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A la espera de que Cort retire la antena |
(Diario de Mallorca, 31/10/2006)
El juez le permite que quite un aparato de telefonía móvil, pero al consistorio se le ha pasado el plazo
RAQUEL GALÁN
Los apartamentos es Pil·larí Playa, un enorme bloque de color azul situado en primera línea de la Playa de Palma, tienen desde principios del siglo XXI un vecino en el ático al que casi nadie quiere como inquilino. Las antenas de telefonía móvil instaladas allí dominan el paisaje de las azoteas de la turística zona palmesana. Sin embargo, no tienen licencia municipal. Por este motivo, el Ayuntamiento y uno de los vecinos -apoyado por casi cuarenta firmas de otros residentes- iniciaron el proceso para retirarla. Después de muchos años y denuncias interpuestas, un auto judicial autorizó al consistorio a que demoliese las obras realizadas sin licencia.
Sin embargo, la dejación hizo que a Cort se le pasase el plazo máximo de dos meses que le asignaba el auto del juez. Terminaba el 21 de octubre y ahora los afectados se sienten desolados al pensar que el proceso tiene que volver a comenzar.
Además, lamentan que se encuentran sin apoyo suficiente, debido a que muchas viviendas son de alquiler o de "extranjeros que sólo vienen un mes de vacaciones y desconocen los peligros que conlleva la cercanía de una antena de telefonía", en palabras de una vecina que no quiere dar su nombre.
Cuentan que la instalación empezó sin que nadie se percatase: "El año 2000 ó 2001 comenzaron a realizar obras en la azotea. Una vecina se dio cuenta de que subían una caseta, pero ahí quedó todo".
Al cabo de un año, se enteraron de que iban a tener una antena porque ya estaba puesta. Cuando instalaron una segunda, comenzaron a recoger firmas y pidieron explicaciones a los miembros de la junta de la comunidad de vecinos, que fueron quienes autorizaron el aparato.
Sus argumentos se basaban en que "el dinero que ofrecía la compañía telefónica serviría para hacer mejoras en la finca y la junta permitió la colocación sin consultar al resto porque si no se daban prisa, esta empresa se iría a otro edificio", tal como explican quienes están en contra.
El Ayuntamiento ha iniciado de nuevo los trámites para ampliar el plazo otorgado por el juez y entrar subsidiariamente en la finca con el fin de retirar la antena ilegal.
Los afectados creen que todos estos años de espera y riesgos -"por estar expuestos a las antenas de telefonía", argumentan- se podrían haber evitado si la administración municipal se hubiese preocupado de las denuncias que se interpusieron desde el año 2002 por este motivo.
Ahora sólo quieren que, finalmente, se hagan las cosas bien, concluyen.
El juez le permite que quite un aparato de telefonía móvil, pero al consistorio se le ha pasado el plazo
RAQUEL GALÁN
Los apartamentos es Pil·larí Playa, un enorme bloque de color azul situado en primera línea de la Playa de Palma, tienen desde principios del siglo XXI un vecino en el ático al que casi nadie quiere como inquilino. Las antenas de telefonía móvil instaladas allí dominan el paisaje de las azoteas de la turística zona palmesana. Sin embargo, no tienen licencia municipal. Por este motivo, el Ayuntamiento y uno de los vecinos -apoyado por casi cuarenta firmas de otros residentes- iniciaron el proceso para retirarla. Después de muchos años y denuncias interpuestas, un auto judicial autorizó al consistorio a que demoliese las obras realizadas sin licencia.
Sin embargo, la dejación hizo que a Cort se le pasase el plazo máximo de dos meses que le asignaba el auto del juez. Terminaba el 21 de octubre y ahora los afectados se sienten desolados al pensar que el proceso tiene que volver a comenzar.
Además, lamentan que se encuentran sin apoyo suficiente, debido a que muchas viviendas son de alquiler o de "extranjeros que sólo vienen un mes de vacaciones y desconocen los peligros que conlleva la cercanía de una antena de telefonía", en palabras de una vecina que no quiere dar su nombre.
Cuentan que la instalación empezó sin que nadie se percatase: "El año 2000 ó 2001 comenzaron a realizar obras en la azotea. Una vecina se dio cuenta de que subían una caseta, pero ahí quedó todo".
Al cabo de un año, se enteraron de que iban a tener una antena porque ya estaba puesta. Cuando instalaron una segunda, comenzaron a recoger firmas y pidieron explicaciones a los miembros de la junta de la comunidad de vecinos, que fueron quienes autorizaron el aparato.
Sus argumentos se basaban en que "el dinero que ofrecía la compañía telefónica serviría para hacer mejoras en la finca y la junta permitió la colocación sin consultar al resto porque si no se daban prisa, esta empresa se iría a otro edificio", tal como explican quienes están en contra.
El Ayuntamiento ha iniciado de nuevo los trámites para ampliar el plazo otorgado por el juez y entrar subsidiariamente en la finca con el fin de retirar la antena ilegal.
Los afectados creen que todos estos años de espera y riesgos -"por estar expuestos a las antenas de telefonía", argumentan- se podrían haber evitado si la administración municipal se hubiese preocupado de las denuncias que se interpusieron desde el año 2002 por este motivo.
Ahora sólo quieren que, finalmente, se hagan las cosas bien, concluyen.