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Andratx: el fiscal pide que Hidalgo deposite una fianza de casi 40 millones de euros |
(Diario de Mallorca, 25/01/2007)
Anticorrupción prevé que todas las viviendas ilegales tendrán que ser demolidas
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
La fiscalía anticorrupción ha solicitado al juez del caso Andratx, el presunto entramado de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad, que exija al ex alcalde conservador de dicha localidad, Eugenio Hidalgo, una fianza de casi 40 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de los cerca de sesenta delitos urbanísticos y cohechos objeto de investigación. El ministerio fiscal apunta que, en caso de condena firme por este rosario de delitos y pelotazos, todas las mansiones, chalés, pisos y demás viviendas ilegales tendrían que ser demolidas, lo que obligaría a pagar indemnizaciones millonarias a las familias que las hubiesen comprado sin formar parte de la trama delictiva.
La fiscalía anticorrupción ha solicitado al juez Álvaro Latorre que establezca una fianza de 39,926 millones de euros para Hidalgo, defendido por Rafael Perera, para garantizar el pago de compensaciones por todos los delitos que habría cometido en el caso Andratx. Así Carrau y Pere Horrach han calculado que el ex alcalde del Partido Popular debería pagar 1,829 millones de euros por los supuestos pelotazos que dio junto a otros imputados mediante promociones inmobiliarias particulares, lo que ha tipificado como supuestos delitos de negociaciones prohibidas.
Los fiscales piensan que Hidalgo también recibió sobornos (cohechos) por 1,108 millones de euros. Pero el grueso del supuesto daño económico causado por la trama de corrupción serían los delitos contra la ordenación del territorio (urbanismo ilegal y a la carta) y las falsedades documentales, irregularidades en las que habría tenido un papel importante el celador municipal de obras de Andratx, Jaime Gibert, otro de los principales implicados.
Aumento y embargo
El ministerio público supone que esos delitos conllevarían una responsabilidad civil de casi 30 millones de euros (29,94). Todos estos capítulos serían incrementados, como manda la Ley, en un tercio mas, lo que daría la suma de 39,92 millones de euros reclamada. La fiscalía pide al juez que embargue bienes de Hidalgo por esta suma y anuncia que la fianza podría aumentar al aparecer nuevos delitos dentro de las investigaciones.
Anticorrupción prevé que todas las viviendas ilegales tendrán que ser demolidas
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
La fiscalía anticorrupción ha solicitado al juez del caso Andratx, el presunto entramado de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad, que exija al ex alcalde conservador de dicha localidad, Eugenio Hidalgo, una fianza de casi 40 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles de los cerca de sesenta delitos urbanísticos y cohechos objeto de investigación. El ministerio fiscal apunta que, en caso de condena firme por este rosario de delitos y pelotazos, todas las mansiones, chalés, pisos y demás viviendas ilegales tendrían que ser demolidas, lo que obligaría a pagar indemnizaciones millonarias a las familias que las hubiesen comprado sin formar parte de la trama delictiva.
La fiscalía anticorrupción ha solicitado al juez Álvaro Latorre que establezca una fianza de 39,926 millones de euros para Hidalgo, defendido por Rafael Perera, para garantizar el pago de compensaciones por todos los delitos que habría cometido en el caso Andratx. Así Carrau y Pere Horrach han calculado que el ex alcalde del Partido Popular debería pagar 1,829 millones de euros por los supuestos pelotazos que dio junto a otros imputados mediante promociones inmobiliarias particulares, lo que ha tipificado como supuestos delitos de negociaciones prohibidas.
Los fiscales piensan que Hidalgo también recibió sobornos (cohechos) por 1,108 millones de euros. Pero el grueso del supuesto daño económico causado por la trama de corrupción serían los delitos contra la ordenación del territorio (urbanismo ilegal y a la carta) y las falsedades documentales, irregularidades en las que habría tenido un papel importante el celador municipal de obras de Andratx, Jaime Gibert, otro de los principales implicados.
Aumento y embargo
El ministerio público supone que esos delitos conllevarían una responsabilidad civil de casi 30 millones de euros (29,94). Todos estos capítulos serían incrementados, como manda la Ley, en un tercio mas, lo que daría la suma de 39,92 millones de euros reclamada. La fiscalía pide al juez que embargue bienes de Hidalgo por esta suma y anuncia que la fianza podría aumentar al aparecer nuevos delitos dentro de las investigaciones.
Perera afirma que el anuncio de derribos crea alarma social
F.ARMENDÁRIZ. PALMA.
Rafael Perera, abogado de Hidalgo, se ha opuesto a la solicitud de fianza millonaria reclamada por la fiscalía anticorrupción en el caso Andratx. El defensor, entre otras alegaciones, sostiene que el anuncio de posibles derribos de las decenas de viviendas investigadas es algo prematuro y susceptible de crear una alarma social innecesaria.
El abogado alega que la determinación de si un expediente es constitutivo de un delito contra la ordenación del territorio depende de la calificación urbanística de los terrenos donde se construyó, un extremo que en los casos investigados no aparece claro y ha generado controversia jurídica desde hace años.
La defensa mantiene que no se puede culpar al ex alcalde por todas estas licencias, máxime cuando existen sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo que dan la condición de solares urbanizables a fincas que la fiscalía califica de áreas protegidas.
Diez millones por Monport
Rafael Perera incluye entre los casos más que dudosos el de la urbanización Montport, por el que la fiscalía reclama 10 millones de euros para la fianza y que el Supremo ya declaró hace años terrenos urbanos [Nota de Disúrbia: insistim en què això és fals. Les suposades sentències que n'avalarien el caràcter urbà no es refereixen a Montport, sinó a solars del Port d'Andratx].
El abogado opina que, si se piensa que todas las casas acabarán demolidas, deberían adoptarse nuevas medidas cautelares para minimizar "los daños" a terceros ajenos al caso, como serían paralizar todas las obras sospechosas y hacer anotaciones preventivas en los registros de propiedad, lo que aumentaría la alarma social.