondo de inversión por 20.000 euros y aparece como titular de seis inmuebles.

En 2004 se le imputaron pagos por 52.000 euros , adquirió un vehículo de 38.239 euros y suscribió valores por 35.000 euros (ingresos declarados de 22.000 euros). Por último, en 2005, estiró sus magros ingresos de 24.800 euros para adquirir un barco de 123.925 euros, se le imputaron pagos por más de 13.000 euros , aportó a fondos de inversión casi 100.000 euros, suscribió valores por más de 201.500 euros y adquirió terreno rústico por 16.700 euros.

Esta adquisición de terrenos en zonas rústicas que, tras su recalificación prevaliéndose de sus cargos en el ayuntamiento, eran vendidos a precios muy superiores es una de las principales hipótesis que maneja la fiscalía sobre el modus operandi de los imputados, que también se habrían dedicado a la promoción e intermediación inmobiliaria.

También se tiene la certeza de que el celador emitió numerosos certificados falsos en los que hacía constar la preexistencia de casas que en realidad no existían y que el por entonces alcalde "no podía por menos que conocer, tolerar y admitir dicha conducta", según explicitaba anticorrupción en su recurso contra la puesta en libertad de los dos principales encausados.

Además, con la emisión de estos certificados falsos, posibilitan la construcción en lugares que las normas de protección del territorio lo impedían.

Toda esta trama de recalificaciones, licencias falsas, construcciones en áreas protegidas, empresas interpuestas y beneficios no declarados han salpicado a una pléyade de personajes de la isla. Y de todos los ámbitos. Desde el político al municipal, pasando por profesionales liberales y hombres de negocios. Estos son algunas de las personas que, de una manera u otra, han intervenido o se han visto salpicadas por el ya denominado caso Andratx.

POLITICOS

• Jaume Matas. El presidente del Govern mantuvo una reunión con el ex alcalde imputado y el conseller de Interior, José María Rodríguez, el sábado 25 de noviembre a las seis tarde en el Consolat de Mar, cuarenta horas antes de producirse la detención de Hidalgo. Encuentro del que no ha dado satisfactorias explicaciones, según la oposición, y que sólo admitió haber mantenido el viernes 1 de diciembre, cinco días después del arresto del ex primer edil y horas después de que éste prestara declaración ante el juez asistido por el letrado Rafael Perera, abogado titular del PP. Pidió una reunión con el fiscal general del Estado y, curiosamente, al día siguiente se levantaron las escuchas telefónicas a las que era sometido su conseller de Interior.


• José María Rodríguez. El conseller de Interior afirmó que en las reuniones que mantuvo con Hidalgo el sábado 25, a las 9.30 de la mañana en solitario en el Meliá Victoria y por la tarde junto a Matas en la sede del Govern, lanzó un mensaje claro al ex primer edil: si las imputaciones que se le hacían eran de mayor gravedad que las que ya pesaban sobre él, debería presentar su dimisión. Su teléfono fue pinchado días después por orden judicial a petición de la fiscalía. Más tarde, el juez decidió excluir estas grabaciones del sumario del caso Andratx. Por el pinchazo efectuado en el teléfono de Hidalgo se supo que el conseller le llamó la misma mañana en la que éste fue detenido.


• Mabel Cabrer. La consellera de Obras Públicas se alineó con el sector del PP de Andratx que propugnaba, en contra de la por entonces alcaldesa Margalida Moner, reeditar en las elecciones de 2003 el pacto de la legislatura anterior con la Agrupación Liberal de Andratx (ALA) de Hidalgo. Más tarde se supo que Hidalgo concedió en un inusual plazo de 48 horas dos licencias al suegro de la consellera para efectuar mejoras en su domicilio de la calle Cristóbal Colón del Port de Andratx. Mabel Cabrer está empadronada en este mismo domicilio.


• Margalida Moner. La por entonces alcaldesa de Andratx tuvo que dimitir de su cargo al negarse a seguir gobernando con Hidalgo, por el que apostaba el denominado sector joven del PP de Andratx en el que descollaban, entre otros, Mabel Cabrer y el actual alcalde accidental, Jaume Porsell. Matas la recompensó otorgándole en esta legislatura la conselleria de Agricultura.


• Jaume Massot. Tuvo que dimitir como director general de Ordenación del Territorio. Imputado. Se le considera el cerebro gris de toda la trama de corrupción urbanística.


• Joan Carmel Massot. Director general de Relaciones Institucionales con Europa. Está imputado por la fiscalía anticorrupción en varios delitos. El ministerio fiscal le relaciona con una licencia para la construcción irregular de un chalé en una zona protegida de Andratx. Joan Carmel Massot recordó que cuando se otorgó esta licencia, el 30 de julio de 2004, ya no era concejal del ayuntamiento de Andratx.

AYUNTAMIENTO

• Eugenio Hidalgo. También tuvo que dimitir del cargo de alcalde. Ha gobernado en Andratx con todo el arco parlamentario mallorquín. Está imputado por negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, falsedad documental, delito contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.


• Jaume Porsell. Alcalde. Promovió junto a la consellera Cabrer el pacto con ALA. Admitió que se reunió con Hidalgo la mañana del domingo 26 de noviembre, cuando éste acudió al ayuntamiento para, al parecer, hacer desaparecer documentación comprometedora. Admite que, junto a su padre, tiene una sociedad inmobiliaria en el municipio.


• Isabel Alemany. Portavoz de UM en el municipio e impulsora de gran parte de las denuncias formuladas contra el ex alcalde. Le demandó por el cierre de un aparcamiento de su propiedad en Sant Elm. Hidalgo pidió ayuda a Rodríguez para cerrárselo. Un miembro de su familia tiene intereses en Cala Blanca, zona que todos los grupos políticos coinciden en preservar.


• Josep Bestard. Actual director insular de Información turística del Consell y candidato a la alcaldía por UM esta legislatura. Hidalgo le abrió un expediente por una presunta ampliación de su finca rústica para albergar unos establos.


• Aina Maria Porcel. Portavoz del PSOE en el ayuntamiento. Denunció que el suegro de Cabrer obtuvo una licencia para una reforma mientras que el alcalde le paralizó una obra muy cercana a ésta.


• Gabriel Puigserver. Concejal del PSM. Remodeló una casa de su propiedad en una zona ANEI hace doce años. Hidalgo reactivó el expediente de infracción urbanística cuando arreciaban los ataques contra él.


• Maria Porcel. Regidora de UM. Está imputada en el subcaso Janet Shanahan, una presunta venta en zona ARIP.

FUNCIONARIOS

• Jaime Gibert. Celador de obras del ayuntamiento. En libertad bajo fianza de 60.000 euros. Como el alcalde, está imputado por negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, falsedad documental, delito contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.


• María Isabel Seguí. Ex asesora urbanística del ayuntamiento. Imputada. La prueba más sólida que tiene la fiscalía anticorrupción. En su declaración ante el juez nombró a una serie de arquitectos, promotores, constructores y dueños de viviendas implicados en la trama urbanística. También facilitó nombres de personas que habían entregado dinero a cambio de favores urbanísticos.


• Cinta Moyá. Jefa en funciones del área de urbanismo y una de las principales testigos. Está imputada.


• Ignacio Mir. Abogado asesor del ayuntamiento. Aparece vinculado a varias de los expedientes investigados por la fiscalía. Imputado.

ARQUITECTOS Y EMPRESARIOS

• Miguel Arenas. Socio de Hidalgo. Arquitecto y promotor técnico de obras investigadas. Imputado.


• Miguel Miralles. Empresario y abogado no ejerciente. Administrador de las sociedades Inversiones Brujas y Spanish Investment. Imputado.


• Manuel Zapata. Empresario vinculado a sociedades como Prollamp de Ponent o Proyectos Promestar SL. Presuntamente forma parte de la trama empresarial para camuflar los beneficios del urbanismo ilegal o invertir beneficiándose con información privilegiada y trato de favor municipal. Imputado.


• Antònia Garí. Mujer de Jaime Gibert propietaria de una tienda infantil en el centro de Palma. Un tercio de la sociedad Prollamp de Ponent estaba a su nombre. Imputada.


• Antonio Mascaró. Imputado. Compró Prollamp de Ponent a través de dos sociedades interpuestas: Spanish Investments e Inversiones Brujas, administradas por Miguel Miralles.


• Familia de constructores de Andratx. E. M., su esposa M.G. y el hijo P.M.G. están siendo investigados por el entramado urbanístico.

ASESORES

• Santiago Muñoz Machado. Responsable del gabinete jurídico contratado por el Govern para poner orden en el ayuntamiento. Imputado en al menos cinco delitos fiscales en el llamado caso Telecinco por un presunto fraude en el proceso de compraventa de acciones de la cadena entre 1990 y 1993.


• Tomás Ramón Fernández. Catedrático contratado por Hidalgo y ratificado después por Porsell para realizar un informe jurídico sobre las viviendas de Momport. Vinculado a Banesto, vendió sus acciones poco antes de la intervención de la entidad por el Banco de España. Es compañero de departamento del anterior.

GOB

• Organización ecologista impulsora de la mayoría de las denuncias por infracciones urbanísticas en el municipio de Ponent. Hidalgo contraatacó paralizando las obras del grupo verde en la Trapa.

POR PRESUNTA FALSEDAD DOCUMENTAL:

• Caso Janet Shanahan (expediente de legalización de reforma y ampliación de vivienda). A Janet Shanahan se le concedió una licencia de reforma y ampliación de una vivienda que no existía. En esos terrenos tan sólo hay constancia de la existencia de unas ruinas de unos muros que no formaban parte de vivienda alguna. Las fotos aéreas evidencian la discrepancia entre la nueva vivienda construida y las ruinas, lo que descarta por completo una reforma.


• Expedientes 168/99 y 169/99 para rehabilitar una vivienda existente. No existía vivienda. Se demolieron las ruinas existentes y se construyeron dos nuevas viviendas de 140 metros cuadrados cada una en zona ARIP (Área Rural de Interés Paisajístico) sin que la vivienda tuviera la dimensión mínima exigida. Todo, con la certificación del celador.


• Caso Juana Ana Pujol Palmer o Contencioso. El ayuntamiento concedió cambio de licencia de un suelo rústico ANEI (Área Natural de Especial Interés), ARIP-Boscoso y ARIP. Existe sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma declarando nula dicha licencia por inexistencia de una vivienda anterior.


• Caso Stefan Beltzig. Licencia de ampliación de vivienda aislada unifamiliar concedida a Stefan Beltzig. El celador certificó el 29 de julio de 2005 que existía una vivienda con una antigüedad anterior a 1 de marzo de 1987 que las fotos han demostrado que no existía.


• Caso María Jesús González Ballesteros. Licencia de ampliación de vivienda unifamiliar aislada. El celador certificó que existía una edificación anterior con una antigüedad superior a 20 años. Tanto la técnica municipal. María Isabel Seguí, como el letrado asesor, Ignacio Mir, emitieron informes favorables.


• Caso Carmen Boix Catalá. Licencia de ampliación concedida justificándola en una edificación con una antigüedad anterior a 1 de marzo de 1987 inexistente como demostraron las imágenes aéreas.


• Licencia concedida para ampliar y reformar vivienda unifamiliar en la parcela 43 del polígono 10, zona de suelo rústico ARIP. Las fotos atestiguan que las dos nuevas construcciones no están emplazadas sobre las dos antiguas edificaciones de apenas 15 metros cuadrados.


• Caso Corró Truyols. Juan María Corró Truyols solicitó, y obtuvo, una licencia para cerramiento, repicado de fachada y cambio de cañizo por bovedillas de barro. En realidad construyó una vivienda unifamiliar aislada en zona ANEI. Los técnicos municipales certificaron primero que era zona ARIP (menor protección que la anterior para evitar el control del Consell) y, ante la intervención de los agentes medioambientales y la paralización de la obra, la calificación se rebajó hasta suelo rústico común. Además, se certificó la existencia de una vivienda anterior a 1956.


• Caso María Moner Valent. Autorización de ampliación de vivienda en suelo rústico ARIP en un terreno que no existía tal edificación.


• Caso Cándido Sánchez Tornero. Nueva autorización de ampliación de vivienda en suelo rústico ARIP en un terreno que no existía tal edificación.


• Caso Peter Sutton Grahame. Licencia de ampliación de vivienda y construcción de piscina en la parcela 308 del polígono 14 de suelo rústico ANEI en un terreno en el que no existía previamente vivienda, sino tan sólo dos pequeñas construcciones.


• Caso Elsa Graciela Miñán Alvarez. Licencia de ampliación de vivienda en la parcela 76 del polígono 13 de suelo rústico ANEI en la que no existía previamente construcción alguna.


• Caso Melanie Sutter-Wey. Licencia para reforma de vivienda y piscina en la parcela 7 del polígono 7 de suelo rústico ARIP en la que no existía antes edificación alguna.


• Caso Luis y Juan José Abasolo Pérez. Licencia para reformar y ampliar vivienda de las parcelas 174 y 175 del polígono 10 de suelo rústico ARIP, ARIP-Boscoso y ANEI. Jaime Gibert y Jaume Massot, por entonces director general de Ordenación del Territorio, certificaron que existía una vivienda anterior a 1987 que ni en la foto de 1998 ni en la SIGPac de 2003 aparecían por lugar alguno.


• Caso Sebastián Roca Albertí y Margarita Ferrer Costa. Licencia para reformar y ampliar vivienda en la parcela 213 del polígono 13 de suelo rústico ARIP y ARIP-Boscoso donde no existía tal edificación.


• Licencia para reformar y ampliar vivienda inexistente en la parcela 56 del polígono 12 de suelo rústico ARIP.


• Caso Sebastián Moner Parets o Construccions Més Totxos S.L. El consistorio permitió la construcción de una vivienda de nueva planta en el camí de Son Avidala número 18 en la parcela 211 del polígono 15 en suelo rústico ANEI dando una licencia que manifestaba falsamente que se trataba de suelo ARIP. Contó con certificaciones de Jaume Massot, Ignacio Mir, asesor jurídico del Ayuntamiento, de la comisión de Gobierno presidida por Hidalgo y de un informe de infracción firmado por María Isabel Seguí en el que se dejó en blanco la clasificación del suelo además de un informe favorable del arquitecto municipal Jaime Brunet en cuanto que el suelo es ARIP.


• Caso Inversiones Juanga S.L. Licencia para modificación y ampliación de la vivienda número 5 ubicada en las parcelas 63 y 73 del polígono 11 que se tradujo en cinco viviendas aisladas con piscina. En la información del SIG Oleícola Español correspondiente al mes de abril de 1998 se puede comprobar que tan sólo existe una sola edificación en la parcela 73. En 2003, mediante las fotos del sistema SIGPAC de abril de 2003, se puede apreciar la existencia de varias grandes construcciones en las parcelas referidas. Estas, ubicadas en zona rústica común, tenían una superficie de 4.566 m2 y 9.045 m2, respectivamente, por lo que no tenían posibilidad legal de edificación al ser necesarios en este tipo de terrenos una superficie mínima de 14.000 m2.


• Caso sa Rota Fonda S.L. Licencia para reforma y ampliación de vivienda inexistente en la parcela 62 del polígono 4 clasificada como ANEI.


• Caso Agustín Sánchez Ruíz-Isabel Ramírez Artigao. Prórroga de licencia para rehabilitación de un edificio que se demostró inexistente en la parcela 296 del polígono 14 de zona ANEI.


• Caso Hans Schuischel. Licencia para reforma y rehabilitación de vivienda unifamiliar que se demostró inexistente ubicada en la parcela 469 del polígono 15 clasificada como ARIP-Boscoso y ARIP en el Plan Territorial de Mallorca (PTM).


• Caso Profesional de Interservices S.L. Licencia para reforma y ampliación de vivienda unifamiliar que se demostró inexistente ubicada en la parcela 48 del polígono 10 clasificada como zona ARIP.


• Caso Selina Scott. Legalización de la reforma de vivienda unifamiliar y piscina en el Camí des Castellàs 40, en la parcela 236 del polígono 14, que se demostró inexistente y que está ubicada en zona ANEI.


• Caso Hans Schuischel. Licencia para ampliación de vivienda unifamiliar que se demostró inexistente en la parcela 437 del polígono 15 calificada como zona ARIP. Con posterioridad a la licencia de 2001 se produce una segregación de 2.094 m2 de la parcela 159 colindante pese a estar prohibido por ley.


POR PRESUNTO DELITO CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO:

• Caso Antonio Belén Roig. Licencia municipal para cambiar cañas por resillas sin afectar a elementos estructurales en una pequeña caseta de 20 m2. Se informó favorablemente expresando que era suelo rústico protegido ARIP cuando la parcela estaba clasificada como no urbanizable con categoría ANEI.


• Expediente de legalización de reforma de vivienda que supuso reforma integral, construcción y cambio de uso en una zona ANEI.


• Concesión de licencia de rehabilitación de vivienda existente en zona ARIP. Se concedió licencia para una finca de 887 m2 cuando la superficie mínima debe ser de 30.000 m2.


• Caso Antonio Enseñat Bauzá. Licencia para la ampliación de vivienda y construcción de piscina en una zona ANEI que se certificó que era ARIP.


• Caso Zara Catherine Daly. Licencia de obra mayor de ampliación de vivienda en zona ANEI.


• Caso Margarita Riera Manresa. Licencia para la construcción de piscina anexa a vivienda y aljibe en dos parcelas que se permitió computar como una cuando existe un camino público que las divide y por separado las dos parcelas no reúnen la superficie mínima legal.


• Caso Collin Robert Irving. Licencia en zona ARIP para una piscina que no se aprecia en la Ortofoto de 2003. Se permitió una nueva construcción no autorizada.


• Caso Profesional Interservices S.A. Autorización de viviendas plurifamiliares en suelo rústico. El arquitecto de la promoción es socio del alcalde y del celador en las sociedades Langeland SL, Sandborg SL y Soltoft Balear SL.


• Caso Petra Kuhne. Certificado de final de obra para las varias edificaciones con piscina levantadas en las parcelas 148, 149 y 150 del polígono 10 incumpliéndose la norma de porcentaje de ocupación además de que no se permite más de una vivienda por parcela.


• Caso SEBAI SL. Licencia para construir vivienda en la parcela 102-2 del polígono 13 catalogada como suelo rústico ARIP y ARIP-Boscoso y modificación de licencia. Se construyeron 3 edificaciones.


• Caso Sebastián P. Pou Font. Licencia para ampliar y reformar vivienda en zona ARIP. Se ampliaron las construcciones y se construyó además piscina y pista de tenis.


• Caso Manuel Villoslada Pérez y Rosa Navarro Muñoz. Licencia para construir una vivienda en suelo ARIP que se clasificó como urbano intensivo.


• Caso Palmita S.L. o Josep Eugeni Torrens Fortuna. Legalizó la construcción de una vivienda, aljibe y casa prefabricada de madera en una zona ANEI.


• Caso Carlos Hidalgo Garcés o Restaurante Il Grillo. Permiso para que el hermano del alcalde construyera un restaurante de nueva planta en la Avenida Gabriel Roca 13, una zona ANEI.


• Caso Inversiones Juanga S.L. Licencia para modificación y ampliación de vivienda y cambio posterior de la licencia que permitió construir cinco viviendas con piscina en rústico común cuando anteriormente sólo existía una edificación.


• Caso Antonia Vich Bisbal. Licencia para edificar vivienda en zona ARIP que no tenía las dimensiones requeridas.


• Caso TUSET N 19 S.A. Autorización para construir 6 edificios de apartamentos en la Aldea Blanca, esquina Cala Egos del Port de Andratx (Camí des Pla de Son Llarg) estando la parcela clasificada como suelo rústico común.


• Caso Mercedes-Amanda Alorda Fons. Licencia para reforma y ampliación de vivienda en zona ANEI, ampliación inviable en estas zonas protegidas según la legislación vigente.


• Caso Andreas Rudolph Vermogensvewaltung Gmbh. Licencia para construir vivienda en zona ARIP que no reunía las dimensiones requeridas.


• Caso Miguel Terrasa Bestard. Licencia para edificio de viviendas, local y piscina en zona rústica. Pese a que con dicha clasificación y dimensiones de la parcela no era posible tal edificación, en la actualidad está ya ejecutada en su totalidad.


• Caso Albert Steigeberger. Licencia para modificar una vivienda que se demostró inexistente en una parcela rústica que no alcanzaba las dimensiones legales.


• Caso Contratas Altaya. Licencia para construcción de edificio plurifamiliar en la calle Escultor Onofre Alemany 29 catalogado como ARIP. En el PTM no existía dicho número 29, sino que se trataba de la parcela 252 del polígono 16 de suelo ARIP.


• Caso Contratas Altaya(2). Licencia para construcción de una vivienda plurifamiliar en la calle Escultor Onofre Alemany 27 catalogado como ARIP. En el PTM no existía dicho número 27, sino que se trataba de la parcela 253 del polígono 16 de suelo ARIP.


• Caso Pérez Massot Alemany. Licencia para construir vivienda en la calle Escultor Onofre Alemany s/n que se trataba de zona ARIP.


• Caso Profesional de Interservices S.L. Licencia para la construcción de dos edificios plurifamiliares con piscina en la calle Romaní, cuando toda esta vía es zona ARIP que no permite la edificación de plurifamiliares.


• Caso Francisco Xamena Lamas. Licencia para piscina anexa en suelo ARIP y ARIP-Boscoso en el que la ocupación no puede exceder del 4%.


• Caso Ursula Klein. Licencia para vivienda y piscina en zona rústica que no alcanza las dimensiones legales.


• Caso Obras y Promociones Alemany Ferrer S.L. Licencia para construir tres viviendas adosadas en la calle Escultor Onofre Alemany s/n que el PTM señala como zona ARIP.


• Caso Construcciones CAVI S.L. Licencia para siete edificios plurifamiliares de viviendas de protección pública y aparcamientos de nueva planta en la calle Son Prim s/n. Se certifica que es suelo urbano cuando el PTM lo señala como ARIP.


• Caso KILISELVO S.L. Licencia para vivienda unifamiliar con piscina en una zona ARIP-Boscosa.


• Además, por el momento, la fiscalía ha ampliado los subcasos investigados a una actuación en la parcela 437 del Polígono 15 y a otra en la parcela 189 del mismo polígono.