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Andratx: Medio Ambiente vetó la acción directa de los agentes forestales ante el fiscal Salazar |
(Diario de Mallorca, 7/12/2006)
El fiscal de Medio Ambiente reconoce que "se buscaron otras vías para hacer llegar las denuncias", como grupos ecologistas o vecinos
MARISA GOÑI. PALMA.
El Govern Matas modificó el procedimiento de actuación de los agentes forestales ante la Fiscalía de Medio Ambiente, impidiéndoles una relación directa, como venía siendo habitual en la etapa del Pacte de Progrés, según apuntaron fuentes de la plantilla y de CCOO, y admitió el propio fiscal Salazar.
La secretaria general técnica de la cartera de Medio Ambiente del Pacto, Joana Aina Campomar, aprobó el 21 de mayo de 2003 una instrucción para garantizar el procedimiento que se seguía de facto en tiempos de la consellera verde Margalida Rosselló. "Aquellas denuncias por presuntos delitos ambientales, dado que pueden producir efectos perjudiciales y consecuencias negativas de tipo ambiental de forma significativa, podrán ser directamente tramitadas a la fiscalía de medio ambiente o al juzgado de instrucción correspondiente, a consideración motivada de los agentes de medio ambiente o forestales firmantes", decía en su apartado tercero. En septiembre, cuatro meses después de que el PP ganara las elecciones, su sucesor, Miquel Ramis d´Ayreflor, a las órdenes del conseller Jaume Font, aprobó una nueva instrucción. Obligaba a los agentes a no apuntar posibles delitos en sus denuncias -"se limitarán a constatar hechos"- y a tramitarlas al secretario general, que a su vez las remitiría a los servicios jurídicos a fin de emitir un informe, donde se indicarían las actuaciones a seguir. "El secretario general, o en su caso, el director general competente por razón de la materia son los que formularán, en su caso, las pertinentes denuncias ante las instancias judiciales y se relacionarán con la Fiscalía" dice el apartado tercero de la nueva instrucción. La instrucción fue de nuevo modificada el 21 de noviembre de 2003. Se insiste en que "la totalidad de las denuncias formuladas se tramitarán al director general" y éste ordenará, si lo considera oportuno, un informe jurídico y las tramitará. En el caso de que pudiera constituir falta o delito, el director general debe remitirlo a la secretaría general para que le dé curso.
Pese a que los agentes forestales se podían enfrentar a expedientes disciplinarios, de acuerdo con la citada instrucción, algunos buscaron "canales no oficiales" y "encuentros semiclandestinos" para hacer llegar al fiscal de Medio Ambiente sus denuncias, ya que la Conselleria no las tramitaba, según explican fuentes de la plantilla y de CCOO. "Se buscaron otras vías para hacer llegar las denuncias: grupos ecologistas, vecinos...", admite el fiscal Salazar. Éste recibió cartas de CCOO comunicándole algunas de las denuncias paralizadas en la Conselleria, que hasta este año no le hizo llegar los expedientes reseñados. "Se siguen paralizando denuncias", aseguran desde la plantilla de agentes forestales, que preservan su identidad por temor a represalias. Algunas actuaciones se localizan en Andratx.
El fiscal de Medio Ambiente reconoce que "se buscaron otras vías para hacer llegar las denuncias", como grupos ecologistas o vecinos
MARISA GOÑI. PALMA.
El Govern Matas modificó el procedimiento de actuación de los agentes forestales ante la Fiscalía de Medio Ambiente, impidiéndoles una relación directa, como venía siendo habitual en la etapa del Pacte de Progrés, según apuntaron fuentes de la plantilla y de CCOO, y admitió el propio fiscal Salazar.
La secretaria general técnica de la cartera de Medio Ambiente del Pacto, Joana Aina Campomar, aprobó el 21 de mayo de 2003 una instrucción para garantizar el procedimiento que se seguía de facto en tiempos de la consellera verde Margalida Rosselló. "Aquellas denuncias por presuntos delitos ambientales, dado que pueden producir efectos perjudiciales y consecuencias negativas de tipo ambiental de forma significativa, podrán ser directamente tramitadas a la fiscalía de medio ambiente o al juzgado de instrucción correspondiente, a consideración motivada de los agentes de medio ambiente o forestales firmantes", decía en su apartado tercero. En septiembre, cuatro meses después de que el PP ganara las elecciones, su sucesor, Miquel Ramis d´Ayreflor, a las órdenes del conseller Jaume Font, aprobó una nueva instrucción. Obligaba a los agentes a no apuntar posibles delitos en sus denuncias -"se limitarán a constatar hechos"- y a tramitarlas al secretario general, que a su vez las remitiría a los servicios jurídicos a fin de emitir un informe, donde se indicarían las actuaciones a seguir. "El secretario general, o en su caso, el director general competente por razón de la materia son los que formularán, en su caso, las pertinentes denuncias ante las instancias judiciales y se relacionarán con la Fiscalía" dice el apartado tercero de la nueva instrucción. La instrucción fue de nuevo modificada el 21 de noviembre de 2003. Se insiste en que "la totalidad de las denuncias formuladas se tramitarán al director general" y éste ordenará, si lo considera oportuno, un informe jurídico y las tramitará. En el caso de que pudiera constituir falta o delito, el director general debe remitirlo a la secretaría general para que le dé curso.
Pese a que los agentes forestales se podían enfrentar a expedientes disciplinarios, de acuerdo con la citada instrucción, algunos buscaron "canales no oficiales" y "encuentros semiclandestinos" para hacer llegar al fiscal de Medio Ambiente sus denuncias, ya que la Conselleria no las tramitaba, según explican fuentes de la plantilla y de CCOO. "Se buscaron otras vías para hacer llegar las denuncias: grupos ecologistas, vecinos...", admite el fiscal Salazar. Éste recibió cartas de CCOO comunicándole algunas de las denuncias paralizadas en la Conselleria, que hasta este año no le hizo llegar los expedientes reseñados. "Se siguen paralizando denuncias", aseguran desde la plantilla de agentes forestales, que preservan su identidad por temor a represalias. Algunas actuaciones se localizan en Andratx.
Una instrucción contraria a la Ley de Montes
"Con Margalida Rosselló se potenció un servicio de agentes forestales muy preparados, con capacidad de actuación como policía judicial. Esta potestad que ya recogía la Ley de Enjuiciamiento Criminal -aunque algunos cuestionan esta interpretación- se recogió claramente en la modificación de la Ley de Montes", comenta Salazar. El fiscal admite que la intensidad de la colaboración en la lucha contra los delitos medioambientales ha menguado con el cambio político vivido en Balears. Un grupo de agentes forestales pidió al Govern que se anulara la instrucción que les impide actuar como policía judicial por ser contraria a la nueva Ley de Montes. Siguen esperando respuesta.