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Santa Eulària: Riera admite a la juez que fue un error votar a favor de la licencia de su primo |
(Diario de Ibiza, 19/10/2006)
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El fiscal mantiene que el edil y la ex arquitecta de Santa Eulària prevaricaron al votar e informar a favor de la licencia del restaurante. La defensa insiste en que la tramitación fue legal porque se trata de suelo urbano
El teniente de alcalde de Santa Eulària Vicent Riera aseguró ayer ante la juez del Juzgado de lo Penal número 1, Clara Ramírez, en el juicio por la construcción de un bar-restaurante en la playa de Cala Nova, que desconocía que la licencia aprobada por la Comisión de Gobierno en junio de 2000, y a la que él votó a favor, fue solicitada por su primo hermano. Riera señaló que la petición de licencia venía a nombre de Explotaciones Parot S.A y que, como en la zona de es Canar «hay bastantes», desconocía que esta empresa era de su primo, al margen de que tampoco sabía que tenía que abstenerse de la votación. «No pensé que tuviera que hacerlo. Fue un error», indicó el teniente de alcalde de Santa Eulària para apuntar acto seguido que «mi voto era innecesario» porque siete compañeros más votaron a favor de la concesión de licencia, que, según el edil, era acorde a derecho. «No podíamos negarnos a dar la licencia», recalcó.
El Ministerio Fiscal consideró que el concejal mintió en sus afirmaciones. «Me niego a creer que vote cosas que no conoce. Son cosas demasiado importantes para dejarlas en manos de técnicos», señaló el fiscal, que mantiene la acusación contra el concejal y la ex arquitecta municipal Raquel García, a los que imputa un delito de prevaricación por votar e informar, respectivamente, a favor de la concesión de la licencia «a sabiendas de que era claramente contrario a la ley». Pide para ambos una pena de inhabilitación de nueve años y una multa aproximada de 54.000 euros.
Tanto el concejal como la ex arquitecta defendieron ante la juez la legalidad de la concesión de la licencia, en contra de la posición del fiscal, que apuntó reiteradamente en la vista oral que una parcela arbolada junto a la playa no puede ser considerada suelo urbano. La acusada y la defensa insistieron, en cambio, en que la parcela reúne las condiciones de suelo urbano porque, tal como apunta la Ley del Suelo de 1998, dispone de las infraestructuras propias de un suelo de estas características: acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de fecales y alumbrado. Amics de la Terra fue quien denunció los hechos en 2001 al constatar la excavación y la tala de árboles en las dunas.
«No soy concejal de Urbanismo»
En su declaración, Vicent Riera volvió a afirmar ante un juez que, en contra de lo que se ha dicho, él no ocupa el cargo de concejal de Urbanismo. «Soy presidente de la comisión informativa de plenos y portavoz de los plenos. El alcalde tiene delegada la concesión de licencias en la comisión de gobierno, que él mismo preside», dijo. Sobre el proceso de aprobación de licencias, el teniente de alcalde aseguró que los miembros de la Comisión de Gobierno desconocen los proyectos que se presentan y que sólo votan a favor de los que cuentan con informes técnicos favorables. En este sentido, recalcó que no sabía que su pariente hubiese presentado ningún proyecto. El primo, Jaime Ferrer, también negó que hablase de ello con el edil, con el que, según dijo, mantiene una relación «familiar y cordial», pero que en los últimos 10 años «no ha coincidido con él ni en una comida familiar». «Nunca he hablado con mi primo de ello porque no me gusta mezclar las cosas y considero que se trata de un asunto técnico y no político», apuntó Ferrer, que declaró como testigo.
El proceso de aprobación de licencias de Santa Eulària causó sorpresa a la juez, que cuestionó al concejal acusado si «la Comisión de Gobierno tiene una función puramente ornamental». «¿Ustedes qué pintan?», preguntó la jueza, a lo que Riera respondió que se trata de un asunto «reglado» reconociendo incluso que los miembros de la Comisión de Gobierno no tienen conocimientos de urbanismo. «Con el tiempo, alguien puede ir aprendiendo algo», dijo el edil, que recordó que, pese a que lleva 15 años en política, de 1991 a 1999 desempeñaba funciones de concejal de Cultura, Educación y Deportes y que sólo llevaba un año en la Comisión de Gobierno cuando se votó la licencia de su primo.
«Yo como juez no puedo juzgar a un primo. Usted debe saber que no puede intervenir, como miembro de la Comisión de Gobierno, en una decisión que afecta a un primo», insistió la juez. Riera señaló que entendía a la jueza pero que, advirtió, «nadie nos forma para ser políticos». «Qué suerte», respondió la jueza, «porque los demás necesitamos muchos años para formarnos. Pero eso no es una excusa para exculparse. Usted está diciendo que votó a favor de la licencia con un desconocimiento absoluto de todo». Riera le dijo acto seguido: «Aunque le extrañe, la Comisión de Gobierno funciona así».
EIVISSA | EUGENIO RODRÍGUEZ
El fiscal mantiene que el edil y la ex arquitecta de Santa Eulària prevaricaron al votar e informar a favor de la licencia del restaurante. La defensa insiste en que la tramitación fue legal porque se trata de suelo urbano
El teniente de alcalde de Santa Eulària Vicent Riera aseguró ayer ante la juez del Juzgado de lo Penal número 1, Clara Ramírez, en el juicio por la construcción de un bar-restaurante en la playa de Cala Nova, que desconocía que la licencia aprobada por la Comisión de Gobierno en junio de 2000, y a la que él votó a favor, fue solicitada por su primo hermano. Riera señaló que la petición de licencia venía a nombre de Explotaciones Parot S.A y que, como en la zona de es Canar «hay bastantes», desconocía que esta empresa era de su primo, al margen de que tampoco sabía que tenía que abstenerse de la votación. «No pensé que tuviera que hacerlo. Fue un error», indicó el teniente de alcalde de Santa Eulària para apuntar acto seguido que «mi voto era innecesario» porque siete compañeros más votaron a favor de la concesión de licencia, que, según el edil, era acorde a derecho. «No podíamos negarnos a dar la licencia», recalcó.
El Ministerio Fiscal consideró que el concejal mintió en sus afirmaciones. «Me niego a creer que vote cosas que no conoce. Son cosas demasiado importantes para dejarlas en manos de técnicos», señaló el fiscal, que mantiene la acusación contra el concejal y la ex arquitecta municipal Raquel García, a los que imputa un delito de prevaricación por votar e informar, respectivamente, a favor de la concesión de la licencia «a sabiendas de que era claramente contrario a la ley». Pide para ambos una pena de inhabilitación de nueve años y una multa aproximada de 54.000 euros.
Tanto el concejal como la ex arquitecta defendieron ante la juez la legalidad de la concesión de la licencia, en contra de la posición del fiscal, que apuntó reiteradamente en la vista oral que una parcela arbolada junto a la playa no puede ser considerada suelo urbano. La acusada y la defensa insistieron, en cambio, en que la parcela reúne las condiciones de suelo urbano porque, tal como apunta la Ley del Suelo de 1998, dispone de las infraestructuras propias de un suelo de estas características: acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de fecales y alumbrado. Amics de la Terra fue quien denunció los hechos en 2001 al constatar la excavación y la tala de árboles en las dunas.
«No soy concejal de Urbanismo»
En su declaración, Vicent Riera volvió a afirmar ante un juez que, en contra de lo que se ha dicho, él no ocupa el cargo de concejal de Urbanismo. «Soy presidente de la comisión informativa de plenos y portavoz de los plenos. El alcalde tiene delegada la concesión de licencias en la comisión de gobierno, que él mismo preside», dijo. Sobre el proceso de aprobación de licencias, el teniente de alcalde aseguró que los miembros de la Comisión de Gobierno desconocen los proyectos que se presentan y que sólo votan a favor de los que cuentan con informes técnicos favorables. En este sentido, recalcó que no sabía que su pariente hubiese presentado ningún proyecto. El primo, Jaime Ferrer, también negó que hablase de ello con el edil, con el que, según dijo, mantiene una relación «familiar y cordial», pero que en los últimos 10 años «no ha coincidido con él ni en una comida familiar». «Nunca he hablado con mi primo de ello porque no me gusta mezclar las cosas y considero que se trata de un asunto técnico y no político», apuntó Ferrer, que declaró como testigo.
El proceso de aprobación de licencias de Santa Eulària causó sorpresa a la juez, que cuestionó al concejal acusado si «la Comisión de Gobierno tiene una función puramente ornamental». «¿Ustedes qué pintan?», preguntó la jueza, a lo que Riera respondió que se trata de un asunto «reglado» reconociendo incluso que los miembros de la Comisión de Gobierno no tienen conocimientos de urbanismo. «Con el tiempo, alguien puede ir aprendiendo algo», dijo el edil, que recordó que, pese a que lleva 15 años en política, de 1991 a 1999 desempeñaba funciones de concejal de Cultura, Educación y Deportes y que sólo llevaba un año en la Comisión de Gobierno cuando se votó la licencia de su primo.
«Yo como juez no puedo juzgar a un primo. Usted debe saber que no puede intervenir, como miembro de la Comisión de Gobierno, en una decisión que afecta a un primo», insistió la juez. Riera señaló que entendía a la jueza pero que, advirtió, «nadie nos forma para ser políticos». «Qué suerte», respondió la jueza, «porque los demás necesitamos muchos años para formarnos. Pero eso no es una excusa para exculparse. Usted está diciendo que votó a favor de la licencia con un desconocimiento absoluto de todo». Riera le dijo acto seguido: «Aunque le extrañe, la Comisión de Gobierno funciona así».
El fiscal cree que hubo «una mano negra»
El Ministerio Fiscal aseguró en su alegato de conclusiones que algo «falla en este país, en esta isla y en Santa Eulària» cuando se «puede edificar con tanta facilidad». «Dicen que si no dan la licencia les ponen un pleito. Me avergüenzo de que se pueda utilizar este argumento para dar una licencia junto a la playa», indicó. El Ministerio Público cree que Riera Noguera «exageró» ayer ante la juez su desconocimiento del asunto para defenderse de la acusación, apuntando que, a su entender, ha existido «una mano negra». «Después de 12 años sin relación, en tres días se aprobó la licencia porque se veían venir la moratoria», dijo.
«Es falso que el permiso se tramitase en tres días»
EIVISSA | E. R.
La defensa apuntó que la licencia no se tramitó en sólo tres días. «Eso es falso», dijo la letrada del promotor de la obra. «Se solicitó la licencia de obra el día 25 de junio y el 28 se aprobó en Comisión de Gobierno, pero la tramitación empezó en marzo, cuatro meses antes, con la presentación del proyecto básico», concretó. La ex arquitecta municipal defendió ante la juez que, aunque el planeamiento urbanístico no estuviese adaptado a la la nueva Ley del Suelo del 98 y en el planeamiento urbanístico no figurase esta parcela como suelo urbano, sino como reserva urbana (figura urbanística que hoy no existe), la normativa estatal obliga a considerarla urbana si está consolidada ya sea porque dispone de las infraestructuras necesarias o por estar integrada en la malla urbana.
La ex arquitecta defendió que la parcela, de 18.000 metros cuadrados, disponía en sus linderos de las infraestructuras que exige la ley (acceso rodado y demás). La defensa alegó incluso que a principios de los 90, y a instancias del Ayuntamiento, el Govern financió la «mejora» de estas infraestructuras en el marco de un plan de embellecimiento turístico. Recordó, además, que la línea de Costas se sitúa en este terreno a 20 metros, distancia exclusiva para urbano o urbanizable. «Es urbano», reiteró la ex arquitecta, que añadió: «Así lo dice la ley. Mi trabajo es aplicarla, no interpretarla».
Marienna Sánchez Jáuregui, que entonces era asesora jurídica del Consell y secretaria de la Comisión Insular de Urbanismo, confirmó ayer en el juicio las tesis de la defensa y de otro técnico de la institución insular. Ambos coincidieron en que la licencia estaba bien dada e incluso que, de lo contrario, el promotor podía «interponer un pleito».
Insistieron en que un suelo urbano es «en realidad» que no se puede obviar. Por contra, otra técnica de Urbanismo del Consell ratificó el informe realizado a instancias del fiscal y que pone de manifiesto que las DOT desclasificaron este terreno y que antes de conceder una licencia se debería haber adaptado el plan urbanístico a la nueva situación.