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Alaró: un vecino denuncia al consistorio ante la fiscalía por los pisos en Pere Rosselló |
(Diario de Mallorca, 13/09/2006)
Un promotor ocupó 12 metros cuadrados de calle que PSOE y UM le legalizaron después
BARTOMEU NOGUERA. ALARÓ.
El alcalde, el socialista Miquel Deyà; el aparejador; el promotor y demás funcionarios o políticos relacionados con la gestión municipal de una infracción urbanística son los objetivos de la denuncia presentada recientemente por un vecino de Alaró ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Esta denuncia está motivada por la construcción de una finca de pisos ubicada en la calle Pere Rosselló i Oliver y que, según los informes técnicos, ocupó irregularmente 12 metros cuadrados de vía pública durante su edificación.
El denunciante inició hace un año la batalla judicial contra estas viviendas por la vía administrativa -lo que provocó un intercambio de denuncias con el promotor- y, posteriormente, recurrió contra la solución adoptada por el consistorio.
Desde el Ayuntamiento (gobernado en la actualidad por el pacto entre el PSOE y UM) se decidió zanjar el conflicto en diciembre de 2005 proponiendo que se desafectara la superficie ocupada, a favor del constructor, a cambio del pago 19.000 euros a las arcas municipales.
Sin sanción
El promotor abonó esa cantidad y el consistorio aprobó a continuación el final de obra. En aquel momento, el denunciante recurrió esa solución y criticó que no se hubiera fijado ninguna sanción por la infracción.
Ahora, el nuevo paso de este vecino -relacionado también con el sector de la construcción-, ha sido el de poner en conocimiento de la fiscalía el asunto, al entender que la gravedad del caso merece la aplicación del derecho penal pues considera que se afecta un bien protegido como es "la utilización racional del suelo orientada a los intereses generales". Para ello, en la denuncia solicitan que se abran las diligencias de prueba necesarias y que el ayuntamiento aporte copia de todos los expedientes relacionados con la licencia concedida a esta promoción de doce viviendas.
Cronología
La construcción de este bloque de pisos tuvo su primer incidente en el año 2002, durante el anterior gobierno del pacto PP-PSM, cuando el Ayuntamiento detectó la irregularidad pero permitió proseguir la edificación en base a un polémico documento firmado por un edil y los técnicos.
En este texto se acepta la invasión de la vía pública al entender que a partir de aquel momento esa sería la alineación correcta. Este documento no constaba en el expediente municipal hasta que apareció en junio de 2005, tras la primera denuncia del mismo vecino. El actual edil de Urbanismo -Antoni Rebassa, de UM- afirmó al conocerlo que iniciaría una investigación contra el anterior gobierno municipal, aunque nunca se hizo.
Un promotor ocupó 12 metros cuadrados de calle que PSOE y UM le legalizaron después
BARTOMEU NOGUERA. ALARÓ.
El alcalde, el socialista Miquel Deyà; el aparejador; el promotor y demás funcionarios o políticos relacionados con la gestión municipal de una infracción urbanística son los objetivos de la denuncia presentada recientemente por un vecino de Alaró ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Balears.
Esta denuncia está motivada por la construcción de una finca de pisos ubicada en la calle Pere Rosselló i Oliver y que, según los informes técnicos, ocupó irregularmente 12 metros cuadrados de vía pública durante su edificación.
El denunciante inició hace un año la batalla judicial contra estas viviendas por la vía administrativa -lo que provocó un intercambio de denuncias con el promotor- y, posteriormente, recurrió contra la solución adoptada por el consistorio.
Desde el Ayuntamiento (gobernado en la actualidad por el pacto entre el PSOE y UM) se decidió zanjar el conflicto en diciembre de 2005 proponiendo que se desafectara la superficie ocupada, a favor del constructor, a cambio del pago 19.000 euros a las arcas municipales.
Sin sanción
El promotor abonó esa cantidad y el consistorio aprobó a continuación el final de obra. En aquel momento, el denunciante recurrió esa solución y criticó que no se hubiera fijado ninguna sanción por la infracción.
Ahora, el nuevo paso de este vecino -relacionado también con el sector de la construcción-, ha sido el de poner en conocimiento de la fiscalía el asunto, al entender que la gravedad del caso merece la aplicación del derecho penal pues considera que se afecta un bien protegido como es "la utilización racional del suelo orientada a los intereses generales". Para ello, en la denuncia solicitan que se abran las diligencias de prueba necesarias y que el ayuntamiento aporte copia de todos los expedientes relacionados con la licencia concedida a esta promoción de doce viviendas.
Cronología
La construcción de este bloque de pisos tuvo su primer incidente en el año 2002, durante el anterior gobierno del pacto PP-PSM, cuando el Ayuntamiento detectó la irregularidad pero permitió proseguir la edificación en base a un polémico documento firmado por un edil y los técnicos.
En este texto se acepta la invasión de la vía pública al entender que a partir de aquel momento esa sería la alineación correcta. Este documento no constaba en el expediente municipal hasta que apareció en junio de 2005, tras la primera denuncia del mismo vecino. El actual edil de Urbanismo -Antoni Rebassa, de UM- afirmó al conocerlo que iniciaría una investigación contra el anterior gobierno municipal, aunque nunca se hizo.