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Alaró: el fiscal investiga la legalización de un edificio que invade la calle |
(Diario de Mallorca, 6/12/2006)
Un vecino ha denunciado que el Ayuntamiento ha permitido la vulneración de las normas
BARTOMEU NOGUERA. ALARÓ.
La Fiscalía ha comunicado al ayuntamiento de Alaró la apertura de diligencias informativas sobre unas obras realizadas en un edificio de la calle Pere Rosselló que fueron denunciadas por un vecino ante las decisiones municipales que permitieron que se incumpliera la normativa y se invadiera la vía pública. En el escrito remitido por el fiscal Adrián Salazar se solicita al consistorio que emita un informe sobre los hechos denunciados y que aporte copias de los expedientes relacionados con la edificación de este bloque de doce viviendas.
De esta manera se abre la investigación de un tema denunciado por un vecino del municipio ante la fiscalía el pasado mes de junio al entender que se infringía "la utilización racional del suelo orientada a intereses generales".
La denuncia se presentó contra el alcalde, el aparejador, el promotor, y cualquier otro funcionario o político que pudiera ser responsable de los hechos, al entender que la gestión irregular engloba desde 2002, cuando el consistorio, gobernado por el pacto PP-PSM, detectó la irregularidad pero permitió que continuara la ejecución de las obras; hasta este mismo año, en el que el equipo de gobierno PSOE-UM ha cerrado el tema otorgando el final de obra al bloque de pisos mediante un expediente de desafectación.
El edificio objeto de la denuncia se levanta en el solar del antiguo cine Fantasio, en la calle Pere Rosselló esquina con Son Amengual. En 2002 los servicios municipales descubrieron que la construcción no se ajustaba a la licencia al desviarse unos centímetros de la alineación de esa calle y se ordenó la suspensión de la actividad. Pero el mismo día que se emitió el expediente de disciplina urbanística se firmó un extraño documento privado en virtud del cual el entonces edil de Urbanismo y actual portavoz del PP, Joan Simonet, y el aparejador municipal acordaban que la alineación de la calle pasaba a ser la del nuevo edificio y que, por tanto, no existía ninguna irregularidad y se podía levantar la suspensión. Lo más sorprendente es que este informe redactado por los arquitectos de la obra y aceptado por el concejal y el técnico municipal no apareció hasta que se presentó la primera denuncia, en junio de 2005.
Desafectación
En diciembre de 2005 el consistorio gobernado por PSOE-UM decidió cerrar el tema ordenando la desafectación en favor del promotor de los 11,70 metros cuadrados de vía pública invadidos a un precio de 19.000 euros, que se abonó inmediatamente para legalizar el polémico edificio. Esta medida también provocó una denuncia administrativa del mismo vecino que ha protagonizado todas las demandas, al considerar que se debía imponer además una sanción ante la infracción existente.
En aquel momento se cruzaron declaraciones y acusaciones entre los portavoces políticos, ya que el edil de Urbanismo, Antoni Rebassa (UM) anunció que informaría a la fiscalía "para no encubrir un delito" de los hechos que en su opinión afectaban al líder del PP, Joan Simonet, "por regalar vía pública para mayor lucro de un promotor" y al entonces alcalde, Josep Gomila (PSM), "por ordenar que se reanudaran las obras". Por su parte, el alcalde, Miquel Deyà (PSOE), defendió la desafectación afirmando que "no sería normal ordenar la demolición".
Un vecino ha denunciado que el Ayuntamiento ha permitido la vulneración de las normas
BARTOMEU NOGUERA. ALARÓ.
La Fiscalía ha comunicado al ayuntamiento de Alaró la apertura de diligencias informativas sobre unas obras realizadas en un edificio de la calle Pere Rosselló que fueron denunciadas por un vecino ante las decisiones municipales que permitieron que se incumpliera la normativa y se invadiera la vía pública. En el escrito remitido por el fiscal Adrián Salazar se solicita al consistorio que emita un informe sobre los hechos denunciados y que aporte copias de los expedientes relacionados con la edificación de este bloque de doce viviendas.
De esta manera se abre la investigación de un tema denunciado por un vecino del municipio ante la fiscalía el pasado mes de junio al entender que se infringía "la utilización racional del suelo orientada a intereses generales".
La denuncia se presentó contra el alcalde, el aparejador, el promotor, y cualquier otro funcionario o político que pudiera ser responsable de los hechos, al entender que la gestión irregular engloba desde 2002, cuando el consistorio, gobernado por el pacto PP-PSM, detectó la irregularidad pero permitió que continuara la ejecución de las obras; hasta este mismo año, en el que el equipo de gobierno PSOE-UM ha cerrado el tema otorgando el final de obra al bloque de pisos mediante un expediente de desafectación.
El edificio objeto de la denuncia se levanta en el solar del antiguo cine Fantasio, en la calle Pere Rosselló esquina con Son Amengual. En 2002 los servicios municipales descubrieron que la construcción no se ajustaba a la licencia al desviarse unos centímetros de la alineación de esa calle y se ordenó la suspensión de la actividad. Pero el mismo día que se emitió el expediente de disciplina urbanística se firmó un extraño documento privado en virtud del cual el entonces edil de Urbanismo y actual portavoz del PP, Joan Simonet, y el aparejador municipal acordaban que la alineación de la calle pasaba a ser la del nuevo edificio y que, por tanto, no existía ninguna irregularidad y se podía levantar la suspensión. Lo más sorprendente es que este informe redactado por los arquitectos de la obra y aceptado por el concejal y el técnico municipal no apareció hasta que se presentó la primera denuncia, en junio de 2005.
Desafectación
En diciembre de 2005 el consistorio gobernado por PSOE-UM decidió cerrar el tema ordenando la desafectación en favor del promotor de los 11,70 metros cuadrados de vía pública invadidos a un precio de 19.000 euros, que se abonó inmediatamente para legalizar el polémico edificio. Esta medida también provocó una denuncia administrativa del mismo vecino que ha protagonizado todas las demandas, al considerar que se debía imponer además una sanción ante la infracción existente.
En aquel momento se cruzaron declaraciones y acusaciones entre los portavoces políticos, ya que el edil de Urbanismo, Antoni Rebassa (UM) anunció que informaría a la fiscalía "para no encubrir un delito" de los hechos que en su opinión afectaban al líder del PP, Joan Simonet, "por regalar vía pública para mayor lucro de un promotor" y al entonces alcalde, Josep Gomila (PSM), "por ordenar que se reanudaran las obras". Por su parte, el alcalde, Miquel Deyà (PSOE), defendió la desafectación afirmando que "no sería normal ordenar la demolición".