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Campos: Prohens vuelve a recurrir una sentencia contra los 67 apartamentos de ses Covetes |
(Diario de Mallorca, 15/09/2006)
El GOB critica a Matas el "doble lenguaje del PP" y pide "coherencia"
T. OBRADOR. CAMPOS.
La concejala de Hacienda del consistorio campaner, Margalida Ginard (PP), confirmó ayer a este periódico que el Ayuntamiento ha interpuesto un recurso contra la última sentencia sobre los polémicos 67 apartamentos inacabados de Torre Marina de ses Covetes. A finales de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) falló que los terrenos donde se alzan las polémicas edificaciones no son urbanos, desestimando los recursos del consistorio y de la empresa promotora Marina Ernst, que pretendían anular un acuerdo del Consell de 1994 para poder seguir construyendo. Esta nueva impugnación del Ayuntamiento ha indignado al GOB, que también ayer criticó al president del Govern, Jaume Matas, "el doble lenguaje del PP", reclamando "coherencia".
Miquel Àngel March, portavoz del grupo ecologista, manifestó que "el PP se tiene que aclarar". "El Ayuntamiento impugna todas las sentencias proteccionistas, gastando mucho dinero (se calcula que más de 600.000 euros) y dando alas a los promotores". En este sentido, el GOB rechaza que Prohens se muestre partidario de que se derriben los apartamentos y la zona vuelva a ser natural, y que el conseller de Medio Ambiente Jaume Font promueva una comisión para abordar precisamente el restablecimiento del espacio degradado, "y luego el Ayuntamiento siga impugnando y recurriendo todas las sentencias con dinero público. Tendrían que ser coherentes". Cabe señalar que de las tres vías judiciales que cuenta el expediente de ses Covetes, dos ya están prácticamente cerradas; las relativas al deslinde de costas y a la clasificación de los terrenos. En ambos casos la Justicia ha fallado a favor de la preservación medioambiental del enclave en cuestión. Falta por resolver el tema de las discutidas licencias de obra.
La opinión de Jaume Font
El conseller de Medio Ambiente del Govern, Jaume Font, no quiso opinar ayer acerca del nuevo recurso interpuesto por el consistorio: "Sobre esta decisión no tengo nada que decir, ni entro ni salgo". En cambio, Font subrayó que la propuesta del Ejecutivo autonómico será impulsada "cuando terminen los procesos judiciales, conociendo qué valor tienen las cosas". En esta línea, el conseller recordó que falta averiguar si las licencias de obra se concedieron bien o mal. La comisión pretendida estaría integrada por el Consell de Mallorca, el ministerio de Medio Ambiente y el Govern, y su misión sería la de programar las acciones a seguir para restablecer el estado inicial de esta zona costera, que desde hace años está abandonada y pone en peligro la seguridad humana. Vecinos y partidos de la oposición denuncian la eternización de este conflicto judicial y el elevado gasto para las arcas municipales que suponen tantas impugnaciones. El Gob cree que este mismo año podría despejarse la incógnita sobre las licencias de obra.
El GOB critica a Matas el "doble lenguaje del PP" y pide "coherencia"
T. OBRADOR. CAMPOS.
La concejala de Hacienda del consistorio campaner, Margalida Ginard (PP), confirmó ayer a este periódico que el Ayuntamiento ha interpuesto un recurso contra la última sentencia sobre los polémicos 67 apartamentos inacabados de Torre Marina de ses Covetes. A finales de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) falló que los terrenos donde se alzan las polémicas edificaciones no son urbanos, desestimando los recursos del consistorio y de la empresa promotora Marina Ernst, que pretendían anular un acuerdo del Consell de 1994 para poder seguir construyendo. Esta nueva impugnación del Ayuntamiento ha indignado al GOB, que también ayer criticó al president del Govern, Jaume Matas, "el doble lenguaje del PP", reclamando "coherencia".
Miquel Àngel March, portavoz del grupo ecologista, manifestó que "el PP se tiene que aclarar". "El Ayuntamiento impugna todas las sentencias proteccionistas, gastando mucho dinero (se calcula que más de 600.000 euros) y dando alas a los promotores". En este sentido, el GOB rechaza que Prohens se muestre partidario de que se derriben los apartamentos y la zona vuelva a ser natural, y que el conseller de Medio Ambiente Jaume Font promueva una comisión para abordar precisamente el restablecimiento del espacio degradado, "y luego el Ayuntamiento siga impugnando y recurriendo todas las sentencias con dinero público. Tendrían que ser coherentes". Cabe señalar que de las tres vías judiciales que cuenta el expediente de ses Covetes, dos ya están prácticamente cerradas; las relativas al deslinde de costas y a la clasificación de los terrenos. En ambos casos la Justicia ha fallado a favor de la preservación medioambiental del enclave en cuestión. Falta por resolver el tema de las discutidas licencias de obra.
La opinión de Jaume Font
El conseller de Medio Ambiente del Govern, Jaume Font, no quiso opinar ayer acerca del nuevo recurso interpuesto por el consistorio: "Sobre esta decisión no tengo nada que decir, ni entro ni salgo". En cambio, Font subrayó que la propuesta del Ejecutivo autonómico será impulsada "cuando terminen los procesos judiciales, conociendo qué valor tienen las cosas". En esta línea, el conseller recordó que falta averiguar si las licencias de obra se concedieron bien o mal. La comisión pretendida estaría integrada por el Consell de Mallorca, el ministerio de Medio Ambiente y el Govern, y su misión sería la de programar las acciones a seguir para restablecer el estado inicial de esta zona costera, que desde hace años está abandonada y pone en peligro la seguridad humana. Vecinos y partidos de la oposición denuncian la eternización de este conflicto judicial y el elevado gasto para las arcas municipales que suponen tantas impugnaciones. El Gob cree que este mismo año podría despejarse la incógnita sobre las licencias de obra.
Implicación de empresarios y firme postura del Consell
Conocidos empresarios se han involucrado en el proceso de la urbanización de Torre Marina. El desenlace judicial puede producirse este 2006, y el Ayuntamiento ya ha gastado más de 600.000 euros entre abogados, recursos... El Consell de Mallorca, por su parte, lo tiene claro. El conseller Tomeu Vicens (UM), declaró tras la sentencia de julio: "Asunto ganado, los mallorquines podemos estar tranquilos".