 |
Andratx: la Guardia Civil imputa a 56 personas en el caso de corrupción |
(Diario de Mallorca, 2/12/2006)
Muchas de ellas todavía no han sido llamadas a declarar, pero aparecen en la documentación
J.F.M./ F.A. PALMA.
La operación Voramar no se ha detenido tras la toma de declaración ante el juez de los tres detenidos. La Guardia Civil ha continuado tomando declaración a las personas implicadas en esta trama urbanística y a fecha de hoy son 56 las personas que tendrán que explicar al juez su papel en el reparto urbanístico que se decidía en el ayuntamiento de Andratx.
Entre los imputados, de los que muchos de ellos no han sido todavía llamados a declarar, figuran constructores, empresarios, arquitectos, promotores y particulares que habrían pagado dinero a cambio de recibir un trato de favor en la ordenación urbanística en Andratx.
Varias de las personas que figuran en las empresas que han aparecido en la investigación se han puesto en contacto con el juzgado para comunicar que están dispuestos a declarar. La Guardia Civil tiene sobre la mesa una larga lista de nombres de personas para determinar quién habría participado en esta presunta corrupción. Se persigue tanto al que cobró dinero a cambio de una licencia urbanística como el que pagó para obtener un trato de favor en la construcción de su vivienda.
Además de la toma de declaración, la Guarda Civil continuó ayer revisando la amplia documentación recogida en las oficinas de los tres principales implicados, Hidalgo, Massot y Gibert. Se comprueba expediente por expediente y se comprueba si la construcción que se ha realizado coincide con las fotografías aéreas que se tienen de la situación del terreno. Teóricamente, en las fincas rústicas sólo se autorizaban obras si existía una edificación anterior, pero no se permitía aumentar el volumen. Sin embargo, la fiscalía cree que se concedieron permisos para construir grandes edificaciones en terrenos rústicos donde existían pequeñas viviendas.
Gibert, el celador del que se cree que cobraba dádivas a cambio de acelerar la concesión de licencias, sostuvo ante el juez que él no tenía la última palabra sobre la aprobación de estos permisos. En el expediente se incluía un informe del arquitecto y de otros técnicos del Ayuntamiento. El celador confirmó que Massot, a pesar de que ya no trabajaba en el Ayuntamiento, continuaba visitando las oficinas, aunque lo hacía en horario de tarde. Según él, se encargaba de los expedientes complicados.
Muchas de ellas todavía no han sido llamadas a declarar, pero aparecen en la documentación
J.F.M./ F.A. PALMA.
La operación Voramar no se ha detenido tras la toma de declaración ante el juez de los tres detenidos. La Guardia Civil ha continuado tomando declaración a las personas implicadas en esta trama urbanística y a fecha de hoy son 56 las personas que tendrán que explicar al juez su papel en el reparto urbanístico que se decidía en el ayuntamiento de Andratx.
Entre los imputados, de los que muchos de ellos no han sido todavía llamados a declarar, figuran constructores, empresarios, arquitectos, promotores y particulares que habrían pagado dinero a cambio de recibir un trato de favor en la ordenación urbanística en Andratx.
Varias de las personas que figuran en las empresas que han aparecido en la investigación se han puesto en contacto con el juzgado para comunicar que están dispuestos a declarar. La Guardia Civil tiene sobre la mesa una larga lista de nombres de personas para determinar quién habría participado en esta presunta corrupción. Se persigue tanto al que cobró dinero a cambio de una licencia urbanística como el que pagó para obtener un trato de favor en la construcción de su vivienda.
Además de la toma de declaración, la Guarda Civil continuó ayer revisando la amplia documentación recogida en las oficinas de los tres principales implicados, Hidalgo, Massot y Gibert. Se comprueba expediente por expediente y se comprueba si la construcción que se ha realizado coincide con las fotografías aéreas que se tienen de la situación del terreno. Teóricamente, en las fincas rústicas sólo se autorizaban obras si existía una edificación anterior, pero no se permitía aumentar el volumen. Sin embargo, la fiscalía cree que se concedieron permisos para construir grandes edificaciones en terrenos rústicos donde existían pequeñas viviendas.
Gibert, el celador del que se cree que cobraba dádivas a cambio de acelerar la concesión de licencias, sostuvo ante el juez que él no tenía la última palabra sobre la aprobación de estos permisos. En el expediente se incluía un informe del arquitecto y de otros técnicos del Ayuntamiento. El celador confirmó que Massot, a pesar de que ya no trabajaba en el Ayuntamiento, continuaba visitando las oficinas, aunque lo hacía en horario de tarde. Según él, se encargaba de los expedientes complicados.