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Deià: los chalets no tienen plan de derribo un año después de ser aprobado |
(Diario de Mallorca, 14/01/2007)
El alcalde todavía confía en que el Govern aporte dinero para ejecutar la sentencia de demolición
JOAN FRAU. CALVIÀ.
El caso de los cuatro chalets ilegales de Llucalcari, sobre los que pesa una sentencia firme de demolición, lleva camino de enquistarse y convertirse en un ejemplo de desidia de las administraciones públicas a la hora de acatar sentencias judiciales contrarias a sus intereses, como el caso de Ses Covetes, en Campos.
El ayuntamiento de Deià todavía no ha iniciado la redacción del proyecto de demolición de las cuatro edificaciones ilegales cuando casi ha transcurrido un año desde que el pleno de esta institución aprobase, en febrero del pasado año 2006, la elaboración de un plan de demolición y de restauración del paisaje en el que se construyeron, en la década de los 80, las edificaciones que posteriormente fueron denunciadas por el grupo ecologista GOB.
Pese a todo, el alcalde de Deià, el popular Jaume Crespí, asegura que el Ayuntamiento "acatará la sentencia judicial", aunque admite que no será a corto plazo ya que, a buen seguro, la espinosa cuestión pasará a ser competencia del nuevo equipo de gobierno que surja de las urnas tras las elecciones de mayo.
El alcalde niega que el Ayuntamiento se haya quedado de brazos cruzados en esta cuestión. Crespí se refiere al envío, a mediados del pasado año, de sendos escritos al Consell de Mallorca y al Govern en los que se reclamaba a estas instituciones su responsabilidad por haber realizado informes favorables a la concesión de licencias.
El primer adil admite que la contestación del Consell fue negativa en el sentido que no se siente responsable de las ilegalidades. Sin embargo, el Govern ha dejado una puerta abierta a la negociación. Crespí explica que en las próximas semanas mantendrán una reunión en la conselleria de Educación y Cultura, que a finales de los 80 autorizó las licencias de los chalets a través de la hoy extinguida comisión de Patrimonio Histórico-Artístico. El alcalde confía en conseguir ayuda económica para ejecutar una demolición para la que el Ayuntamiento se ha declarado insolvente.
Protocolo de actuaciones
El ayuntamiento de Deià aprobó en febrero de 2006 un protocolo de actuaciones para culminar el derribo de los chalets. En la misma sesión se anularon las licencias de obra otorgadas por Deià entre los años 1985 y 1987 mediante la que autorizaba la construcción de los chalets en una zona de máxima protección urbanística.
El acuerdo plenario venía motivado por una providencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) fechada el 21 de noviembre de 2005 mediante la que informaba al Ayuntamiento la recepción de los autos y el expediente administrativo de parte del Tribunal Supremo, que en marzo de ese mismo año desestimó los recursos de casación presentados contra la sentencia de demolición de las edificaciones. La primera sentencia de derribo es de 1992. El Tribunal Supremo ha ratificado el fallo en diversas ocasiones.
El citado protocolo de actuación apenas se ha cumplido debido, entre otras causas, a la "problemática" que plantea para el Ayuntamiento la ejecución de la sentencia y porque esta institución "no tiene capacidad, por sí sola, para resolver y asumir la sentencia". Por ello, el documento aprobado ya avisa que estas causas "implican necesariamente un plazo superior al establecido ordinariamente para las ejecuciones".
El alcalde todavía confía en que el Govern aporte dinero para ejecutar la sentencia de demolición
JOAN FRAU. CALVIÀ.
El caso de los cuatro chalets ilegales de Llucalcari, sobre los que pesa una sentencia firme de demolición, lleva camino de enquistarse y convertirse en un ejemplo de desidia de las administraciones públicas a la hora de acatar sentencias judiciales contrarias a sus intereses, como el caso de Ses Covetes, en Campos.
El ayuntamiento de Deià todavía no ha iniciado la redacción del proyecto de demolición de las cuatro edificaciones ilegales cuando casi ha transcurrido un año desde que el pleno de esta institución aprobase, en febrero del pasado año 2006, la elaboración de un plan de demolición y de restauración del paisaje en el que se construyeron, en la década de los 80, las edificaciones que posteriormente fueron denunciadas por el grupo ecologista GOB.
Pese a todo, el alcalde de Deià, el popular Jaume Crespí, asegura que el Ayuntamiento "acatará la sentencia judicial", aunque admite que no será a corto plazo ya que, a buen seguro, la espinosa cuestión pasará a ser competencia del nuevo equipo de gobierno que surja de las urnas tras las elecciones de mayo.
El alcalde niega que el Ayuntamiento se haya quedado de brazos cruzados en esta cuestión. Crespí se refiere al envío, a mediados del pasado año, de sendos escritos al Consell de Mallorca y al Govern en los que se reclamaba a estas instituciones su responsabilidad por haber realizado informes favorables a la concesión de licencias.
El primer adil admite que la contestación del Consell fue negativa en el sentido que no se siente responsable de las ilegalidades. Sin embargo, el Govern ha dejado una puerta abierta a la negociación. Crespí explica que en las próximas semanas mantendrán una reunión en la conselleria de Educación y Cultura, que a finales de los 80 autorizó las licencias de los chalets a través de la hoy extinguida comisión de Patrimonio Histórico-Artístico. El alcalde confía en conseguir ayuda económica para ejecutar una demolición para la que el Ayuntamiento se ha declarado insolvente.
Protocolo de actuaciones
El ayuntamiento de Deià aprobó en febrero de 2006 un protocolo de actuaciones para culminar el derribo de los chalets. En la misma sesión se anularon las licencias de obra otorgadas por Deià entre los años 1985 y 1987 mediante la que autorizaba la construcción de los chalets en una zona de máxima protección urbanística.
El acuerdo plenario venía motivado por una providencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) fechada el 21 de noviembre de 2005 mediante la que informaba al Ayuntamiento la recepción de los autos y el expediente administrativo de parte del Tribunal Supremo, que en marzo de ese mismo año desestimó los recursos de casación presentados contra la sentencia de demolición de las edificaciones. La primera sentencia de derribo es de 1992. El Tribunal Supremo ha ratificado el fallo en diversas ocasiones.
El citado protocolo de actuación apenas se ha cumplido debido, entre otras causas, a la "problemática" que plantea para el Ayuntamiento la ejecución de la sentencia y porque esta institución "no tiene capacidad, por sí sola, para resolver y asumir la sentencia". Por ello, el documento aprobado ya avisa que estas causas "implican necesariamente un plazo superior al establecido ordinariamente para las ejecuciones".