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Santa Eulària: el juez lleva a juicio a Vicent Guasch por Ses Torres y fija una fianza de un millón de euros |
(Diario de Ibiza, 22/12/2006)
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, se sentará en el banquillo de los acusados por un supuesto delito contra la ordenación del territorio por la aprobación del estudio de detalle de la urbanización Ses Torres. El juez también acusa al teniente de alcalde, Vicent Riera, entre otros cargos del Ayuntamiento. Todos ellos deberán pagar en el plazo de un día, según el auto judicial de apertura de juicio oral, una fianza de 500.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias. La juez reclama otros 500.000 euros a la empresa promotora. El fiscal pide ocho años de inhabilitación para Guasch y Riera y una multa de 120.000 euros.
La magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 2, Susana González, ha decretado mediante un auto la apertura de juicio oral por el caso de Ses Torres contra el alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch; el teniente de alcalde, Vicent Riera; el ex asesor municipal, José María Roig Vich; el aparejador, Vicent Marí; la ex arquitecta municipal Raquel García, el promotor de la urbanización, Germán Vázquez, y la entidad Lloma Talamanca S.L. como responsable civil subsidiaria. A todos ellos se les imputa un delito contra la ordenación del territorio.
En el auto, la juez obliga a los acusados en el plazo de un día a pagar una fianza de 500.000 euros (casi 80 millones de pesetas) para «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que podrían imponérseles después del juicio, con «el apercebimiento de que de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada». Asimismo, también se ordena a Lloma Talamanca, la promotora de la urbanización, que en el mismo plazo de 24 horas avale otros 500.000 euros para «asegurar la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la causa». Fuentes judiciales apuntan que los plazos se activan al día siguiente de la notificación del auto, que fue ayer, y que, por tanto, al ser inhábil el fin de semana y los días festivos, el plazo para presentar la fianza acaba el miércoles día 27.
La Fiscalía presenta cargos contra Vicent Guasch, Vicent Riera y José María Roig Vich y pide una pena a cada uno de ellos de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 20 meses con una cuota diaria de 200 euros, lo que supone 120.000 euros (20 millones de pesetas) por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.
La fiscal pide, no obstante, el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Raquel García y Germán Vázquez. El Ministerio Público considera que «no existen datos suficientes» para considerar a la ex arquitecta municipal autora de un delito contra la ordenación del territorio. El Ministerio Fiscal alega que en sus informes técnicos, García ya advertía que «una porción de los terrenos eran rústicos» y, por ello, solicitó informe de los servicios jurídicos sobre la aplicabilidad del plan urbanístico. Tampoco ve indicios de delito en la actuación del promotor, puesto que «únicamente llevó a cabo la urbanización de la parte de terreno urbanizable, quedando pendiente la parte no urbanizable». Precisamente, según dice el escrito de acusación de la fiscal, «el Ayuntamiento le prometió que sería urbanizable en un futuro», añadiendo que «no hubo ningún tipo de coacción, regalo al ayuntamiento o soborno» en la reunión que Germán Vázquez mantuvo con el alcalde de Santa Eulària y en la que, según dijo el promotor a los medios de comunicación, hubo «un pacto entre caballeros».
Cuatro años sin obras
La urbanización de Ses Torres, en Jesús, lleva cuatro años paralizada como consecuencia de la instrucción judicial. El Consistorio aprobó a principios del año 2000 la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la zona en aplicación del Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), figura que fue declarada nula por la Sala de lo Contencioso Administrativo.
La Fiscalía sostiene que el alcalde de Santa Eulària en «connivencia» con José María Roig, Vicent Marí y Vicent Riera permitió la urbanización de los terrenos de ses Torres a pesar de que todos ellos «conocían que su actuación era contraria a las normas urbanísticas vigentes». Conforme a la normativa aplicable en ese momento (el PGOU de 1981), dice el Ministerio Público, «la mayor parte de los terrenos estaban clasificados como reserva urbana, es decir suelo urbanizable, y otra parte era rústica».
José María Roig emitió un informe en el que ponía de manifiesto que, pese a la sentencia judicial aludida, el PDSU seguía siendo vigente y aplicable. La Fiscalía acusa al alcalde y al teniente de alcalde por votar a favor de la urbanización de Ses Torres y al aparejador, Vicent Marí, por emitir un informe técnico favorable sin tener en cuenta la normativa aplicable.
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, se sentará en el banquillo de los acusados por un supuesto delito contra la ordenación del territorio por la aprobación del estudio de detalle de la urbanización Ses Torres. El juez también acusa al teniente de alcalde, Vicent Riera, entre otros cargos del Ayuntamiento. Todos ellos deberán pagar en el plazo de un día, según el auto judicial de apertura de juicio oral, una fianza de 500.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias. La juez reclama otros 500.000 euros a la empresa promotora. El fiscal pide ocho años de inhabilitación para Guasch y Riera y una multa de 120.000 euros.
La magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia número 2, Susana González, ha decretado mediante un auto la apertura de juicio oral por el caso de Ses Torres contra el alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch; el teniente de alcalde, Vicent Riera; el ex asesor municipal, José María Roig Vich; el aparejador, Vicent Marí; la ex arquitecta municipal Raquel García, el promotor de la urbanización, Germán Vázquez, y la entidad Lloma Talamanca S.L. como responsable civil subsidiaria. A todos ellos se les imputa un delito contra la ordenación del territorio.
En el auto, la juez obliga a los acusados en el plazo de un día a pagar una fianza de 500.000 euros (casi 80 millones de pesetas) para «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que podrían imponérseles después del juicio, con «el apercebimiento de que de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada». Asimismo, también se ordena a Lloma Talamanca, la promotora de la urbanización, que en el mismo plazo de 24 horas avale otros 500.000 euros para «asegurar la responsabilidad civil que pudiera derivarse de la causa». Fuentes judiciales apuntan que los plazos se activan al día siguiente de la notificación del auto, que fue ayer, y que, por tanto, al ser inhábil el fin de semana y los días festivos, el plazo para presentar la fianza acaba el miércoles día 27.
La Fiscalía presenta cargos contra Vicent Guasch, Vicent Riera y José María Roig Vich y pide una pena a cada uno de ellos de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de una multa de 20 meses con una cuota diaria de 200 euros, lo que supone 120.000 euros (20 millones de pesetas) por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.
La fiscal pide, no obstante, el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Raquel García y Germán Vázquez. El Ministerio Público considera que «no existen datos suficientes» para considerar a la ex arquitecta municipal autora de un delito contra la ordenación del territorio. El Ministerio Fiscal alega que en sus informes técnicos, García ya advertía que «una porción de los terrenos eran rústicos» y, por ello, solicitó informe de los servicios jurídicos sobre la aplicabilidad del plan urbanístico. Tampoco ve indicios de delito en la actuación del promotor, puesto que «únicamente llevó a cabo la urbanización de la parte de terreno urbanizable, quedando pendiente la parte no urbanizable». Precisamente, según dice el escrito de acusación de la fiscal, «el Ayuntamiento le prometió que sería urbanizable en un futuro», añadiendo que «no hubo ningún tipo de coacción, regalo al ayuntamiento o soborno» en la reunión que Germán Vázquez mantuvo con el alcalde de Santa Eulària y en la que, según dijo el promotor a los medios de comunicación, hubo «un pacto entre caballeros».
Cuatro años sin obras
La urbanización de Ses Torres, en Jesús, lleva cuatro años paralizada como consecuencia de la instrucción judicial. El Consistorio aprobó a principios del año 2000 la aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la zona en aplicación del Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), figura que fue declarada nula por la Sala de lo Contencioso Administrativo.
La Fiscalía sostiene que el alcalde de Santa Eulària en «connivencia» con José María Roig, Vicent Marí y Vicent Riera permitió la urbanización de los terrenos de ses Torres a pesar de que todos ellos «conocían que su actuación era contraria a las normas urbanísticas vigentes». Conforme a la normativa aplicable en ese momento (el PGOU de 1981), dice el Ministerio Público, «la mayor parte de los terrenos estaban clasificados como reserva urbana, es decir suelo urbanizable, y otra parte era rústica».
José María Roig emitió un informe en el que ponía de manifiesto que, pese a la sentencia judicial aludida, el PDSU seguía siendo vigente y aplicable. La Fiscalía acusa al alcalde y al teniente de alcalde por votar a favor de la urbanización de Ses Torres y al aparejador, Vicent Marí, por emitir un informe técnico favorable sin tener en cuenta la normativa aplicable.
«Ya acaba la larga etapa de impunidad»
EIVISSA | E. R.
El conseller y diputado de Izquierda Unida, Miquel Ramon, aseguró ayer, tras conocer el auto, que la decisión de la magistrado-juez, «entre otras cosas que están pasando», en referencia al `caso Andratx´, «indica que por fin se está acabando la larguísima etapa de la impunidad absoluta de la corrupción política y urbanística». Izquierda Unida, que fue quien denunció en el juzgado por la vía penal la urbanización de Ses Torres, está convencida, según dijo Ramon, que «el alcalde de Santa Eulària será condenado e inhabilitado». «El problema es que por la lentitud de la Justicia se inhabilitará a una persona jubilada».
Miquel Ramon indicó que sería «triste» que Vicent Guasch «designase a su sucesor y el comité insular electoral del PP lo aceptase, como ha hecho vergonzosamente en el caso de José Serra Escandell». Recordó que el fiscal pide pena de prisión contra el alcalde de Sant Josep por el caso de Puig d´en Serra. «La imagen del PP brindando con cava la designación de José Serra fue obscena», indicó Ramon, quien añadió que este alcalde «está implicado hasta las cejas en casos de corrupción». El diputado de IU indicó que el gobierno de Pere Palau en el Consell trató de «salvar la cara» a Guasch dando «apariencia de legalidad» a la urbanización a través del PTI y la redacción de las Normas Subsidiarias del municipio, ahora en vigor. «Este proceso debería tener consecuencias sobre estas normas», señaló Ramon, que recalcó que éstas «fueron supervisadas por técnicos y personal de la dirección general de Ordenación del Territorio dirigida por Jaume Massot, detenido por el caso Andratx».