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Calvià: un juez decreta el cierre del nuevo bar del Oratorio de Portals a instancias de Delgado |
(El Mundo, 4/08/2006)
El Ayuntamiento de Calvià mandó cerrarlo porque no tiene licencia municipal y lo denunciaron los vecinos - Es el segundo chiringuito en dos años que se cierra por orden judicial en suelo del Obispado
EDUARDO COLOM
CALVIÀ.- La playa del Oratorio no parece ser el mejor lugar para montar un bar en la sofisticada costa de Portals. En algo más de dos años se han cerrado dos negocios por orden judicial. Primero fue el bar restaurante ubicado en la explanada de la punta. Y ahora se ha decretado el cierre del que se instaló a principios de este verano en el varadero de la playa.
Francisco Pleite, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Palma, acaba de emitir un auto en el que, al menos de modo provisional, da la razón al Ayuntamiento de Calvià y pide la suspensión de la actividad que se venía desarrollando este verano.
La instalación contaba con autorización de la Demarcación de Costas. Pero no con la prescriptiva licencia del departamento municipal de Urbanismo que dirige Alberto León, que siempre se ha opuesto a la apertura del negocio, especialmente tras las denuncias vecinales -fueron éstos los que en su día denunciaron el primer bar-. «Además de que no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, consideramos que no es urbanísticamente inadecuado y es evidente que crea alarma social entre el vecindario», explicó León.
Dominio público
El bar está edificado a pie de mar, esto es, sobre dominio público marítimo-terrestre. Sobre un varadero de cemento. De ahí que necesitara una concesión de Costas, que efectivamente le fue expedida el 21 de abril de 2006. Antes de otorgar dicha licencia, el organismo gubernamental que vela por el uso del litoral solicitó un informe al Ayuntamiento. Según consta en el expediente, éste informe previo, emitido el 2 de diciembre del año pasado, fue «muy desfavorable».
Entre mayo y junio se sucedieron una denuncia particular ante la Guardia Civil, y otros dos escritos de vecinos pidiendo que no se otorgase autorización, uno de ellos presentado por la comunidad de vecinos del edificio Dos Playas, que fue el que en su día llevó al anterior bar ante los tribunales.
El negocio permaneció abierto entre mayo y julio pese a un decreto rubricado por el alcalde Carlos Delgado el 9 de junio que ordenaba paralizar la obra y suspender la actividad. Ha sido el Juzgado de lo contencioso el que ha acabado ordenando el cierre hasta que se resuelva todo el proceso. En su argumentación, el juez recuerda que sin licencia de actividad y funcionamiento ni permiso de obras no puede dejar que el bar continúe abierto. No es suficiente la autorización de Costas ni ningún otro permiso no escrito del Ayuntamiento.
Aunque está afectado por la Ley de Costas y por tanto es dominio público, el bar-restaurante y las 9 mesas y 36 sillas que albergaba están en una parcela propiedad del Obispado de Mallorca. Allí está el Oratorio de Portals, y el párroco local había llegado, como ya hiciera en 2003 con los propietarios del primer bar clausurado, a un acuerdo para alquilarla y permitir la instalación. Los fondos servían para mantener la Iglesia y para beneficiencia.
El Ayuntamiento de Calvià mandó cerrarlo porque no tiene licencia municipal y lo denunciaron los vecinos - Es el segundo chiringuito en dos años que se cierra por orden judicial en suelo del Obispado
EDUARDO COLOM
CALVIÀ.- La playa del Oratorio no parece ser el mejor lugar para montar un bar en la sofisticada costa de Portals. En algo más de dos años se han cerrado dos negocios por orden judicial. Primero fue el bar restaurante ubicado en la explanada de la punta. Y ahora se ha decretado el cierre del que se instaló a principios de este verano en el varadero de la playa.
Francisco Pleite, magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Palma, acaba de emitir un auto en el que, al menos de modo provisional, da la razón al Ayuntamiento de Calvià y pide la suspensión de la actividad que se venía desarrollando este verano.
La instalación contaba con autorización de la Demarcación de Costas. Pero no con la prescriptiva licencia del departamento municipal de Urbanismo que dirige Alberto León, que siempre se ha opuesto a la apertura del negocio, especialmente tras las denuncias vecinales -fueron éstos los que en su día denunciaron el primer bar-. «Además de que no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, consideramos que no es urbanísticamente inadecuado y es evidente que crea alarma social entre el vecindario», explicó León.
Dominio público
El bar está edificado a pie de mar, esto es, sobre dominio público marítimo-terrestre. Sobre un varadero de cemento. De ahí que necesitara una concesión de Costas, que efectivamente le fue expedida el 21 de abril de 2006. Antes de otorgar dicha licencia, el organismo gubernamental que vela por el uso del litoral solicitó un informe al Ayuntamiento. Según consta en el expediente, éste informe previo, emitido el 2 de diciembre del año pasado, fue «muy desfavorable».
Entre mayo y junio se sucedieron una denuncia particular ante la Guardia Civil, y otros dos escritos de vecinos pidiendo que no se otorgase autorización, uno de ellos presentado por la comunidad de vecinos del edificio Dos Playas, que fue el que en su día llevó al anterior bar ante los tribunales.
El negocio permaneció abierto entre mayo y julio pese a un decreto rubricado por el alcalde Carlos Delgado el 9 de junio que ordenaba paralizar la obra y suspender la actividad. Ha sido el Juzgado de lo contencioso el que ha acabado ordenando el cierre hasta que se resuelva todo el proceso. En su argumentación, el juez recuerda que sin licencia de actividad y funcionamiento ni permiso de obras no puede dejar que el bar continúe abierto. No es suficiente la autorización de Costas ni ningún otro permiso no escrito del Ayuntamiento.
Aunque está afectado por la Ley de Costas y por tanto es dominio público, el bar-restaurante y las 9 mesas y 36 sillas que albergaba están en una parcela propiedad del Obispado de Mallorca. Allí está el Oratorio de Portals, y el párroco local había llegado, como ya hiciera en 2003 con los propietarios del primer bar clausurado, a un acuerdo para alquilarla y permitir la instalación. Los fondos servían para mantener la Iglesia y para beneficiencia.