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José Sala Torres, alcalde de Sant Antoni y candidato del PP a la reelección: «No se puede entrar en la casa de Cretu con una ametralladora para tumbarla» |
(Diario de Ibiza, 24/12/2006)
Sant Antoni | eugenio rodríguez
[...]
-¿Por qué todavía no se ha ejecutado la demolición de la mansión de Michel Cretu?
-En primer lugar porque nosotros defendíamos la posibilidad de que pudiera legalizarse, pero hubo una sentencia contraria a ello. Como consecuencia, denegamos la legalización solicitada por la propiedad al amparo de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Este señor ha presentado un recurso contra la negativa del Ayuntamiento a la legalización y ha solicitado otra vez la suspensión de la ejecución de la demolición. Yo pedí a los servicios jurídicos un informe para saber de qué manera debe actuar el Ayuntamiento. Primero requerimos a la propiedad para que los técnicos pudieran entrar en la casa para redactar el proyecto de demolición, pero nos respondieron que no nos dejarían. Esperamos un mes para ver si el tribunal resolvía la pieza separada de suspensión, pero como veíamos que pasaba el tiempo solicitamos una autorización judicial para entrar en la casa. Cuando entremos haremos el proyecto de demolición y seguiremos a la espera de lo que pase con el pleito.
-¿Tiene claro que ya no es posible evitar la demolición?
-Nuestra opinión es una cosa, pero la realidad es que existe una sentencia que nos dice que hay que demoler la casa. Nosotros seguiremos los pasos para cumplirla. Espero que no nos equivoquemos. Yo no he cambiado de idea. No le veo razón de ser a esta demolición, con el presumible coste económico que supondrá para el Ayuntamiento, a no ser que sirva de estandarte para el GEN o quien quiera. Seguro que los ciudadanos de Sant Antoni, salvo aquellos que tienen intereses políticos, no defienden la demolición de la casa.
-¿Le preocupa que el juez pueda pedirle responsabilidades por desobediencia al incumplir la ejecución de la sentencia?
-No. Nosotros hemos cumplido. Intentamos entrar en la casa, pero no fue posible. Hemos pedido autorización judicial para poder acceder al interior. Estamos cumpliendo los trámites que corresponden. No podemos entrar en la casa con una ametralladora y tumbarla. Supongo que el propietario seguirá oponiéndose a cada acto que le sea posible. La gente se cree que es muy fácil, pero no lo es.
-¿El Ayuntamiento pagará los 18 millones de euros que reclama Michel Cretu en concepto de responsabilidad patrimonial?
-Hombre. En la demanda de responsabilidad patrimonial el Ayuntamiento defenderá con uñas y dientes pagar lo menos posible. Comprendo que a este señor, al tener licencia, le han hecho una faena, pero el Ayuntamiento intentará rebajar al máximo esta demanda, ya sea a través de una negociación o con una oposición formal a la solicitud. Al final, si no se encuentra antes una solución, esto acabará en los tribunales.
-¿No cree que es injusto que los ciudadanos deban pagar el error de unas personas en la tramitación y concesión de la licencia? ¿No deberían hacerse cargo los responsables?
-Desde mi modesta opinión, aunque creo que está fundada debido a mi profesión, es prácticamente imposible que haya responsabilidad patrimonial. Los técnicos sólo tienen responsabilidad, ya sea penal o patrimonial, cuando actúan a sabiendas. El técnico se puede equivocar. Las diferencias técnicas son lógicas. Hay muchos elementos valorativos, no son matemáticas. La equivocación de un técnico no genera responsabilidad, sobre todo en un tema que hasta aquellas fechas, y así lo reconoce la sentencia, la opinión era que la cota 200 metros no afectaba. Luego hubo un cambio jurisprudencial. Los políticos, por su parte, actuaron conforme a los informes técnicos. Claro que me sabe mal que el Ayuntamiento tenga que pagarlo, pero también me sabe mal que el GEN lo haya impugnado y los tribunales hayan dictado esta sentencia, que yo respeto y acato pero no comparto como he dicho en más de una ocasión. Han intervenido demasiadas cosas ajenas a la Justicia. Creo que ha habido una carga política importante. Se ha intentado compararlo con la urbanización de ses Salines, pero no tiene parangón. Casas como la de Cretu hay muchas, pero a ésta le ha caído un sambenito. [Nota de Disúrbia: Oh, Déu meu! Quin personal que encara hi ha pel món!]
-¿Cree que la vía penal se puede retomar a raíz del recurso de la Fiscalía contra el archivo del juez?
-Aún no está cerrada del todo, pero pienso que el auto de archivo del juez es enrevesado pero consistente.
-¿Piensa que la demolición se ejecutará la próxima legislatura o se alargará aún más años?
-No lo sé, porque depende de las resoluciones que se vayan dictando. Desde junio, por ejemplo, está pendiente la resolución de la pieza relativa a la suspensión. No puedo garantizar nada.
-¿Ha habido prevaricación en la aprobación del convenio urbanístico de ses Variades, tal como ha denunciado el GEN ante la Fiscalía Anticorrupción?
-No ha habido nada. Por parte del Ayuntamiento el proceso ha sido muy claro y diáfano. La promotora hizo una propuesta de convenio urbanístico. Se llevó a la comisión informativa de Urbanismo desde el primer día, donde se acordó proponer algunas mejoras. Se dio traslado a la promotora y volvió a la comisión, que lo aprobó por unanimidad. Posteriormente, el pleno lo aprobó por amplia mayoría con el voto a favor de tres miembros del Pacto. Si alguien tenía algo en contra de este acto podía haberlo impugnado en los tribunales por la vía contencioso administrativo. ¿Por qué no se hizo entonces? Porque tiene más morbo presentar una denuncia penal e involucrar a las personas, dudar de su honorabilidad. Los políticos están mal vistos por estas cosas. Cuando se incorpore al PGOU volverá a ser alegable e impugnable. Obviamente, no ha habido intención alguna de cometer un delito, pero, sobre todo, de beneficiar o perjudicar a nadie. En cuanto al fondo del asunto, nadie puede discutir que la zona tiene vocación de suelo urbano.
-Pero se ha tenido que modificar la ley para que sea urbano
-No. Siempre ha sido urbanizable en el PGOU. Las DOT, sin distingos, desclasificaron todos los polígonos urbanizables sin desarrollar. Posteriormente, se modificó porque se vio que era una barbaridad en algunas zonas porque cumplían unos requisitos que hacían que fuera clara su vocación urbana. Eso siguió siendo urbanizable. La Ley del Suelo dice que en un urbanizable hay que tener en cuenta la realidad preexistente. Esta ley obliga a que sea urbano todo aquello que lo sea de hecho. Hay unos informes que dicen que ses Variades es urbano de hecho. Hay que tener en cuenta las cesiones realizadas para la construcción de equipamientos. Un juez les daría la razón.
Sant Antoni | eugenio rodríguez
[...]
-¿Por qué todavía no se ha ejecutado la demolición de la mansión de Michel Cretu?
-En primer lugar porque nosotros defendíamos la posibilidad de que pudiera legalizarse, pero hubo una sentencia contraria a ello. Como consecuencia, denegamos la legalización solicitada por la propiedad al amparo de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos. Este señor ha presentado un recurso contra la negativa del Ayuntamiento a la legalización y ha solicitado otra vez la suspensión de la ejecución de la demolición. Yo pedí a los servicios jurídicos un informe para saber de qué manera debe actuar el Ayuntamiento. Primero requerimos a la propiedad para que los técnicos pudieran entrar en la casa para redactar el proyecto de demolición, pero nos respondieron que no nos dejarían. Esperamos un mes para ver si el tribunal resolvía la pieza separada de suspensión, pero como veíamos que pasaba el tiempo solicitamos una autorización judicial para entrar en la casa. Cuando entremos haremos el proyecto de demolición y seguiremos a la espera de lo que pase con el pleito.
-¿Tiene claro que ya no es posible evitar la demolición?
-Nuestra opinión es una cosa, pero la realidad es que existe una sentencia que nos dice que hay que demoler la casa. Nosotros seguiremos los pasos para cumplirla. Espero que no nos equivoquemos. Yo no he cambiado de idea. No le veo razón de ser a esta demolición, con el presumible coste económico que supondrá para el Ayuntamiento, a no ser que sirva de estandarte para el GEN o quien quiera. Seguro que los ciudadanos de Sant Antoni, salvo aquellos que tienen intereses políticos, no defienden la demolición de la casa.
-¿Le preocupa que el juez pueda pedirle responsabilidades por desobediencia al incumplir la ejecución de la sentencia?
-No. Nosotros hemos cumplido. Intentamos entrar en la casa, pero no fue posible. Hemos pedido autorización judicial para poder acceder al interior. Estamos cumpliendo los trámites que corresponden. No podemos entrar en la casa con una ametralladora y tumbarla. Supongo que el propietario seguirá oponiéndose a cada acto que le sea posible. La gente se cree que es muy fácil, pero no lo es.
-¿El Ayuntamiento pagará los 18 millones de euros que reclama Michel Cretu en concepto de responsabilidad patrimonial?
-Hombre. En la demanda de responsabilidad patrimonial el Ayuntamiento defenderá con uñas y dientes pagar lo menos posible. Comprendo que a este señor, al tener licencia, le han hecho una faena, pero el Ayuntamiento intentará rebajar al máximo esta demanda, ya sea a través de una negociación o con una oposición formal a la solicitud. Al final, si no se encuentra antes una solución, esto acabará en los tribunales.
-¿No cree que es injusto que los ciudadanos deban pagar el error de unas personas en la tramitación y concesión de la licencia? ¿No deberían hacerse cargo los responsables?
-Desde mi modesta opinión, aunque creo que está fundada debido a mi profesión, es prácticamente imposible que haya responsabilidad patrimonial. Los técnicos sólo tienen responsabilidad, ya sea penal o patrimonial, cuando actúan a sabiendas. El técnico se puede equivocar. Las diferencias técnicas son lógicas. Hay muchos elementos valorativos, no son matemáticas. La equivocación de un técnico no genera responsabilidad, sobre todo en un tema que hasta aquellas fechas, y así lo reconoce la sentencia, la opinión era que la cota 200 metros no afectaba. Luego hubo un cambio jurisprudencial. Los políticos, por su parte, actuaron conforme a los informes técnicos. Claro que me sabe mal que el Ayuntamiento tenga que pagarlo, pero también me sabe mal que el GEN lo haya impugnado y los tribunales hayan dictado esta sentencia, que yo respeto y acato pero no comparto como he dicho en más de una ocasión. Han intervenido demasiadas cosas ajenas a la Justicia. Creo que ha habido una carga política importante. Se ha intentado compararlo con la urbanización de ses Salines, pero no tiene parangón. Casas como la de Cretu hay muchas, pero a ésta le ha caído un sambenito. [Nota de Disúrbia: Oh, Déu meu! Quin personal que encara hi ha pel món!]
-¿Cree que la vía penal se puede retomar a raíz del recurso de la Fiscalía contra el archivo del juez?
-Aún no está cerrada del todo, pero pienso que el auto de archivo del juez es enrevesado pero consistente.
-¿Piensa que la demolición se ejecutará la próxima legislatura o se alargará aún más años?
-No lo sé, porque depende de las resoluciones que se vayan dictando. Desde junio, por ejemplo, está pendiente la resolución de la pieza relativa a la suspensión. No puedo garantizar nada.
-¿Ha habido prevaricación en la aprobación del convenio urbanístico de ses Variades, tal como ha denunciado el GEN ante la Fiscalía Anticorrupción?
-No ha habido nada. Por parte del Ayuntamiento el proceso ha sido muy claro y diáfano. La promotora hizo una propuesta de convenio urbanístico. Se llevó a la comisión informativa de Urbanismo desde el primer día, donde se acordó proponer algunas mejoras. Se dio traslado a la promotora y volvió a la comisión, que lo aprobó por unanimidad. Posteriormente, el pleno lo aprobó por amplia mayoría con el voto a favor de tres miembros del Pacto. Si alguien tenía algo en contra de este acto podía haberlo impugnado en los tribunales por la vía contencioso administrativo. ¿Por qué no se hizo entonces? Porque tiene más morbo presentar una denuncia penal e involucrar a las personas, dudar de su honorabilidad. Los políticos están mal vistos por estas cosas. Cuando se incorpore al PGOU volverá a ser alegable e impugnable. Obviamente, no ha habido intención alguna de cometer un delito, pero, sobre todo, de beneficiar o perjudicar a nadie. En cuanto al fondo del asunto, nadie puede discutir que la zona tiene vocación de suelo urbano.
-Pero se ha tenido que modificar la ley para que sea urbano
-No. Siempre ha sido urbanizable en el PGOU. Las DOT, sin distingos, desclasificaron todos los polígonos urbanizables sin desarrollar. Posteriormente, se modificó porque se vio que era una barbaridad en algunas zonas porque cumplían unos requisitos que hacían que fuera clara su vocación urbana. Eso siguió siendo urbanizable. La Ley del Suelo dice que en un urbanizable hay que tener en cuenta la realidad preexistente. Esta ley obliga a que sea urbano todo aquello que lo sea de hecho. Hay unos informes que dicen que ses Variades es urbano de hecho. Hay que tener en cuenta las cesiones realizadas para la construcción de equipamientos. Un juez les daría la razón.