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Andratx: la Guardia Civil ya ha imputado a seis arquitectos en el sumario |
(Diario de Mallorca, 24/01/2007)
El rastreo de los sesenta expedientes ilegales elevará el número de los técnicos encausados
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
El Servicio de Protección de la Naturaleza y la Policía Judicial de la Guardia Civil ya han imputado a, por lo menos, seis arquitectos en el caso Andratx, el presunto entramado de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad. La revisión de los cerca de sesenta expedientes urbanísticos objeto de investigación por presunto delito contra la ordenación del territorio elevará considerablemente el número de arquitectos encausados, dado que cada técnico que firmó los proyectos sospechosos tendrá que ser interrogado en calidad de imputado.
Dos arquitectas, María Isabel Seguí y Cinta Moyá, que ocuparon el puesto de jefas del área de urbanismo municipal, figuran entre las personas imputadas en un segundo nivel del supuesto entramado. También otro profesional de la arquitectura, y empresario, Miguel Arenas está siendo investigado por los negocios y relaciones que mantuvo con el ex alcalde por el Partido Popular de Andratx Eugenio Hidalgo y con el celador municipal de obras Jaime Gibert, dos de los principales implicados en el sumario.
Los otros tres arquitectos salpicados por el caso prestaron declaración en dependencias de la Guardia Civil de Palma entre los pasados viernes y el lunes.
Estos técnicos, que comparecieron asistidos de abogados, redactaron los proyectos que sirvieron para la obtención de licencias urbanísticas supuestamente ilegales.
Sobornos y trato de favor
Los investigadores están profundizando caso por caso en todos los expedientes sospechosos que permitieron construir chalés, mansiones o edificios de apartamentos y pisos en terrenos que no tenían la condición de urbanos y que, más al contrario, gozaban de la protección como áreas naturales (ANEIS) o áreas rurales de interés paisajístico (ARIPS).
Los arquitectos deben aclarar en qué condiciones redactaron sus proyectos, cómo obtuvieron las licencias, y si tuvieron que pagar algún soborno o dádiva para conseguir dichos permisos.
Los tres interrogados hasta el momento han negado haber cometido irregularidad alguna en relación a esas obras y han asegurado que emprendieron los proyectos con todas las licencias en regla. En el sumario han aparecido todo tipo de triquiñuelas para dar pie al urbanismo ilegal y a la carta: falsas ruinas de casas rústicas, empleo de fotos de edificaciones agrícolas situadas en otros municipios de Mallorca, excesos de volúmenes de edificación, ocultamiento de plantas bajas y sótanos ilegales, etcétera. Algunas de estas tretas figuran en los proyectos.
El rastreo de los sesenta expedientes ilegales elevará el número de los técnicos encausados
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
El Servicio de Protección de la Naturaleza y la Policía Judicial de la Guardia Civil ya han imputado a, por lo menos, seis arquitectos en el caso Andratx, el presunto entramado de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad. La revisión de los cerca de sesenta expedientes urbanísticos objeto de investigación por presunto delito contra la ordenación del territorio elevará considerablemente el número de arquitectos encausados, dado que cada técnico que firmó los proyectos sospechosos tendrá que ser interrogado en calidad de imputado.
Dos arquitectas, María Isabel Seguí y Cinta Moyá, que ocuparon el puesto de jefas del área de urbanismo municipal, figuran entre las personas imputadas en un segundo nivel del supuesto entramado. También otro profesional de la arquitectura, y empresario, Miguel Arenas está siendo investigado por los negocios y relaciones que mantuvo con el ex alcalde por el Partido Popular de Andratx Eugenio Hidalgo y con el celador municipal de obras Jaime Gibert, dos de los principales implicados en el sumario.
Los otros tres arquitectos salpicados por el caso prestaron declaración en dependencias de la Guardia Civil de Palma entre los pasados viernes y el lunes.
Estos técnicos, que comparecieron asistidos de abogados, redactaron los proyectos que sirvieron para la obtención de licencias urbanísticas supuestamente ilegales.
Sobornos y trato de favor
Los investigadores están profundizando caso por caso en todos los expedientes sospechosos que permitieron construir chalés, mansiones o edificios de apartamentos y pisos en terrenos que no tenían la condición de urbanos y que, más al contrario, gozaban de la protección como áreas naturales (ANEIS) o áreas rurales de interés paisajístico (ARIPS).
Los arquitectos deben aclarar en qué condiciones redactaron sus proyectos, cómo obtuvieron las licencias, y si tuvieron que pagar algún soborno o dádiva para conseguir dichos permisos.
Los tres interrogados hasta el momento han negado haber cometido irregularidad alguna en relación a esas obras y han asegurado que emprendieron los proyectos con todas las licencias en regla. En el sumario han aparecido todo tipo de triquiñuelas para dar pie al urbanismo ilegal y a la carta: falsas ruinas de casas rústicas, empleo de fotos de edificaciones agrícolas situadas en otros municipios de Mallorca, excesos de volúmenes de edificación, ocultamiento de plantas bajas y sótanos ilegales, etcétera. Algunas de estas tretas figuran en los proyectos.
El catedrático contratado por Hidalgo y Porsell fue multado por el caso Banesto
M. ADROVER. PALMA.
El catedrático contratado por el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), y ratificado por el actual primer edil, Jaume Porsell (PP), para realizar un informe jurídico sobre las polémicas viviendas de Montport, fue sancionado y multado con 15 millones de pesetas por el ministerio de Economía por un fleco del caso Banesto en 1994.
Tomàs Ramón Fernández es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y en 1993 era consejero del Banco de España y al mismo tiempo propietario de acciones de Banesto. Fernández decidió vender sus acciones pocos días antes de la intervención del Banco de España en la entidad bancaria que acabó con el mandato de Mario Conde. A instancias de la Comisión del Mercado de Valores, Fernández fue sancionado por el ministerio de Economía por "utilización de información privilegiada". En su día explicó que no lo hizo para evitar perder dinero de las acciones y sí para tener libertad para tomar decisiones. En declaraciones a este periódico ayer afirmó: "Fui sancionado, pero después la sanción fue reducida por 10".
Tomàs Fernández en su informe explica que existen sentencias del Tribunal Supremo que indican que Montport [Nota de Disúrbia: sentències que no parlen en absolut de Montport] es urbano porque existen los servicios. El informe primero se lo encargó Hidalgo y luego Porsell. "Todavía no lo había empezado y un día lo vi por el telediario detenido", admitió sobre Hidalgo.