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Los juzgados ibicencos tramitan más de 20 causas por presuntos delitos urbanísticos |
(Diario de Ibiza, 26/12/2006)
Desde el año 2000, la Fiscalía ha impulsado más de 30 denuncias por temas de ordenación territorial y medio ambiente. De ellas, se han producido ya doce sentencias, de las cuales nueve han sido condenatorias, incluido un ingreso efectivo en prisión
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
Los juzgados de Eivissa están instruyendo en la actualidad más de 20 casos penales diferentes por presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y el medio ambiente. Desde el año 2000, la Fiscalía de Eivissa ha remitido a los jueces más de 30 denuncias, que ya han dado lugar a la celebración de doce juicios, los cuales a su vez han provocado otras tantas sentencias, nueve de ellas condenatorias. Entre ellas figura el primer caso de ingreso en prisión de un condenado por delito ambiental en las Pitiüses, concretamente el autor de la arenera ilegal de Cala d´Hort.
El caso de es Pouet de Talamanca, iniciado en el año 2000, es considerado como el primero de una larga serie de casos penales que se han ido instruyendo a la luz del nuevo Código Penal de 1995, que amplió notablemente los supuestos delictivos por cuestiones urbanísticas y ambientales. Aquel caso, consistente en un presunto delito de desobediencia a la autoridad por haber roto la promotora de esta urbanización los precintos del Consell Insular del Pacto Progresista, terminó con la absolución de todos los acusados.
Otro juicio que ha llegado a celebrarse y que ha tenido idéntico desenlace es el del caso Cala Nova, donde un promotor que era primo hermano del concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Vicente Riera Noguera, construyó un restaurante sobre terrenos de dudosa calificación urbanística. Riera fue también absuelto de las acusaciones formuladas por Amics de la Terra ante la Fiscalía, aunque la juez, en la sentencia, le reprochó su participación en la votación de la licencia. La Fiscalía ha recurrido.
El tercer juicio que terminó en absolución fue el de los vertidos contaminantes de la playa de ses Figueretes, donde el único imputado, un encargado de Aqualia, vio cómo el propio fiscal retiraba las acusaciones que pesaban sobre él en el día de la vista oral.
Condenados
Muy distinta fue la suerte que corrieron los dos promotores de las falsas ruinas de es Camp Vell, un paraje protegido de Sant Mateu donde una ciudadana española y otro alemán levantaron casetas de piedra que simulaban ser antiguas ruinas para poder pedir sobre ellas permiso de reforma y construir así chalets. En dos juicios distintos, en 2004 y 2006, ambos fueron condenados a distintas penas de prisión y multa, aunque sin llegar a ingresar efectivamente en la cárcel. La mayoría de estas falsas ruinas han sido ya demolidas, en cumplimiento de la orden judicial.
La construcción de un aparcamiento ilegal en ses Salines, en pleno Parque Natural, dio lugar a otra sentencia condenatoria, durante la época del Pacto, tras conformarse el acusado con una condena pactada entre las partes.
Dos particulares, uno de es Niu Blau, de Santa Eulària, y otro del litoral de Sant Antoni, que crearon varias casetas de pescadores, algunas de ellas habilitadas en realidad como chalets, fueron también condenados a la demolición de las construcciones.
En 2006, otras tres personas han sido condenadas por delitos ambientales y urbanísticos. Uno de ellos, un ibicenco de 57 años, por construir una casa sin licencia en Na Xemena. Fue condenado a 2.160 euros de multa y seis meses de prisión, que no cumplirá por no tener antecedentes.
En sa Caleta, dos hombres -uno austríaco y otro israelí- fueron declarados culpables de un delito contra la ordenación del territorio por abrir un camino de 117 metros de largo en un bosque protegido. Pagaron 3.600 euros y eludieron los seis meses de prisión por no tener antecedentes.
Quien, en cambio, no se libró de la cárcel e hizo efectivo su ingreso en el Centro Penitenciario de Eivissa el pasado verano fue el autor de una arenera ilegal en Cala d´Hort, reiteradamente denunciada por Amics de la Terra. Ante la persistencia de su actitud, el acusado fue condenado primero y enviado luego a prisión, donde cumplirá un año de cárcel.
Entre las causas que se encuentran actualmente en fase de instrucción figuran las dos que atañen al ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta. La primera de ellas, por la que ya ha declarado como imputado, es la de Cala Molí, donde una urbanización cuyo proyecto redactó su nuera invadió un área protegida. La otra consiste en el caso Cala Carbó, donde una obra de su nuera fue dictaminada favorablemente por Huerta.
El alcalde de Sant Josep está también imputado en dos causas en marcha: la del asfaltado de su negocio con material procedente de una fábrica ilegal y clausurada por el Ayuntamiento, y la de la vivienda del Puig d´en Serra, que el alcalde autorizó pese a tener informes en contra.
Otro alcalde, el de Santa Eulària, aparece también involucrado en dos casos penales. Se trata de la cantera de ses Planes, que funciona sin licencia desde hace treinta años pese a las quejas vecinales, y la urbanización de ses Torres de Talamanca. Sobre este último caso, la juez acaba de dictar auto de procesamiento contra Vicente Guasch y la cúpula urbanística municipal.
La rotura de los tanques de la gasolinera de Santa Gertrudis, que contaminó decenas de pozos, está ya lista para la celebración de juicio.
Desde el año 2000, la Fiscalía ha impulsado más de 30 denuncias por temas de ordenación territorial y medio ambiente. De ellas, se han producido ya doce sentencias, de las cuales nueve han sido condenatorias, incluido un ingreso efectivo en prisión
Eivissa | Joan Lluís Ferrer
Los juzgados de Eivissa están instruyendo en la actualidad más de 20 casos penales diferentes por presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y el medio ambiente. Desde el año 2000, la Fiscalía de Eivissa ha remitido a los jueces más de 30 denuncias, que ya han dado lugar a la celebración de doce juicios, los cuales a su vez han provocado otras tantas sentencias, nueve de ellas condenatorias. Entre ellas figura el primer caso de ingreso en prisión de un condenado por delito ambiental en las Pitiüses, concretamente el autor de la arenera ilegal de Cala d´Hort.
El caso de es Pouet de Talamanca, iniciado en el año 2000, es considerado como el primero de una larga serie de casos penales que se han ido instruyendo a la luz del nuevo Código Penal de 1995, que amplió notablemente los supuestos delictivos por cuestiones urbanísticas y ambientales. Aquel caso, consistente en un presunto delito de desobediencia a la autoridad por haber roto la promotora de esta urbanización los precintos del Consell Insular del Pacto Progresista, terminó con la absolución de todos los acusados.
Otro juicio que ha llegado a celebrarse y que ha tenido idéntico desenlace es el del caso Cala Nova, donde un promotor que era primo hermano del concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Vicente Riera Noguera, construyó un restaurante sobre terrenos de dudosa calificación urbanística. Riera fue también absuelto de las acusaciones formuladas por Amics de la Terra ante la Fiscalía, aunque la juez, en la sentencia, le reprochó su participación en la votación de la licencia. La Fiscalía ha recurrido.
El tercer juicio que terminó en absolución fue el de los vertidos contaminantes de la playa de ses Figueretes, donde el único imputado, un encargado de Aqualia, vio cómo el propio fiscal retiraba las acusaciones que pesaban sobre él en el día de la vista oral.
Condenados
Muy distinta fue la suerte que corrieron los dos promotores de las falsas ruinas de es Camp Vell, un paraje protegido de Sant Mateu donde una ciudadana española y otro alemán levantaron casetas de piedra que simulaban ser antiguas ruinas para poder pedir sobre ellas permiso de reforma y construir así chalets. En dos juicios distintos, en 2004 y 2006, ambos fueron condenados a distintas penas de prisión y multa, aunque sin llegar a ingresar efectivamente en la cárcel. La mayoría de estas falsas ruinas han sido ya demolidas, en cumplimiento de la orden judicial.
La construcción de un aparcamiento ilegal en ses Salines, en pleno Parque Natural, dio lugar a otra sentencia condenatoria, durante la época del Pacto, tras conformarse el acusado con una condena pactada entre las partes.
Dos particulares, uno de es Niu Blau, de Santa Eulària, y otro del litoral de Sant Antoni, que crearon varias casetas de pescadores, algunas de ellas habilitadas en realidad como chalets, fueron también condenados a la demolición de las construcciones.
En 2006, otras tres personas han sido condenadas por delitos ambientales y urbanísticos. Uno de ellos, un ibicenco de 57 años, por construir una casa sin licencia en Na Xemena. Fue condenado a 2.160 euros de multa y seis meses de prisión, que no cumplirá por no tener antecedentes.
En sa Caleta, dos hombres -uno austríaco y otro israelí- fueron declarados culpables de un delito contra la ordenación del territorio por abrir un camino de 117 metros de largo en un bosque protegido. Pagaron 3.600 euros y eludieron los seis meses de prisión por no tener antecedentes.
Quien, en cambio, no se libró de la cárcel e hizo efectivo su ingreso en el Centro Penitenciario de Eivissa el pasado verano fue el autor de una arenera ilegal en Cala d´Hort, reiteradamente denunciada por Amics de la Terra. Ante la persistencia de su actitud, el acusado fue condenado primero y enviado luego a prisión, donde cumplirá un año de cárcel.
Entre las causas que se encuentran actualmente en fase de instrucción figuran las dos que atañen al ex arquitecto municipal de Sant Josep, Antonio Huerta. La primera de ellas, por la que ya ha declarado como imputado, es la de Cala Molí, donde una urbanización cuyo proyecto redactó su nuera invadió un área protegida. La otra consiste en el caso Cala Carbó, donde una obra de su nuera fue dictaminada favorablemente por Huerta.
El alcalde de Sant Josep está también imputado en dos causas en marcha: la del asfaltado de su negocio con material procedente de una fábrica ilegal y clausurada por el Ayuntamiento, y la de la vivienda del Puig d´en Serra, que el alcalde autorizó pese a tener informes en contra.
Otro alcalde, el de Santa Eulària, aparece también involucrado en dos casos penales. Se trata de la cantera de ses Planes, que funciona sin licencia desde hace treinta años pese a las quejas vecinales, y la urbanización de ses Torres de Talamanca. Sobre este último caso, la juez acaba de dictar auto de procesamiento contra Vicente Guasch y la cúpula urbanística municipal.
La rotura de los tanques de la gasolinera de Santa Gertrudis, que contaminó decenas de pozos, está ya lista para la celebración de juicio.
El juez Torres archiva los casos Cretu y `Los Parques´
Eivissa | J. Ll. F.
El titular del juzgado de instrucción número 1 de Eivissa, Juan Carlos Torres, ha archivado dos de los casos más controvertidos de los últimos años. El de la urbanización `Los Parques de es Cubells´, que fue definida por la Fiscalía como uno de los más graves que estaba investigando el ministerio público, y el de la mansión de Michael Cretu, después de haberlo instruido durante dos años y haber tomado declaración a numerosos imputados.
Juan Carlos Torres ya denegó en su día la solicitud de la Fiscalía para que prestara declaración el concejal de Urbanismo de Sant Josep, José Marí Ribas, Reganes, en el caso de Los Parques. También rechazó la solicitud de los ecologistas del GEN para personarse en esta misma causa.
La Fiscalía ha ido recurriendo las sucesivas actuaciones del juzgado número 1 en este sentido.
En cambio, este mismo juzgado ha concluido la instrucción del caso del vertedero de Ca na Putxa, en Santa Eulària, que será objeto de juicio en los próximos días para determinar las posibles responsabilidades penales en que incurrieron sus propietarios por no cumplir las normativas que regulan este tipo de instalaciones. También este juzgado ha instruido el caso de la gasolinera de Santa Gertrudis.