 |
Felanitx: nueva querella contra la alcaldesa por autorizar un complejo de 100 viviendas |
(Diario de Mallorca, 30/08/2006)
Los denunciantes sostienen que la licencia se ha otorgado sin las cesiones obligatorias
MIQUEL BARCELÓ. FELANITX.
La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), se enfrenta a una tercera querella criminal en lo que va de su mandato por la supuesta concesión irregular de una licencia urbanística en Portocolom, que permite la construcción de un complejo residencial para albergar 100 viviendas, sin que, según la denuncia presentada ante el juzgado de Manacor, se hayan ejecutado las correspondientes cesiones obligatorias.
Unos terrenos de 20.000 metros cuadrados situados entre las calles Emperador, Vapor Santueri y Llagosta pueden ser urbanizados por la concesión de licencia a la promotora Vista Colom S.A. y a Antonia Garcías Obrador. Según la denuncia "algunas personas de la junta local del PP y simpatizantes, se lucran" con esta operación.
El permiso urbanístico ha motivado la tramitación de una querella y dos contenciosos administrativos. Los denunciantes advierten que el solar no es edificable "por no contar con los servicios propios del suelo urbano edificable". Uno de ellos ha levantado acta notarial de la situación de la parcela después de su peritación.
De los 20.000 metros cuadrados del solar, que según los denunciantes no es edificable por carecer de los servicios de infraestructura, la actual normativa urbanística obliga a ceder 4.000 metros para equipamientos, 172 para zona verdes, 2.804 correspondientes a la Ronda de Portocolom y casi 6.000 para la red viaria local, "según establecen las normas urbanísticas aprobadas inicialmente el 21 de junio de 12004".
La licencia de obra, de la que se dio cuenta en el pleno municipal de 6 de marzo de este año, autoriza un complejo residencial de 100 viviendas, 150 plazas de aparcamiento, cuatro piscinas comunitarias y 14 piscinas individuales. Todo el volumen de esta obra está valorado en 8.000.000 de euros.
Venta del proyecto
Según ha podido saber este periódico, un potente grupo inmobiliario de la isla ha sellado una opción de compra de dicho proyecto y cuya transacción estaría situada en torno a los 12.000.000 de euros.
El delegado de Urbanismo, Joan Bordoy (PP), ha declarado que la tramitación de esta urbanización ha seguido todos los pasos necesarios y "legales" y niega que los promotores estén obligados a realizar cesiones "porque el proyecto está sujeto a la normativa del Plan General de 1969 y no a las normas subsidiarias aprobadas inicialmente". "No hay ningún motivo para estar inquietos"", ha declarado Bordoy, y alega en en este sentido que "ningún partido de la oposición -PSOE, PSM, UM e EU-Verds- ha cuestionado el proyecto". "No puede exigirse - a los promotores- el 10 por ciento de cesiones como aprovechamiento de la urbanización, porque el terreno está catalogado como urbano", añade Bordoy.
En cambio, el edil de Urbanismo asegura que "de forma desinteresada" los promotores han entregado 240.000 euros al Ayuntamiento y un solar de 1.700 metros cuadrados "como compensación voluntaria, y porque en las negociaciones previas, antes de evaluar las posibles cesiones, llegamos a un acuerdo de palabra, y la han cumplido".
Bordoy reconoció que entre los promotores "hay un afiliado al PP, pero no sé si es miembro de la junta". El celador municipal, Andreu Binimelis, es también parte afectada en la operación urbanística, según reconoció el responsable político de Urbanismo. El edil del PP se refirió al arquitecto Tomeu Obrador y a Tomeu Rigo como los recurrentes y dijo que el primero "ha actuado de perito en la denuncia del segundo.
Las diversas peticiones de los particulares para que se declare nula la concesión de la licencia urbanística del complejo residencial no han sido contestadas por la alcaldesa. El abogado Ramon Riutort defiende las tesis de Tomeu Rigo de que la licencia se ha concedido de forma irregular.
Los denunciantes sostienen que la licencia se ha otorgado sin las cesiones obligatorias
MIQUEL BARCELÓ. FELANITX.
La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), se enfrenta a una tercera querella criminal en lo que va de su mandato por la supuesta concesión irregular de una licencia urbanística en Portocolom, que permite la construcción de un complejo residencial para albergar 100 viviendas, sin que, según la denuncia presentada ante el juzgado de Manacor, se hayan ejecutado las correspondientes cesiones obligatorias.
Unos terrenos de 20.000 metros cuadrados situados entre las calles Emperador, Vapor Santueri y Llagosta pueden ser urbanizados por la concesión de licencia a la promotora Vista Colom S.A. y a Antonia Garcías Obrador. Según la denuncia "algunas personas de la junta local del PP y simpatizantes, se lucran" con esta operación.
El permiso urbanístico ha motivado la tramitación de una querella y dos contenciosos administrativos. Los denunciantes advierten que el solar no es edificable "por no contar con los servicios propios del suelo urbano edificable". Uno de ellos ha levantado acta notarial de la situación de la parcela después de su peritación.
De los 20.000 metros cuadrados del solar, que según los denunciantes no es edificable por carecer de los servicios de infraestructura, la actual normativa urbanística obliga a ceder 4.000 metros para equipamientos, 172 para zona verdes, 2.804 correspondientes a la Ronda de Portocolom y casi 6.000 para la red viaria local, "según establecen las normas urbanísticas aprobadas inicialmente el 21 de junio de 12004".
La licencia de obra, de la que se dio cuenta en el pleno municipal de 6 de marzo de este año, autoriza un complejo residencial de 100 viviendas, 150 plazas de aparcamiento, cuatro piscinas comunitarias y 14 piscinas individuales. Todo el volumen de esta obra está valorado en 8.000.000 de euros.
Venta del proyecto
Según ha podido saber este periódico, un potente grupo inmobiliario de la isla ha sellado una opción de compra de dicho proyecto y cuya transacción estaría situada en torno a los 12.000.000 de euros.
El delegado de Urbanismo, Joan Bordoy (PP), ha declarado que la tramitación de esta urbanización ha seguido todos los pasos necesarios y "legales" y niega que los promotores estén obligados a realizar cesiones "porque el proyecto está sujeto a la normativa del Plan General de 1969 y no a las normas subsidiarias aprobadas inicialmente". "No hay ningún motivo para estar inquietos"", ha declarado Bordoy, y alega en en este sentido que "ningún partido de la oposición -PSOE, PSM, UM e EU-Verds- ha cuestionado el proyecto". "No puede exigirse - a los promotores- el 10 por ciento de cesiones como aprovechamiento de la urbanización, porque el terreno está catalogado como urbano", añade Bordoy.
En cambio, el edil de Urbanismo asegura que "de forma desinteresada" los promotores han entregado 240.000 euros al Ayuntamiento y un solar de 1.700 metros cuadrados "como compensación voluntaria, y porque en las negociaciones previas, antes de evaluar las posibles cesiones, llegamos a un acuerdo de palabra, y la han cumplido".
Bordoy reconoció que entre los promotores "hay un afiliado al PP, pero no sé si es miembro de la junta". El celador municipal, Andreu Binimelis, es también parte afectada en la operación urbanística, según reconoció el responsable político de Urbanismo. El edil del PP se refirió al arquitecto Tomeu Obrador y a Tomeu Rigo como los recurrentes y dijo que el primero "ha actuado de perito en la denuncia del segundo.
Las diversas peticiones de los particulares para que se declare nula la concesión de la licencia urbanística del complejo residencial no han sido contestadas por la alcaldesa. El abogado Ramon Riutort defiende las tesis de Tomeu Rigo de que la licencia se ha concedido de forma irregular.
Catalina Soler afronta otras dos demandas
Catalina Soler tiene otras dos causas pendientes: una por presunta prevaricación al no expedientar una empresa en terreno rústico propiedad de su padre, y otra por presunta falsificación documental en el caso Caballistas de ses Salines. En ambos casos es también Tomeu Rigo la parte demandante. En el tema del caso Caballistas, que afecta también a otros 10 alcaldes y regidores del PP, Soler dijo haberse sentido engañada por el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, quien le pidió un certificado de actividades de la Agrupació Cavallista de ses Salines de años en los que esta entidad hípica no había sido aún constituida. La alcaldesa siempre se ha mostrado tranquila respecto a sus responsabilidades políticas en los dos escándalos.