(Diario de Mallorca, 8/12/2006)

Los beneficiados con las licencias sospechosas no admiten haber pagado directamente las comisiones al entramado

F.ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA.
En medios próximos a la investigación del caso Voramar se sospecha que el presunto entramado de corrupción podía percibir entre un cinco y un diez por ciento del presupuesto de cada edificación ilegal tolerada en Andratx.

Los investigadores de la Agencia Tributaria, Guardia Civil y fiscalía, manejan entre las principales hipótesis, que cada proyecto de edificación tramitado en Andratx en los últimos años, y donde se habría vulnerado la legalidad urbanística, incluía un porcentaje en su presupuesto para sobornos destinado al supuesto entramado, que estaría encabezado por el alcalde de la localidad, Eugenio Hidalgo, el celador municipal de obras, Jaime Gibert, y el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot.

Desde que el pasado 27 de noviembre estalló la operación Voramar, con tres detenciones y una cadena de registros, la Guardia Civil ha tomado declaración a varias decenas de personas que aparecen relacionadas con las, de momento, más de 50 licencias de obras otorgadas por el Ayuntamiento y que se sospechan fueron delictivas, al permitir la edificación en suelo rústico o protegido.

No admiten los pagos

Los investigadores presumen que los principales implicados propiciaron un clima de corrupción en el área de urbanismo municipal para vender licencias de construcción ilegales por elevadas sumas.

Estas supuestas prácticas se habrían hecho con el ropaje de permisos para reformar inexistentes casas de aperos, graneros o cuadras, o con tratos de favor para permitir el exceso de volumen o la edificación en parcelas rústicas o protegidas por normas territoriales.

Los particulares que se beneficiaron de esas licencias no han admitido ante la Guardia Civil haber pagado directamente soborno alguno a funcionario o político de Andratx para poder sacar adelante sus proyectos.

Una de las principales hipótesis es que la trama pudo contar con la complicidad de constructores, promotores u otros intervinientes en el proceso inmobiliario.

La secuencia de las operaciones pasaría por un particular que contacta con un constructor y le contrata un chalé en un terreno X, en principio no urbanizable. El contratista fijaría un precio y sería el encargado de conseguir la licencia, previo pago de una comisión o soborno al supuesto entramado de corrupción.

En resumen: en la cantidad abonada por cada proyecto estaría el "paquete completo", incluida la licencia irregular y la supuesta dádiva.

Aplicación del Código Penal

La implicación de los operadores y técnicos que participan en el proceso inmobiliario también se está derivando de que el Código Penal castiga, en los supuestos de delitos contra la ordenación del territorio, a propietarios de los edificios, promotores, constructores y arquitectos que hayan materializado las construcciones ilegales.

El caso salpica a numerosos arquitectos y constructores

Las fuentes informativas han comentado que el número de imputados podía crecer considerablemente si, finalmente, se toma declaración a todos los intervinientes en cada expediente.

En los últimos días han sido llamados a declarar varios constructores y el nombre de algunos arquitectos se ha relacionado con el caso. La operación Voramar está salpicando a numerosos integrantes de estas profesiones.

Eugenio Hidalgo declarará el lunes ante un juez por su chalé en el campo

F.ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA.
Eugenio Hidalgo, el alcalde de Andratx por el Partido Popular (PP) y principal implicado en el supuesto entramado de corrupción de la operación Voramar, será, presumiblemente, excarcelado el próximo lunes para dar explicaciones sobre la edificación de un chalé con la excusa de reformar un almacén agrícola de su propiedad. El juzgado de instrucción 12, que investiga el caso Voramar, podría asumir el resto de causas y denuncias judiciales por supuestas irregularidades urbanísticas que se tramitan desde hace meses en Palma contra Hidalgo.

El alcalde conservador tenía que haber prestado declaración ante el magistrado de instrucción uno de Palma, Juan Manuel Sobrino, el pasado viernes 30 por una denuncia de la fiscalía de delitos ecológicos a raíz de la construcción en un terreno de su propiedad de un chalé y un edificio auxiliar anexo.

Tres delitos

El ayuntamiento de Andratx pensaba sancionar la supuesta vivienda ilegal que el alcalde de la localidad, Eugenio Hidalgo, se levantó sin licencia en su parcela con una simple sanción económica de 15.736 euros, según consta en el expediente de disciplina urbanística. El consistorio también paralizó todas sus actuaciones administrativas en relación a este caso en espera de que el juzgado de instrucción 1 de Palma concluyera la causa penal abierta contra el alcalde Hidalgo, al que se investiga por tres presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

El Ayuntamiento acordó a principios de diciembre del año pasado abrir un expediente disciplinario urbanístico contra el alcalde por la realización "de obras sin la preceptiva licencia municipal". La autoridad que ordenó esta investigación administrativa fue el alcalde presidente accidental Jaime Porsell Alemany.

Como instructora del expediente fue designada la técnica municipal Cinta Moya, que aparece imputada en el caso Voramar.

El expediente siguió su curso habitual, sin que Hidalgo hiciera ningún tipo de alegaciones, ni aportara las licencias que podrían amparar las construcciones ilegales en su parcela. El alcalde siempre ha negado que ese edificio sea una vivienda y lo ha calificado de simple almacén agrícola.