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Andratx: Hidalgo a Jaume Massot: ´No quiero estar callado más tiempo´ |
(Diario de Mallorca, 21/12/2006)
Un pinchazo revela que el ex alcalde amenazó con tirar de la manta 12 días antes del estallido de Voramar
F.ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA.
Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil que rastrean el presunto entramado de corrupción urbanística en torno al ayuntamiento de Andratx han destacado, entre las múltiples escuchas telefónicas realizadas por orden judicial, una conversación mantenida en la mañana del 15 de noviembre (12 días antes de que estallara la operación Voramar) entre el entonces alcalde conservador de dicha localidad, Eugenio Hidalgo, y el destituido director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, donde el primero amenaza con tirar de la manta. Hidalgo también aseguró en su declaración ante el juez instructor, Álvaro Latorre, ser víctima de un "complot de mujeres" para tratar de justificar las acusaciones y sospechas contra él vertidas por dos funcionarias municipales.
Si el día 8 de noviembre Hidalgo abroncó por teléfono al celador municipal, Jaime Gibert, le conminó a acelerar la emisión de unos certificados de finales de obra y le advirtió de que, si caía él, caían todos, siete días después la ira del alcalde se volcó en Jaume Massot, al que los investigadores otorgan el papel de factotum del urbanismo municipal.
Eugenio Hidalgo llamó al teléfono móvil de Massot, que estaba pinchado por la Guardia Civil. El alcalde le dijo al alto cargo del Govern que estaba con Ana (que podría ser la secretaria municipal, Ana María Abarca) analizando qué camino tomar en torno a varios expedientes urbanísticos conflictivos, entre ellos uno suyo.
El principal implicado en el caso Voramar incluyó entre estos proyectos urbanísticos problemáticos "unos de la oposición", pero no queda claro si son expedientes denunciados por otros partidos o iniciativas irregulares auspiciadas por otros concejales.
Hidalgo estaba nervioso y preocupado por la posibilidad de que interpusieran una querella contra él por prevaricación "por mover estos expedientes".
"No quiero estar callado"
El alcalde volvió a amenazar a otro de los presuntos implicados en la cúpula del entramado con "hablar". "No quiero estar más tiempo callado", espetó Hidalgo.
Jaume Massot, al igual que Jaime Gibert, no se enfrentó a su apasionado interlocutor y le replicó con un escueto "sí".
El destituido director general de Ordenación recordó al alcalde que "el día 20 tenemos que ir a declarar". El alcalde ya tenía por esas fechas varios procedimientos penales abiertos y la fiscalía de delitos ecológicos, a cuyo frente está Adrián Salazar, tramitaba un montón de denuncias por irregularidades urbanísticas contra él.
Por aquellas fechas, Hidalgo también estaba contrariado por la postura de la ex arquitecta municipal María Isabel Seguí, que se había negado a seguir colaborando con el supuesto entramado y a dar apariencia de legalidad a un rosario de irregularidades. El alcalde fue interrogado por el juez Álvaro Latorre y los fiscales Juan Carrau y Pere Horrach sobre las acusaciones vertidas contra él por Seguí y otras funcionarias del consistorio.
Hidalgo replicó que esa inquina era por motivos personales y aseguró haber sido víctima "de un complot de mujeres".
Un pinchazo revela que el ex alcalde amenazó con tirar de la manta 12 días antes del estallido de Voramar
F.ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA.
Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil que rastrean el presunto entramado de corrupción urbanística en torno al ayuntamiento de Andratx han destacado, entre las múltiples escuchas telefónicas realizadas por orden judicial, una conversación mantenida en la mañana del 15 de noviembre (12 días antes de que estallara la operación Voramar) entre el entonces alcalde conservador de dicha localidad, Eugenio Hidalgo, y el destituido director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, donde el primero amenaza con tirar de la manta. Hidalgo también aseguró en su declaración ante el juez instructor, Álvaro Latorre, ser víctima de un "complot de mujeres" para tratar de justificar las acusaciones y sospechas contra él vertidas por dos funcionarias municipales.
Si el día 8 de noviembre Hidalgo abroncó por teléfono al celador municipal, Jaime Gibert, le conminó a acelerar la emisión de unos certificados de finales de obra y le advirtió de que, si caía él, caían todos, siete días después la ira del alcalde se volcó en Jaume Massot, al que los investigadores otorgan el papel de factotum del urbanismo municipal.
Eugenio Hidalgo llamó al teléfono móvil de Massot, que estaba pinchado por la Guardia Civil. El alcalde le dijo al alto cargo del Govern que estaba con Ana (que podría ser la secretaria municipal, Ana María Abarca) analizando qué camino tomar en torno a varios expedientes urbanísticos conflictivos, entre ellos uno suyo.
El principal implicado en el caso Voramar incluyó entre estos proyectos urbanísticos problemáticos "unos de la oposición", pero no queda claro si son expedientes denunciados por otros partidos o iniciativas irregulares auspiciadas por otros concejales.
Hidalgo estaba nervioso y preocupado por la posibilidad de que interpusieran una querella contra él por prevaricación "por mover estos expedientes".
"No quiero estar callado"
El alcalde volvió a amenazar a otro de los presuntos implicados en la cúpula del entramado con "hablar". "No quiero estar más tiempo callado", espetó Hidalgo.
Jaume Massot, al igual que Jaime Gibert, no se enfrentó a su apasionado interlocutor y le replicó con un escueto "sí".
El destituido director general de Ordenación recordó al alcalde que "el día 20 tenemos que ir a declarar". El alcalde ya tenía por esas fechas varios procedimientos penales abiertos y la fiscalía de delitos ecológicos, a cuyo frente está Adrián Salazar, tramitaba un montón de denuncias por irregularidades urbanísticas contra él.
Por aquellas fechas, Hidalgo también estaba contrariado por la postura de la ex arquitecta municipal María Isabel Seguí, que se había negado a seguir colaborando con el supuesto entramado y a dar apariencia de legalidad a un rosario de irregularidades. El alcalde fue interrogado por el juez Álvaro Latorre y los fiscales Juan Carrau y Pere Horrach sobre las acusaciones vertidas contra él por Seguí y otras funcionarias del consistorio.
Hidalgo replicó que esa inquina era por motivos personales y aseguró haber sido víctima "de un complot de mujeres".
Investigan si los implicados cobraban 6.000 euros por licencia urbanística
J.F.M./ F.A. PALMA.
Los investigadores que intentan desentrañar la trama inmobiliaria descubierta en el municipio de Andratx están convencidos que los implicados exigían un pago de 6.000 euros por cada licencia urbanística que otorgaban. Se trata, en estos momentos, de una sospecha, más que una prueba, pero se confía en que con el análisis de toda la documentación que aún falta por estudiar se pueda demostrar la existencia de este llamado "impuesto urbanístico" en el municipio de Andratx.
Si las sospechas son ciertas estarían implicados tanto los que han pagado como los que han recibido el dinero. Fuentes próximas a la investigación han señalado la dificultad que supone localizar este dinero, porque lógicamente se trata de fondos que no se declaran. Una de las líneas de investigación que se sigue es que este dinero, para blanquearlo, podría haberse invertido en las propiedades inmobiliarias que han aparecido inscritas a nombre de los implicados en esta trama. También podría haberse invertido en los proyectos de construcción. Las fuentes señalan la importancia que tendrá el rastreo de las cuentas bancarias de los implicados en esta línea de investigación. Muchas de las preguntas que se han formulado a los implicados que han sido llamados a declarar han apuntado hacia esta línea. Ninguno de los constructores o arquitectos que han hablado con los agentes de la Guardia Civil han reconocido el pago de este dinero. Aunque de momento no existe una confesión, los investigadores no dan por descartada este línea y se confía en que el estudio de la documentación servirá para demostrar lo que se ha calificado, en medios próximos al caso, como "un secreto a voces".