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El fiscal cuestiona la legalidad de 19 edificios plurifamiliares de Andratx |
(Diario de Mallorca, 23/01/2007)
Fincas de pisos y de apartamentos están incluidas entre los supuestos delitos urbanísticos
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
La fiscalía anticorrupción ha incluido en los cerca de 60 expedientes investigados en el caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad, 19 fincas constituidas por viviendas plurifamiliares, ya sean apartamentos, pisos de promoción privada o casas de protección oficial. Todos estos edificios están siendo investigados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio o urbanísticos y su declaración de ilegalidad podría producirse en el supuesto de sentencia judicial firme.
Los fiscales Juan Carrau, Pere Horrach y Adrián Salazar llevan meses investigando un supuesto de urbanismo ilegal y a la carta protagonizado por una trama delictiva en torno al ayuntamiento de Andratx.
Entre las decenas de licencias urbanísticas concedidas por el consistorio entre los años 2003 a 2006 y que han sido incluidas en la lista de presuntos delitos urbanísticos la mayor parte corresponden a mansiones o chalés unifamiliares, muchos de ellos de lujo, edificados en zonas protegidas o mediante manipulaciones de su calificación urbanística.
Existen también otros subcasos relativos a urbanizaciones de casas unifamiliares de alto standing y se investigan varias promociones inmobiliarias que habrían proporcionado pelotazos millonarios para los principales implicados. Pero la fiscalía ha puesto su punto de mira en otras licencias urbanísticas que han permitido levantar 19 edificios plurifamiliares, algunos de los cuales ya están habitados.
La empresa Profesional de Interservices S.L. obtuvo dos licencias para construir tres fincas plurifamiliares, la primera levantada en suelo rústico y las otras dos en una zona protegida como área de interés paisajístico (ARIP) de la calle Romaní, según las denuncias.
La promotora Tuset N 19 S.A. consiguió licencia para 6 edificios de apartamentos entre Aldea Blanca y Cala Egos, en el Port, una parcela que, según el fiscal, estaba calificada como suelo rústico. La misma situación tenía el solar donde Miguel Terrasa obtuvo una licencia para un edificio de viviendas, local y piscina. La empresa Contratas Altaya figura en dos de los expedientes investigados por construir dos edificios plurifamiliares en la calle Escultor Onofre Alemany, en parcelas calificadas de ARIP. El asunto que más posibles afectados arrastra son los 7 bloques de viviendas de protección oficial levantados por Construcciones Cavi S.L. en la calle Son Prim.
Fincas de pisos y de apartamentos están incluidas entre los supuestos delitos urbanísticos
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
La fiscalía anticorrupción ha incluido en los cerca de 60 expedientes investigados en el caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad, 19 fincas constituidas por viviendas plurifamiliares, ya sean apartamentos, pisos de promoción privada o casas de protección oficial. Todos estos edificios están siendo investigados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio o urbanísticos y su declaración de ilegalidad podría producirse en el supuesto de sentencia judicial firme.
Los fiscales Juan Carrau, Pere Horrach y Adrián Salazar llevan meses investigando un supuesto de urbanismo ilegal y a la carta protagonizado por una trama delictiva en torno al ayuntamiento de Andratx.
Entre las decenas de licencias urbanísticas concedidas por el consistorio entre los años 2003 a 2006 y que han sido incluidas en la lista de presuntos delitos urbanísticos la mayor parte corresponden a mansiones o chalés unifamiliares, muchos de ellos de lujo, edificados en zonas protegidas o mediante manipulaciones de su calificación urbanística.
Existen también otros subcasos relativos a urbanizaciones de casas unifamiliares de alto standing y se investigan varias promociones inmobiliarias que habrían proporcionado pelotazos millonarios para los principales implicados. Pero la fiscalía ha puesto su punto de mira en otras licencias urbanísticas que han permitido levantar 19 edificios plurifamiliares, algunos de los cuales ya están habitados.
La empresa Profesional de Interservices S.L. obtuvo dos licencias para construir tres fincas plurifamiliares, la primera levantada en suelo rústico y las otras dos en una zona protegida como área de interés paisajístico (ARIP) de la calle Romaní, según las denuncias.
La promotora Tuset N 19 S.A. consiguió licencia para 6 edificios de apartamentos entre Aldea Blanca y Cala Egos, en el Port, una parcela que, según el fiscal, estaba calificada como suelo rústico. La misma situación tenía el solar donde Miguel Terrasa obtuvo una licencia para un edificio de viviendas, local y piscina. La empresa Contratas Altaya figura en dos de los expedientes investigados por construir dos edificios plurifamiliares en la calle Escultor Onofre Alemany, en parcelas calificadas de ARIP. El asunto que más posibles afectados arrastra son los 7 bloques de viviendas de protección oficial levantados por Construcciones Cavi S.L. en la calle Son Prim.
Posible mayor fianza para Hidalgo
La sección segunda de la Audiencia de Palma tendrá que decidir si dos de los principales implicados en el caso Andratx, el ex alcalde por el Partido Popular Eugenio Hidalgo y el celador municipal de obras Jaime Gibert, ingresan en prisión preventiva, como ha solicitado la fiscalía anticorrupción o siguen en libertad provisional, aunque se les aumente la fianza.
La fiscalía recurrió a mediados de diciembre la libertad provisional decretada el 13 de ese mes por el magistrado instructor Álvaro Latorre, que señaló para Eugenio Hidalgo, defendido por Rafael Perera, una fianza de cien mil euros y para Jaime Gibert, representado por Juan Luis Matas, otra de sesenta mil euros. La acusación pública sostiene que los dos imputados en libertad pueden perjudicar las pesquisas en marcha, influir en testigos o en otros inculpados, y fugarse. Por eso reclama la prisión provisional comunicada para ambos. En medios próximos al caso se ve como poco probable que la Audiencia ordene el ingreso en la cárcel de los dos, pero no se descarta que aumente la fianza.