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Andratx: el juez pide datos a tres notarios sobre un supuesto pelotazo en Cala Llamp |
(Diario de Mallorca, 17/01/2007)
Los investigadores siguen la pista a los negocios inmobiliarios millonarios de la supuesta trama
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
El juez instructor del caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad, ha solicitado a tres notarios de Palma que le suministren información sobre la empresa Prollamp de Ponent S.L., cuyos socios y gestores supuestamente protagonizaron un pelotazo millonario gracias a sus influencias e información privilegiada. Los investigadores están siguiendo el rastro de los supuestos beneficios millonarios que habrían obtenido los principales implicados en el entramado, entre ellos el ex alcalde del Partido Popular Eugenio Hidalgo, que hoy está previsto declare en el juzgado de instrucción cuatro por un supuesto delito de coacciones a la familia de una concejal.
Hidalgo, el celador municipal Jaime Gibert (éste representado por su esposa Antonia Garí), y el promotor Manuel Zapata constituyeron (con un tercio del capital cada uno) la empresa Prollamp de Ponent para adquirir un terreno en Cala Llamp y pidieron la licencia para urbanizarlo. La empresa se formalizó ante notario el 2 de marzo del 2004 y el solar se compró oficialmente ante el mismo fedatario el 16 de febrero del 2005.
Los tres vendieron el negocio (el solar con la licencia) a mediados del 2005 y obtuvieron, según cálculos de la fiscalía, unos ingresos de 1,108 millones de euros.
Hasta ahora las pesquisas judiciales se habían centrado en las operaciones realizadas por los imputados en este supuesto pelotazo hasta que vendieron Prollamp (con licencia incluida) al empresario Antonio Mascaró Gomila.
En estas transacciones intervinieron dos sociedades (Spanish Investments e Inversiones Bruja), como compradoras de las acciones de Hidalgo y Garí por 369.000 euros cada paquete de un tercio.
Ahora, la fiscalía anticorrupción y la Guardia Civil quieren profundizar en este presunto pelotazo y han recabado, por vía judicial, a tres notarios copias de una serie de protocolos emitidos entre el 31 de mayo de 2004 y el 11 de septiembre del año pasado, pocas semanas antes del estallido de la operación Voramar.
La intención es seguir el rastro de los intervinientes y beneficiados últimos con el supuesto pelotazo del solar de Cala Llamp.
Inmuebles de Mascaró
De forma paralela se ha oficiado a un registro de la propiedad de Palma datos sobre bienes inmuebles a nombre de Inversiones Brujas, una empresa vinculada a Antonio Mascaró. Al parecer, esta gestión únicamente ha dado la localización de un aparcamiento en Palma propiedad del citado empresario.
Eugenio Hidalgo, que se halla en libertad provisional bajo fianza por este caso y que está defendido por Rafael Perera, ha sido citado para hoy en el juzgado de instrucción 4 por una denuncia de Catalina Moyà Enseñat, la madre de la concejala de Unió Mallorquina Isabel Alemany y propietaria de un aparcamiento en Sant Elm que fue clausurado por el entonces alcalde el 28 de julio pasado.
Isabel Alemany postula que la clausura se hizo como represalia por su tarea en la oposición municipal. Tres días después de la orden de cierre un juzgado ordenó la inmediata reapertura del aparcamiento.
Hidalgo pidió ayuda a un alto cargo del Govern para poder cerrar el aparcamiento de la familia de la concejal, según consta en uno de los pinchazos del caso Andratx.
Los investigadores siguen la pista a los negocios inmobiliarios millonarios de la supuesta trama
FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
El juez instructor del caso Andratx, la presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de dicha localidad, ha solicitado a tres notarios de Palma que le suministren información sobre la empresa Prollamp de Ponent S.L., cuyos socios y gestores supuestamente protagonizaron un pelotazo millonario gracias a sus influencias e información privilegiada. Los investigadores están siguiendo el rastro de los supuestos beneficios millonarios que habrían obtenido los principales implicados en el entramado, entre ellos el ex alcalde del Partido Popular Eugenio Hidalgo, que hoy está previsto declare en el juzgado de instrucción cuatro por un supuesto delito de coacciones a la familia de una concejal.
Hidalgo, el celador municipal Jaime Gibert (éste representado por su esposa Antonia Garí), y el promotor Manuel Zapata constituyeron (con un tercio del capital cada uno) la empresa Prollamp de Ponent para adquirir un terreno en Cala Llamp y pidieron la licencia para urbanizarlo. La empresa se formalizó ante notario el 2 de marzo del 2004 y el solar se compró oficialmente ante el mismo fedatario el 16 de febrero del 2005.
Los tres vendieron el negocio (el solar con la licencia) a mediados del 2005 y obtuvieron, según cálculos de la fiscalía, unos ingresos de 1,108 millones de euros.
Hasta ahora las pesquisas judiciales se habían centrado en las operaciones realizadas por los imputados en este supuesto pelotazo hasta que vendieron Prollamp (con licencia incluida) al empresario Antonio Mascaró Gomila.
En estas transacciones intervinieron dos sociedades (Spanish Investments e Inversiones Bruja), como compradoras de las acciones de Hidalgo y Garí por 369.000 euros cada paquete de un tercio.
Ahora, la fiscalía anticorrupción y la Guardia Civil quieren profundizar en este presunto pelotazo y han recabado, por vía judicial, a tres notarios copias de una serie de protocolos emitidos entre el 31 de mayo de 2004 y el 11 de septiembre del año pasado, pocas semanas antes del estallido de la operación Voramar.
La intención es seguir el rastro de los intervinientes y beneficiados últimos con el supuesto pelotazo del solar de Cala Llamp.
Inmuebles de Mascaró
De forma paralela se ha oficiado a un registro de la propiedad de Palma datos sobre bienes inmuebles a nombre de Inversiones Brujas, una empresa vinculada a Antonio Mascaró. Al parecer, esta gestión únicamente ha dado la localización de un aparcamiento en Palma propiedad del citado empresario.
Eugenio Hidalgo, que se halla en libertad provisional bajo fianza por este caso y que está defendido por Rafael Perera, ha sido citado para hoy en el juzgado de instrucción 4 por una denuncia de Catalina Moyà Enseñat, la madre de la concejala de Unió Mallorquina Isabel Alemany y propietaria de un aparcamiento en Sant Elm que fue clausurado por el entonces alcalde el 28 de julio pasado.
Isabel Alemany postula que la clausura se hizo como represalia por su tarea en la oposición municipal. Tres días después de la orden de cierre un juzgado ordenó la inmediata reapertura del aparcamiento.
Hidalgo pidió ayuda a un alto cargo del Govern para poder cerrar el aparcamiento de la familia de la concejal, según consta en uno de los pinchazos del caso Andratx.