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Font destaca que los agentes de medio ambiente han presentado 1.540 denuncias |
(Diario de Mallorca, 22/12/2006)
Duras discrepancias entre el conseller y CCOO sobre la política contra los delitos
F. GUIJARRO. PALMA.
El conseller de Medio Ambiente, Joan Font, esgrimió ayer las 1.540 denuncias presentadas por los agentes medioambientales entre 2003 y 2006 para justificar las actuaciones que su departamento ha desarrollado contra los delitos que se cometen en relación a esta materia. Según Font, de esta cifra, 134 fueron de carácter urbanístico.
Estos datos fueron presentados por el conseller para contrarrestar las críticas formuladas desde CCOO, y publicadas por DIARIO de MALLORCA, contra la decisión de la Conselleria de prohibir que los citados agentes sigan notificando directamente al fiscal los delitos medioambientales que puedan haber detectado, a diferencia de lo que se hacía durante los últimos meses de la legislatura del Pacto de Progreso.
Font alega que el funcionamiento normal, que el PP ha recuperado, es que los agentes notifiquen la denuncia al secretario general, para que sea éste el que la remita a fiscalía con el correspondiente informe si se considera que se ha cometido un delito. En el caso de las urbanísticas, se comunican a ayuntamientos y consells insulars.
El conseller destacó que la cifra de denuncias presentadas entre 2003 y 2006 multiplica por cinco las registradas entre 1999 y 2002.
Pero las discrepancias con CCOO son evidentes. El sindicato ha venido denunciando que hay denuncias de los agentes medioambientales que no han sido remitidas a la fiscalía -un hecho conformado por el propio fiscal de Medio Ambiente, Adrian Salazar-, y se acusa a Font de engañar a la opinión pública con una descarada manipulación de las cifras, ya que el cuerpo de agentes medioambientales fue creado por el Pacto de Progreso y no comenzó a operar hasta febrero de 2003, en los últimos meses de su legislatura. Por ello, se advierte que no son comparables las cifras de denuncias con anterioridad a la creación de este cuerpo de funcionarios.
Además, Jaume Font señala que la decisión de que los agentes denuncien directamente los delitos ante la fiscalía se adoptó, según consta por escrito, el 21 de mayo de 2003, cuatro días antes de las elecciones autonómicas. Nueva discrepancia con CCOO, desde donde se afirma que este procedimiento comenzó a aplicarse en febrero, aunque no se fijara por escrito hasta tres meses más tarde.
Reparto de competencias
El conseller también presentó ayer un documento, con fecha de 21 de junio de 2003, cuando el Pacto ya había perdido las elecciones y Margalida Rosselló seguía como consellera de Medio Ambiente sólo en funciones, en la que ésta determina las competencias del nuevo cuerpo de agentes y de sus superiores, y en el que se fijan amplias capacidades de control al jefe de sección número VII, Francesc Lillo, compañero sentimental de Rosselló y con amplio historial de actividad sindical en CCOO.
El propio Lillo desautoriza las declaraciones de Font y subraya que él accedió a este cargo en febrero tras ganar un concurso, y que desde el primer momento se determinaron cuáles iban a ser sus competencias, pese a registrarse en ese documento posteriormente.
Además, Lillo denuncia que al poco tiempo de llegar Jaume Font a la Conselleria esas competencias le fueron reducidas y se le retiró el personal que tenía a su cargo, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia.
Duras discrepancias entre el conseller y CCOO sobre la política contra los delitos
F. GUIJARRO. PALMA.
El conseller de Medio Ambiente, Joan Font, esgrimió ayer las 1.540 denuncias presentadas por los agentes medioambientales entre 2003 y 2006 para justificar las actuaciones que su departamento ha desarrollado contra los delitos que se cometen en relación a esta materia. Según Font, de esta cifra, 134 fueron de carácter urbanístico.
Estos datos fueron presentados por el conseller para contrarrestar las críticas formuladas desde CCOO, y publicadas por DIARIO de MALLORCA, contra la decisión de la Conselleria de prohibir que los citados agentes sigan notificando directamente al fiscal los delitos medioambientales que puedan haber detectado, a diferencia de lo que se hacía durante los últimos meses de la legislatura del Pacto de Progreso.
Font alega que el funcionamiento normal, que el PP ha recuperado, es que los agentes notifiquen la denuncia al secretario general, para que sea éste el que la remita a fiscalía con el correspondiente informe si se considera que se ha cometido un delito. En el caso de las urbanísticas, se comunican a ayuntamientos y consells insulars.
El conseller destacó que la cifra de denuncias presentadas entre 2003 y 2006 multiplica por cinco las registradas entre 1999 y 2002.
Pero las discrepancias con CCOO son evidentes. El sindicato ha venido denunciando que hay denuncias de los agentes medioambientales que no han sido remitidas a la fiscalía -un hecho conformado por el propio fiscal de Medio Ambiente, Adrian Salazar-, y se acusa a Font de engañar a la opinión pública con una descarada manipulación de las cifras, ya que el cuerpo de agentes medioambientales fue creado por el Pacto de Progreso y no comenzó a operar hasta febrero de 2003, en los últimos meses de su legislatura. Por ello, se advierte que no son comparables las cifras de denuncias con anterioridad a la creación de este cuerpo de funcionarios.
Además, Jaume Font señala que la decisión de que los agentes denuncien directamente los delitos ante la fiscalía se adoptó, según consta por escrito, el 21 de mayo de 2003, cuatro días antes de las elecciones autonómicas. Nueva discrepancia con CCOO, desde donde se afirma que este procedimiento comenzó a aplicarse en febrero, aunque no se fijara por escrito hasta tres meses más tarde.
Reparto de competencias
El conseller también presentó ayer un documento, con fecha de 21 de junio de 2003, cuando el Pacto ya había perdido las elecciones y Margalida Rosselló seguía como consellera de Medio Ambiente sólo en funciones, en la que ésta determina las competencias del nuevo cuerpo de agentes y de sus superiores, y en el que se fijan amplias capacidades de control al jefe de sección número VII, Francesc Lillo, compañero sentimental de Rosselló y con amplio historial de actividad sindical en CCOO.
El propio Lillo desautoriza las declaraciones de Font y subraya que él accedió a este cargo en febrero tras ganar un concurso, y que desde el primer momento se determinaron cuáles iban a ser sus competencias, pese a registrarse en ese documento posteriormente.
Además, Lillo denuncia que al poco tiempo de llegar Jaume Font a la Conselleria esas competencias le fueron reducidas y se le retiró el personal que tenía a su cargo, por lo que ha presentado la correspondiente denuncia.