(Diario de Mallorca, 5/12/2006)

El juez confirmó la prisión para Hidalgo y Gibert para garantizar el éxito de las pesquisas

F.ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA.
El magistrado Álvaro Latorre, instructor del caso Voramar, una presunta trama de corrupción urbanística en torno al ayuntamiento de Andratx, prorrogó ayer la situación de prisión preventiva del alcalde de dicha localidad, Eugenio Hidalgo (Partido Popular), y del celador de obras municipal, Jaume Gibert. La fiscalía anticorrupción imputa a estos dos principales implicados en el supuesto entramado un rosario de delitos, entre ellos 52 de prevaricación urbanística por las licencias de construcción irregulares supuestamente otorgadas a cambio de sobornos o dádivas.

Hidalgo y Gibert, que ayer cumplieron una semana privados de libertad desde el estallido el pasado lunes 27 de noviembre de la operación Voramar, vieron desvanecerse sus esperanzas de salir en libertad provisional pasadas la una de la tarde, cuando se les notificó en los calabozos de Vía Alemania la decisión judicial.

El magistrado Álvaro Latorre apoyó en sus autos el criterio de los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pere Horrach, que junto a Adrián Salazar, investigan el caso.

La fiscalía pidió que Hidalgo y Gibert siguieran en la cárcel por varios motivos: la gravedad de los delitos investigados, el elevado riesgo de que se fugaran y se sustrajeran a la acción de la justicia, y la posibilidad de que, si salían libres, entorpecieran las pesquisas, que ayer seguían abiertas y dieron pie a nuevas actuaciones, entre ellas registros de sedes societarias, despachos de abogados y domicilios particulares.

El alcalde y el funcionario municipal fueron conducidos a los juzgados de Vía Alemania a primera hora de la mañana desde la cárcel y custodiados por la Policía Nacional. Ambos vestían la misma ropa que usaron el jueves durante su larga comparecencia, dado que sus familiares no pudieron llevarles mudas a la cárcel por su situación de incomunicación y porque, al parecer, solamente los miércoles se les pueden entregar objetos a los reclusos.

Fianza de tres millones

La vistilla para revisar la situación de los dos presos estaba convocada a las diez de la mañana, pero los trámites para exponer y analizar las distintas posturas se prolongaron hasta pasadas las trece horas.

Los fiscales solicitaron que se mantuviera la prisión, aunque está vez en régimen de comunicación, para que sus defensores, Rafael Perera y Juan Luis Matas, puedan hablar con ellos y organizar su estrategia.

Alternativamente, la fiscalía pidió que, si el juez optaba por la libertad provisional, se les exigiese sendas fianzas de tres millones de euros. El pasado jueves se había apuntado una fianza de seis millones en caso de que Gibert hubiese salido en libertad.

El jarro de agua fría para los imputados llegó al conocerse la decisión del juez, que confirmó la prisión provisional ante el temor de que el alcalde y el celador traten de malbaratar las pesquisas en marcha.

Los dos presos preventivos sí que podrán comunicarse con sus familiares y abogados para diseñar su defensa.

Hacienda y Policía registran sedes de empresas y domicilios

Tres equipos coordinados se incautan de centenares de documentos y dinero en efectivo

F.ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA.
La segunda fase de la operación Voramar, una presunta trama de corrupción urbanística vinculada al ayuntamiento de Andratx, se desarrolló ayer a lo largo de todo el día con una serie de registros practicados por funcionarios de la Agencia Tributaria, Policía Judicial de la Guardia Civil y comisiones judiciales. Los investigadores volvieron a incautarse de centenares de documentos, dinero en efectivo y otras pruebas de los negocios realizados por los principales implicados en el caso y allanaron, al menos, dos domicilios particulares, uno de ellos propiedad del alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo

Las actuaciones se desarrollaron de forma paralela a la comparecencia del alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y del celador municipal, Jaime Gibert, en los juzgados de Vía Alemania para decidir su prisión o libertad con fianza. Finalmente, el magistrado instructor Álvaro Latorre se inclinó por prolongar la prisión provisional de los dos principales implicados en el caso.

Al menos tres equipos integrados por expertos funcionarios de la Agencia Tributaria y veteranos miembros de la Policía Judicial se desplegaron por varios puntos de Palma con el objetivo de intervenir documentos y expedientes de sociedades y particulares supuestamente vinculados con el entramado.

La segunda fase de la operación Voramar empezó a primeras horas de la mañana.Uno de los lugares donde se desplegaron agentes uniformados y de paisano de la Guardia Civil fueron las oficinas de un empresario y abogado no ejerciente, Miguel Miralles, que figura entre los administradores de empresas promotoras investigadas por la supuesta corrupción.

Este letrado, defendido por Fernando Mateas, se hallaba de viaje el pasado lunes 27 de noviembre cuando estalló el caso, pero se puso a disposición de los investigadores. El día 27 el despacho de Miralles fue precintado por una comisión judicial. Ayer su oficina central, situada en una travesía de las avenidas de Palma, fue objeto de una requisa que se prolongó hasta bien entrada la tarde.

Otro de los equipos se desplazó al domicilio particular de Manuel Zapata López, otro empresario vinculado a sociedades como Prollamp de Ponent o Proyectos Promestar S.L. que la fiscalía incluye en la trama empresarial empleada supuestamente para camuflar los beneficios del urbanismo ilegal o invertir beneficiándose con información privilegiada y trato de favor municipal. Esta casa particular está situada en el número 3 de la calle Bisbe Bernat Nadal, cerca del Ocimax. Por la tarde, la Guardia Civil allanó la tienda de ropa infantil Colorins, propiedad de Antonia Garí, la esposa de Jaume Gibert y que ha sido citada hoy a declarar en comandancia.