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El 1 de enero entrará en servicio la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil |
(Diario de Mallorca, 20/12/2006)
El cuartel de Palma ya recluta agentes para constituir este nuevo grupo de investigación
F. GUIJARRO/REDACCIÓN. PALMA.
La unidad de la Guardia Civil para combatir la delincuencia urbanística iniciará sus actividades el próximo día 1 de enero, en plena vorágine de la Operación Voramar. El nuevo grupo de investigación dependerá de la Fiscalía, que dirigirá las actuaciones que se desarrollen con el fin de garantizar la independencia política.
La creación de estos equipos especializados ya fue anunciada hace varios meses por el director general de las fuerzas de seguridad del Estado, Joan Mesquida. El político mallorquín advirtió que pondrán el énfasis en aquellos casos en los que "no hay relación entre las retribuciones que percibe una persona y su tren de vida".
En el cuartel de la Guardia Civil de Palma ya se está reclutando a los agentes que se presentan voluntarios para formar parte de esta nueva unidad que, en palabras de Mesquida, "pretende poner a disposición de la gente mecanismos para que pueda condenarse la corrupción urbanística".
El papel de Hacienda
La Agencia Tributaria nunca ha recibido órdenes externas para investigar a algún individuo en concreto, según aseguró ayer su delegado en las islas, Raúl Burillo, en relación a las inspecciones realizadas sobre el presunto caso de corrupción urbanística de Andratx.
"Ni en mis años como delegado en Cataluña con un Gobierno del Partido Popular, ni en los tres años que llevo en Balears con un Ejecutivo central del PSOE, se han recibido instrucciones para actuar sobre personas concretas", sentenció Burillo.
El delegado en Balears puso de relieve que los objetivos que se fijan para los servicios de inspección tienen un carácter mucho más general, y recordó que, aunque el sector inmobiliario ha estado históricamente en este grupo, desde hace dos años se hace un especial hincapié en los controles destinados a detectar enriquecimientos rápidos vinculados a actuaciones urbanísticas, y se conocen ya cuáles son las operaciones en las que existe un especial riesgo de fraude, lo que explica que se aplique sobre ellas una mayor vigilancia.
Elogio a juez y fiscales
Burillo recordó la Agencia Tributaria está obligada por Ley a no facilitar datos relacionados con investigaciones concretas, pero destacó que en el Caso Voramar se está trabajando en el marco de colaboración con la Justicia, y consideró digna de "elogio" la actuación llevada a cabo en relación a este tema por el juez y por los fiscales.
Este apoyo a la labor de los fiscales por parte del delegado de la Agencia Tributaria se produce frente a los ataques que éstos han recibido desde el PP y sectores próximos por su actuación en este ámbito.
El cuartel de Palma ya recluta agentes para constituir este nuevo grupo de investigación
F. GUIJARRO/REDACCIÓN. PALMA.
La unidad de la Guardia Civil para combatir la delincuencia urbanística iniciará sus actividades el próximo día 1 de enero, en plena vorágine de la Operación Voramar. El nuevo grupo de investigación dependerá de la Fiscalía, que dirigirá las actuaciones que se desarrollen con el fin de garantizar la independencia política.
La creación de estos equipos especializados ya fue anunciada hace varios meses por el director general de las fuerzas de seguridad del Estado, Joan Mesquida. El político mallorquín advirtió que pondrán el énfasis en aquellos casos en los que "no hay relación entre las retribuciones que percibe una persona y su tren de vida".
En el cuartel de la Guardia Civil de Palma ya se está reclutando a los agentes que se presentan voluntarios para formar parte de esta nueva unidad que, en palabras de Mesquida, "pretende poner a disposición de la gente mecanismos para que pueda condenarse la corrupción urbanística".
El papel de Hacienda
La Agencia Tributaria nunca ha recibido órdenes externas para investigar a algún individuo en concreto, según aseguró ayer su delegado en las islas, Raúl Burillo, en relación a las inspecciones realizadas sobre el presunto caso de corrupción urbanística de Andratx.
"Ni en mis años como delegado en Cataluña con un Gobierno del Partido Popular, ni en los tres años que llevo en Balears con un Ejecutivo central del PSOE, se han recibido instrucciones para actuar sobre personas concretas", sentenció Burillo.
El delegado en Balears puso de relieve que los objetivos que se fijan para los servicios de inspección tienen un carácter mucho más general, y recordó que, aunque el sector inmobiliario ha estado históricamente en este grupo, desde hace dos años se hace un especial hincapié en los controles destinados a detectar enriquecimientos rápidos vinculados a actuaciones urbanísticas, y se conocen ya cuáles son las operaciones en las que existe un especial riesgo de fraude, lo que explica que se aplique sobre ellas una mayor vigilancia.
Elogio a juez y fiscales
Burillo recordó la Agencia Tributaria está obligada por Ley a no facilitar datos relacionados con investigaciones concretas, pero destacó que en el Caso Voramar se está trabajando en el marco de colaboración con la Justicia, y consideró digna de "elogio" la actuación llevada a cabo en relación a este tema por el juez y por los fiscales.
Este apoyo a la labor de los fiscales por parte del delegado de la Agencia Tributaria se produce frente a los ataques que éstos han recibido desde el PP y sectores próximos por su actuación en este ámbito.