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Santa Eulària: Vicente Guasch: «Siempre hemos actuado dentro de la ley y tenemos confianza en la Justicia» |
(Diario de Ibiza, 23/12/2006)
El juicio contra la cúpula urbanística del Ayuntamiento de Santa Eulària sume a la Corporación en un ambiente de tensión e incertidumbre. El Pacto recuerda que la fianza no puede pagarse con fondos públicos
santa eulària | joan lluís ferrer
El alcalde de Santa Eulària, Vicente Guasch, expresó ayer su confianza en la Justicia y aseguró que el Ayuntamiento que dirige siempre ha actuado «dentro de la ley». Así lo manifestó el responsable municipal respondiendo a una pregunta de la oposición en el pleno ordinario celebrado ayer, el último del año -o de sa sobrassada- tras conocerse el auto de procesamiento dictado contra Vicente Guasch y otros imputados por el caso de la urbanización de ses Torres de Talamanca.
El alcalde afirmó escuetamente: «Dejemos que la Justicia actúe como hace siempre. Tengamos confianza en la Justicia. Con respecto al Ayuntamiento y todos los implicados en esto, yo digo que el Ayuntamiento siempre ha actuado dentro de la ley y no tengo nada más que decir. Ya se verá».
Posteriormente, los periodistas trataron de recabar más declaraciones de Guasch, pero éste eludió hacer cualquier tipo de comentario más, sin aclarar tampoco si ya había depositado la fianza requerida por la juez que instruye el caso. Tampoco el concejal de Urbanismo, Vicente Riera, quiso contestar a los periodistas.
Durante toda la jornada de ayer, el Ayuntamiento de Santa Eulària registró un clima de gran expectación no exenta de tensión por el alcance del auto dictado por la juez, que afecta no sólo al alcalde sino a toda la cúpula urbanística municipal. El equipo de gobierno y los técnicos más allegados estuvieron reunidos antes del pleno y no dejaron de producirse constantes reuniones y llamadas telefónicas con el tema de ses Torres como único motivo de conversación.
El portavoz del Pacto Progresista, Carlos Salinas, respondió a las palabras del alcalde diciendo que «el equipo de gobierno estuvo defendiendo durante diez o doce años la legalidad del Plan de Delimitación de Suelos Urbanos (PDSU), cuando ya había sido declarado ilegal por los tribunales; por lo tanto, no estaba dentro de la ley».
Tras el pleno, Salinas recordó también que «incluso hay un informe de la arquitecta municipal que dice que una parte de ses Torres era suelo rústico».
En relación al pago de la fianza de medio millón de euros reclamado por la juez, Salinas expresó su confianza en que el equipo de gobierno no caerá en la tentación de usar fondos públicos para hacer frente a lo que es estrictamente una responsabilidad civil de tipo personal, y alertó al secretario municipal y al interventor de la conveniencia de dictar una advertencia de legalidad para obrar correctamente.
«Indudablemente, se trata de algo personal y lo tienen que pagar ellos. Si nos enteramos de que lo hacen a través del Ayuntamiento, yo creo que el interventor municipal y el secretario deben hacer una advertencia de legalidad, aunque nosotros pensamos que lo pondrán de sus propios fondos».
Los asesores del alcalde
Carlos Salinas hizo especial hincapié en el papel jugado en todo este proceso por los asesores técnicos y jurídicos -ahora procesados también- que usó el alcalde de Santa Eulària en el caso de ses Torres «y que han llevado al Ayuntamiento donde le han terminado llevando», en alusión al juicio convocado.
«Han de dimitir todos los implicados, porque esto no es como otras cosas que han pasado antes. Ahora hay cosas muy serias. Han de dimitir también los funcionarios y otras personas que son cargos de confianza que han asesorado al Ayuntamiento y lo han llevado donde está ahora. Un asesoramiento ha de ser legal y serio», agregó el portavoz de la oposición.
El juicio contra la cúpula urbanística del Ayuntamiento de Santa Eulària sume a la Corporación en un ambiente de tensión e incertidumbre. El Pacto recuerda que la fianza no puede pagarse con fondos públicos
santa eulària | joan lluís ferrer
El alcalde de Santa Eulària, Vicente Guasch, expresó ayer su confianza en la Justicia y aseguró que el Ayuntamiento que dirige siempre ha actuado «dentro de la ley». Así lo manifestó el responsable municipal respondiendo a una pregunta de la oposición en el pleno ordinario celebrado ayer, el último del año -o de sa sobrassada- tras conocerse el auto de procesamiento dictado contra Vicente Guasch y otros imputados por el caso de la urbanización de ses Torres de Talamanca.
El alcalde afirmó escuetamente: «Dejemos que la Justicia actúe como hace siempre. Tengamos confianza en la Justicia. Con respecto al Ayuntamiento y todos los implicados en esto, yo digo que el Ayuntamiento siempre ha actuado dentro de la ley y no tengo nada más que decir. Ya se verá».
Posteriormente, los periodistas trataron de recabar más declaraciones de Guasch, pero éste eludió hacer cualquier tipo de comentario más, sin aclarar tampoco si ya había depositado la fianza requerida por la juez que instruye el caso. Tampoco el concejal de Urbanismo, Vicente Riera, quiso contestar a los periodistas.
Durante toda la jornada de ayer, el Ayuntamiento de Santa Eulària registró un clima de gran expectación no exenta de tensión por el alcance del auto dictado por la juez, que afecta no sólo al alcalde sino a toda la cúpula urbanística municipal. El equipo de gobierno y los técnicos más allegados estuvieron reunidos antes del pleno y no dejaron de producirse constantes reuniones y llamadas telefónicas con el tema de ses Torres como único motivo de conversación.
El portavoz del Pacto Progresista, Carlos Salinas, respondió a las palabras del alcalde diciendo que «el equipo de gobierno estuvo defendiendo durante diez o doce años la legalidad del Plan de Delimitación de Suelos Urbanos (PDSU), cuando ya había sido declarado ilegal por los tribunales; por lo tanto, no estaba dentro de la ley».
Tras el pleno, Salinas recordó también que «incluso hay un informe de la arquitecta municipal que dice que una parte de ses Torres era suelo rústico».
En relación al pago de la fianza de medio millón de euros reclamado por la juez, Salinas expresó su confianza en que el equipo de gobierno no caerá en la tentación de usar fondos públicos para hacer frente a lo que es estrictamente una responsabilidad civil de tipo personal, y alertó al secretario municipal y al interventor de la conveniencia de dictar una advertencia de legalidad para obrar correctamente.
«Indudablemente, se trata de algo personal y lo tienen que pagar ellos. Si nos enteramos de que lo hacen a través del Ayuntamiento, yo creo que el interventor municipal y el secretario deben hacer una advertencia de legalidad, aunque nosotros pensamos que lo pondrán de sus propios fondos».
Los asesores del alcalde
Carlos Salinas hizo especial hincapié en el papel jugado en todo este proceso por los asesores técnicos y jurídicos -ahora procesados también- que usó el alcalde de Santa Eulària en el caso de ses Torres «y que han llevado al Ayuntamiento donde le han terminado llevando», en alusión al juicio convocado.
«Han de dimitir todos los implicados, porque esto no es como otras cosas que han pasado antes. Ahora hay cosas muy serias. Han de dimitir también los funcionarios y otras personas que son cargos de confianza que han asesorado al Ayuntamiento y lo han llevado donde está ahora. Un asesoramiento ha de ser legal y serio», agregó el portavoz de la oposición.