(Diario de Mallorca, 21/09/2006)

La fiscalía general del Estado resalta que el urbanismo es una "fuente de criminalidad" en el área del Mediterráneo

FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA.
Las causas judiciales abiertas por delitos contra la ordenación del territorio y medio ambiente en Balears el año pasado crecieron un 64 por ciento en relación al ejercicio del 2004, según consta en última memoria de la fiscalía general del Estado (FGE), donde se afirma que en el Mediterráneo español el urbanismo se ha convertido en "una fuente creciente de criminalidad". Las diligencias judiciales por fraude a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social también aumentaron en el mismo período en las islas un 550%. El ministro de Justicia, Juan Fernández López Aguilar, afirmó el martes que "en muchos ayuntamientos" de Balears y otras regiones se han practicado "políticas urbanísticas bastardas al servicio de intereses especulativos", lo que convierte estas zonas en "otras marbellas"

Ya en la memoria del año 2005 la FGE vinculó en Balears el crecimiento de los delitos urbanísticos a la corrupción política. Un informe situó al archipiélago entre las zonas de España más castigadas por esta modalidad delictiva, entre las que también destacaban Marbella (y Málaga en general), Madrid, Canarias, Murcia y Alicante.

En la memoria del 2006 se insiste en dicha conexión y se afirma que los delitos urbanísticos han generado "una problemática social gravísima frente a la cual la respuesta de la Administración de Justicia ha sido lenta y tímida". La fiscalía general opina que la débil reacción de la Justicia ante la creciente corrupción "ha permitido la extensión de este tipo de actividades".

El ministerio público explica a continuación la causa última de esta degradación social: "Las cuestiones de recalificación del suelo, licitaciones de grandes y pequeñas obras públicas, autorizaciones y licencias urbanísticas conllevan en muchas ocasiones tal repercusión económica para los propios organismos públicos encargados de la gestión, que favorecen el desarrollo de conductas corruptas tanto directamente por los responsables de la gestión urbanística, como indirectamente por complacencia u omisión de quienes deberían vigilar que las mismas no se produzcan".

La FGE se muestra este año especialmente preocupada por un tipo de conducta que define como una antesala del urbanismo descontrolado y que es la parcelación ilegal de fincas rústicas, una práctica muy extendida en Balears. El informe aboga por la penalización de las parcelaciones ilegales, que suponen "una alarma anticipada de una intensa especulación que abre la puerta a la desordenación del territorio y permite la ulterior construcción ilegal".

En cifras absolutas a lo largo del 2005 se abrieron en Balears 36 causas por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, un 64 por ciento más que las 22 del 2004.

La memoria fiscal atribuye "el fuerte incremento de los delitos contra la Hacienda Pública en las islas a la incoación de 17 causas por defraudaciones tributarias". Este impulso contra los entramados de fraude y blanqueo de dinero ha sido impulsado por la Agencia Tributaria y por el delegado de la fiscalía anticorrupción en Balears Juan Carrau.

Otra modalidad criminal cada vez más frecuente en los juzgados insulares son los delitos contra los derechos de los trabajadores, que en su mayor parte fueron "delitos contra los derechos laborales". El año pasado se investigaron en las islas 303 delitos de este tipo, un 137 más que en 2004.

Depuradoras desbordadas y basureros sin control

En el apartado de los delitos contra el medio ambiente cometidos en Balears, y que crecieron considerablemente a lo largo del año pasado, la fiscalía general destaca los problemas derivados del tratamiento de aguas residuales, por el mal estado e insuficiencia de las depuradoras, las disfunciones en la gestión de todo tipo de residuos (urbanos, de construcción, hospitalarios, etc) y los basureros ilegales.

El Consell ha intervenido en 23 casos de irregularidades urbanísticas desde 1998

Nota de Disúrbia: volem entendre que aquesta informació ve referida a casos d'impugnació de llicències concedides irregularment pels ajuntaments. Òbviament, la major part de les intervencions dels consells estan motivades per obres sense o contra llicència, que poden ser infraccions tan o més greus que les autoritzacions il·legals (sobre tot, quan són consentides pels municipis), i que no podem oblidar de cap manera.

El Consell de Mallorca ha intervenido en un total de 23 casos de presuntas irregularidades relacionadas con el urbanismo en los municipios desde 1998, según los datos del responsable de Territorio de la institución insular, Bartomeu Vicens. Sólo seis de estos casos han acabado en sentencia firme, siempre a favor de la institución insular, la última de las cuales se refiere a Petra. En el resto, el Consell no ha llegado a los tribunales, bien porque los ayuntamientos han dado marcha atrás o porque aún sigue la tramitación de las revisiones de oficio.

El Ayuntamiento de Andratx está a la cabeza de las actuaciones del Consell, con un total de seis casos que está revisando, todos ellos desde 2005. De hecho, Vicens destaca el caso de este municipio ya que "en los seis últimos meses les hemos pedido un total de nueve expedientes de licencias que hasta la fecha no nos han mandado, a pesar de estar obligados a hacerlo".

Después de Andratx, se encuentra Selva, con cinco casos en los que ha intervenido el Consell entre 2003 y 2004; Santa Margalida, con tres casos entre 1998 y 2004; Campanet, con dos casos en 1999 y 2005, y Montuïri, Sineu, Petra, Lloret, ses Salines, Esporles y Campos, con un caso cada uno.

De los 23 casos, 17 se han producido entre 2004 y 2005. "antes estábamos ante casos esporádicos, pero ahora se ve que además se hace sistemática y reiteradamente y, además, en zonas protegidas", afirma Vicens quien resalta la necesidad de reforzar la Comisión Insular de Urbanismo.

El GOB exige una fiscalía para delitos urbanísticos

El GOB exigió ayer al ministro de Justicia, Juan Antonio lópez Aguilar, que "cree de una vez en Balears una plaza de fiscal especializado exclusivamente en delitos urbanísticos y ambientales". Ante las declaraciones del ministro sobre las políticas urbanísticas "bastardas" que se practican en Balears, el GOB resalta que mientras "el incremento de estos delitos es muy rápido", el ministerio de Justicia "no acaba de dotar a la Fiscalía del TSJB de recursos humanos, económicos y técnicos para poder llevar a cabo su trabajo en condiciones". Para la organización ecologista, la creación de una plaza de fiscal especializado "es la única manera de que se puedan perseguir estos delitos con garantías". Además, recuerda que hace un mes y medio el GOB remitió una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "haciéndole llegar la preocupación por el incremento de la delincuencia y la corrupción urbanística que afecta a Balears y las consecuencias que eso tiene sobre un territorio limitado con recursos limitados". En el escrito, la organización comentaba a Zapatero "la impunidad con la que se incumple la normativa urbanística y ambiental" y el que esto "puede acabar afectando igualmente al desarrollo del país y al bienestar general", por lo que le pedía más medios para la Fiscalía de Balears